Lunes, 02 de Julio de 2012 08:52

Modificaciones al sistema tributario vigente

Introducción

 

El pasado 25 de mayo se promulgó la Ley 18.910 conteniendo importantes modificaciones al sistema tributario, que nos pareció oportuno comentar en esta entrega.

 

Cabe recordar que el Proyecto de Ley había sido remitido por el Poder Ejecutivo en el mes de noviembre del pasado año. En la exposición de motivos de este Proyecto, el gobierno explicita como objetivo general de la norma a la disminución de la carga fiscal para los sectores de menores ingresos, así como también la necesidad de ciertos ajustes técnicos en la determinación de algunos tributos.

 

Resumimos a continuación las medidas más significativas que se incluyen en la Ley.

 

1. Modificaciones al IRPF

 

La escala de tasas progresionales para rentas de trabajo en el IRPF determinaba que la tasa máxima del impuesto fuera del 25% para aquellas rentas que superaran las 1.200 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) al año (aproximadamente $ 241.000 mensuales, suponiendo una renta uniforme anual).

 

La Ley modificó la tasa máxima del impuesto gravando al 30% las rentas que superen las 1.380 BPC (aproximadamente $ 277.955 mensuales). Asimismo, se redujo la franja del 22% , ya que antes incluía las rentas entre 600 y 1.200 BPC y con la nueva Ley esta franja abarca rentas entre 600 y 900 BPC, quedando alcanzadas al 25% las rentas que superen las 900 BPC, hasta las 1.380 BPC.

 

En términos prácticos esto supone un incremento en la tasa efectiva del impuesto para aquellos contribuyentes que obtengan rentas superiores a unos $ 2.175.000 anuales (aproximadamente $ 181.000 mensuales).

 

La modificación de estas tasas estará vigente para el presente ejercicio económico. Recordemos que el impuesto es de carácter anual pero se anticipa mensualmente, y dado que la definición de los anticipos dada por el Decreto 148/007 hace referencia a la escala de rentas anuales contenidas en el texto legal y recientemente modificada, los anticipos también deberían adecuarse a esta escala desde la vigencia de la Ley.

 

Por otra parte, la Ley 18.910 faculta al Poder Ejecutivo a incrementar el mínimo no imponible de IRPF para rentas de trabajo hasta en 12 BPC anuales. Actualmente el MNI de IRPF está fijado en 84 BPC anuales que equivalen a $ 203.028 (unos $ 16.919 mensuales). La facultad conferida implicaría un incremento del mínimo no imponible de $ 29.000 anuales, unos $ 2.417 al mes pasarían a estar desgravados del impuesto. Debe observarse que la facultad solo admite el incremento del MNI, sin corrimiento alguno de las tasas progresionales, por lo cual la reducción del impuesto será efectiva en la primera franja. El ahorro se reflejará siempre a la tasa del 10%, por lo cual como máximo será de $ 2.900 al año.

 

En lo referente a deducciones, esta Ley introduce la deducción en el IRPF por rentas de trabajo de los montos pagados en el año por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda única y permanente del contribuyente. El costo de la vivienda no puede superar las 794.000 UI (algo menos de US$ 80.000). El monto total de la deducción no puede superar las 36 BPC anuales, esto son $ 87.012. El ahorro para un contribuyente que no tuviera otras deducciones sería del 10% de las cuotas hipotecarias pagadas o bien del tope referido. Para un contribuyente con otras deducciones esta nueva deducción podría computarse a tasas superiores, implicando un mayor ahorro.

 

No está establecido en la Ley cómo se hará efectiva esta deducción, si será necesario presentar Declaración Jurada o se incluirá en las deducciones que efectúa el empleador para rentas en relación de dependencia. Tampoco se explicitó el cómputo de la deducción y de sus respectivos topes cuando existe más de un adquirente

 

2. Reducción de la tasa del IVA

 

En términos de IVA, la Ley establece que se reducirá totalmente el impuesto aplicable a ventas de bienes y servicios a consumidores finales que se paguen con tarjetas de débito Uruguay Social, tarjeta de débito para cobro de Asignaciones Familiares o para prestaciones similares, que determine el Poder Ejecutivo, emitidas con financiación del Estado. Esta disposición estará vigente a partir del mes siguiente al de promulgación de la Ley.

 

Asimismo, se faculta la extensión de la reducción total del IVA a adquisiciones que los beneficiarios de estos planes efectúen con otros ingresos.

 

Por otra parte, la norma faculta al Poder Ejecutivo a reducir hasta en dos puntos porcentuales la tasa de IVA aplicable a las ventas de bienes y servicios a consumidores finales, siempre que se utilicen como medios de pago tarjetas de crédito, débito o instrumentos análogos.

 

La reducción de tasas se hará efectiva a través del mecanismo previsto para la reducción de IVA en servicios gastronómicos, arrendamientos de vehículos, servicios de catering e intermediación en arrendamientos turísticos previsto en la Ley 17.934 (reducción de 9%). El consumidor final verá en el resumen de su tarjeta de crédito la devolución. El contribuyente computará el IVA ventas a la tasa del 22% y como crédito los dos puntos porcentuales correspondientes a la reducción. Asimismo se establece que el régimen de reducción de tasas de la Ley 17.934 se mantiene y no es acumulable a esta nueva reducción.

 

La norma prevé un ficto para devolver este crédito fiscal a los contribuyentes que no computan IVA ventas como pequeñas empresas o a Monotributistas.

 

Dado que la reducción exige la utilización de medios de pagos electrónicos, se hacen necesarias las herramientas para su instrumentación. Atendiendo esto, la norma prevé que se otorgue un crédito a los contribuyentes con ingresos inferiores a los 4.000.000 de UI, equivalentes al costo del arrendamiento de las terminales de procesamiento electrónico de pagos.

 

Viernes, 29 de Junio de 2012 11:42

Crédito Fiscal por Arrendamiento de Inmuebles

¿En qué consiste el beneficio?

 

El Decreto Reglamentario Nº 148/007 en su Artículo 77 Bis, establece que los contribuyentes del  Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF)  que son arrendatarios (inquilinos) de inmuebles con destino a vivienda permanente, pueden utilizar como pago a cuenta de determinados impuestos hasta el 6% del precio del arrendamiento, siendo condición obligatoria que se identifique al arrendador y al inmueble arrendado. Es importante destacar que se hace referencia a los arrendamientos efectivamente pagados, devengados en el ejercicio fiscal en que se liquida el impuesto correspondiente y cuyo contrato haya sido celebrado por escrito y sea superior a un año. Dicho Artículo también prevé que en el caso de que existan varios coarrendatarios para el mismo inmueble, la imputación del crédito se realizará de común acuerdo y, de no ser así, se hará en partes iguales.

 

¿Al pago de qué impuestos se puede imputar?

 

El Decreto Nº 116/012 establece que la imputación se podrá realizar hasta la concurrencia del monto del IRPF correspondiente a las Rentas de Trabajo, definiéndose éstas como las rentas obtenidas dentro o fuera de la relación de dependencia, los subsidios de inactividad compensada, las jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad de similar naturaleza, con la excepción de las pensiones alimenticias recibidas por el beneficiario. Además se da la posibilidad de utilizar el crédito fiscal para el pago del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), siempre y cuando la imputación se realice en primera instancia al IRPF por Rentas de Trabajo.

 

EL "IMPUESTO A LA TIERRA" ES CONSTITUCIONAL, SEGÚN FISCAL DE CORTE

 

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, entiende que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) es constitucional porque no se configura la hipótesis de "doble tributación" ni violenta la autonomía de los gobiernos departamentales.

 

Este tributo, que entró en vigor en enero, grava la propiedad de campos de más de 2.000 hectáreas de índice Coneat 100 (productividad media del país) o equivalentes. Lo producido por el ICIR, con destino a los gobiernos departamentales, será administrado por un fondo para reparar la caminería rural o los accesos a sus establecimientos comerciales o industriales. 

 

La creación del impuesto generó un fuerte debate dentro del oficialismo, y entre el gobierno y la oposición. Quienes se oponen al mismo entienden que supone un cambio en las reglas de juego para las inversiones, entre otros argumentos. 

 

El ICIR también es cuestionado por grupos de productores. De hecho, algunos ruralistas ya presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y otros prevén hacerlo. La Asociación y la Federación Rural llamaron a los empresarios a que también lo hagan porque entienden que el gravamen viola la autonomía tributaria conferida por la Constitución a los gobiernos departamentales. Algunos socios de esas gremiales presentaron sus recursos en los últimos días, los que junto a otros que están decididos a seguir el mismo camino totalizan entre 70 y 80 productores, informó a Búsqueda el titular de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti. 

 

Miércoles, 27 de Junio de 2012 12:01

DGI inspecciona

DGI RELIQUIDÓ $ 30 MILLONES A ESTACIONEROS Y TRANSPORTISTAS

 

La Dirección General Impositiva (DGI) reliquidó $ 30 millones de impuestos a 20 estaciones de servicio y empresas de transporte de carga. En abril, la DGI había realizado un operativo en 20 puntos de venta de combustible en Colonia con base en un análisis de riesgo, que determinó la reliquidación de unos $ 20 millones.

 

A esto se sumaron $ 10 millones de una fiscalización lanzada en conjunto con el Banco de Previsión Social (BPS) en 12 empresas de transporte de carga. Sobre la mitad de las empresas inspeccionadas ya se finalizaron las acciones, en tanto continúan las auditorías de Impositiva sobre las seis restantes.

 

La DGI está tramitando el pedido de clausura ante la Justicia de entre cinco y 10 empresas que evadieron el fisco en estos dos operativos. Además, evalúa la presentación de denuncias penales en los casos donde hay evidencias de defraudación tributaria.

 

"En estos casos, más allá de la recaudación, lo importante es colaborar en generar un marco de competencia leal y transparente donde todos cumplan con la ley por igual, y no haya quienes sustenten sus ventajas competitivas en la evasión de impuestos", dijo a El Observador el director de la DGI, Pablo Ferreri.

 

El funcionario agregó que la DGI está abocada a "combatir" aquellos sectores de actividad que muestran mayores niveles de informalidad. Para atacar este problema, la DGI apela a análisis de riesgo seleccionando contribuyentes en función del cruzamiento de bases de datos con millones de registros.

 

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