Viernes, 13 de Julio de 2012 15:36

Casal no debe los tributos reclamados por la DGI

DEFENSA DE CASAL ENTIENDE QUE NO DEBE IMPUESTOS

 

El abogado Leonardo Costa dijo que el contratista no tiene intención de contrademandar al Estado, luego que el MEF concluyera que no cometió defraudación

 

Leonardo Costa, representante del contratista Francisco Casal en la órbita de la Justicia Civil, dijo este viernes que el empresario quiere eliminar del todo la deuda que mantiene con la Dirección General Impositiva (DGI).

 

“Avalados por toda la doctrina tributarista del Uruguay entendemos que Casal no debe impuestos, porque el impuesto (que se le pretende cobrar por su actividad como intermediario en el fútbol en el exterior) se crea en el 2007 y con anterioridad no existía tributación al respecto”, afirmó Costa. En este sentido, dijo que son “optimistas en que se archiven estos casos”.

 

Además, Costa descartó que Casal quiera hacer una contra demanda al Estado. “Nosotros lo que pretendemos es que se haga Justicia en cuanto a que él no fue el mayor defraudador en la historia del Uruguay y no estamos buscando… la responsabilidad corre por cuenta de la Administración. Tiendo a pensar que se cometen errores, pero estimo que acá no se trata de andar buscando responsabilidades ulteriores. Por lo menos esa ha sido la instrucción que hemos recibido”, dijo Costa en declaraciones a radio Carve.

 

Contra lo que viene sosteniendo la DGI desde el año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador viene planteando contra el empresario.

 

La resolución, fechada el 1º de noviembre de 2011, y firmada por el ministro Fernando Lorenzo, desestima la acusación lanzada por la DGI acerca de que Casal había incurrido en defraudación y reduce de 10 a 5 años el plazo de prescripción para la determinación de los presuntos adeudos tributarios, lo cual estaría reduciendo esa deuda de US$ 100 millones a unos US$ 10 millones.

 

El exprosecretario de la Presidencia explicó que la resolución del MEF “es la consecuencia natural del archivo de la denuncia por defraudación que en el año 2008 la Administración le hizo a Casal y a otros integrantes del grupo como el contador (Julio) Safrán y otros más”.

 

Según Costa ese fallo consignó que no había defraudación tributaria y que la prescripción de la deuda tampoco era la que decía la Administración.

 

El fiscal de gobierno recomendó iniciar una investigación administrativa ante la sospecha de desvíos en la acción de la DGI.

 

Viernes, 13 de Julio de 2012 14:36

DGI dice ahora que Casal no defraudó

No defraudó

 

Ministerio de Economía descartó acusación de Impositiva contra Paco Casal

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, descartó que el empresario futbolístico Francisco “Paco” Casal hubiera incurrido en defraudación tributaria y entendió incluso necesario investigar a la Dirección General Impositiva (DGI) por “inocultable desviación en la aplicación del derecho”.

 

Paco Casal

 

La casi totalidad de las acusaciones que la DGI imputaba a Casal, desde el año 2008, cayeron por tierra, al tiempo que el ministro de Economía Fernando Lorenzo, redujo de 10 a 5 años la prescripción para determinar los presuntos adeudos tributarios del indagado, según publica el diario El Observador.

 

La prescripción implica que la deuda que Casal tendría –según la DGI- en impuestos cayó de US$ 100 millones, a US$ 10 millones. Los abogados de Casal no obstante, están apostando a que el Gobierno cierre definitivamente el caso y deje de lado cualquier pretensión de cobrarle impuestos atrasados a su cliente.

 

Fraude no hubo: Casal “convencido” de su buena fe

 

La DGI pretendía cobrar el impuesto del IRIC al empresario, así como Impuesto a Patrimonio, todo lo que ascendía con moras y recargos a US$ 100 millones. La DGI planteó un juicio penal contra Casal pero no tuvo andamiento.

 

Casal interpuso un recurso de revocación y jerarquía ante la DGI. El Ministerio de Economía dio pase del recurso al fiscal de gobierno Migel Toma. Éste ante lo específico del asunto, asesoró que una consulta técnica independiente era lo más adecuado “para garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable”.

 

El Ministerio pidió un informe al doctor Juan Manuel Albacete, y aunque el fiscal lo reclamó, el ministerio no pidió pronunciamiento sobre la procedencia o no de lo que la DGI pretendía cobrar.

 


Un extenso informe de especialistas, todos a favor de Casal, concluyó que “no se configura defraudación tributaria” en el caso. Entre otros argumentos se sostiene la inocencia de Casal, porque estaba “convencido” que no debía pagar impuestos, con lo cual “el dolo y el fraude quedan desvirtuados”.

 

Fuente: La Red 21, 13.07.12

Viernes, 13 de Julio de 2012 14:03

Casal no defraudó

Fiscal de gobierno: Sugirió investigar a la DGI por su “inocultable desviación en la aplicación del derecho”

           

Informe técnico dijo que Casal siempre estuvo convencido de que no debía pagar impuestos.

           

Casal ya había ganado en lo penal

           

Cronología

           

Contra lo que viene sosteniendo la Dirección General Impositiva (DGI) desde el año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador viene planteando contra el empresario Francisco Casal.

 

La resolución, fechada el 1º de noviembre de 2011, y firmada por el ministro Fernando Lorenzo, desestima la acusación lanzada por la DGI acerca de que Casal había incurrido en defraudación y reduce de 10 a 5 años el plazo de prescripción para la determinación de los presuntos adeudos tributarios, lo cual estaría reduciendo esa deuda de US$ 100 millones a unos US$ 10 millones. No obstante, los abogados del empresario esperan que el gobierno termine por cerrar el caso, eliminando toda pretensión de cobrar algún impuesto. Asimismo, el fiscal de gobierno recomendó iniciar una investigación administrativa ante la sospecha de desvíos en la acción de la DGI.

 

En octubre de 2010 Casal presentó un recurso de revocación y jerárquico ante los intentos de la DGI por cobrarle IRIC e Impuesto al Patrimonio, que con moras y recargos ascendía a unos US$ 100 millones. El organismo planteó incluso sin éxito un juicio penal contra el empresario (ver nota aparte).

 

El MEF le dio pase del recurso al fiscal de gobierno de segundo turno, Miguel Toma, quien en junio, ante la especificidad del asunto a tratar recomendó realizar una consulta técnica independiente “a fin de garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable que ilustre acerca de si la actividad descripta se encuentra o no gravada por IRIC y por ende si dicha actividad alcanza o no al IVA y al Impuesto al Patrimonio”. También pidió que en ese informe técnico se indicara si la actuación de la DGI fue correcta, si existen elementos como para determinar la existencia de infracción de defraudación y si eventualmente habría prescripto la pretensión de la DGI “por no haberse verificado una causal de ampliación del plazo de prescripción de la deuda”.

 

Informe independiente

 

Fue entonces que el MEF pidió un informe al doctor Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules. Sin embargo, el MEF solo le pidió a Albacete que se pronunciara sobre si hubo defraudación tributaria y si, en caso de tener que pagar algún impuesto, el plazo aplicable era de 5 o 10 años. Aunque el fiscal lo reclamó, el MEF no pidió a Albacete que se pronunciara acerca de si los impuestos que la DGI pretendía cobrar al empresario procedían.

 

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY 18.910

 

La ley 18.910 (en adelante la “Ley”), publicada en el Diario Oficial el pasado 15 de junio, realizó determinadas modificaciones al sistema tributario vigente. Señalaremos panorámicamente las principales modificaciones relacionadas con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) y el Impuesto a la Enajenación de Semovientes (“IES”).

 

Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”)

 

Como es sabido, el IRPF en rentas de trabajo posee un sistema de tasas progresivas por escala de rentas con un mínimo no imponible. En este sentido, la Ley agregó un nuevo tramo en dicha escala para rentas que superen las 1.380 Bases de Prestaciones y Contribuciones (“BPC”) anuales. Dicho tramo estará gravado a una alícuota del 30% y será aplicable en aquellos casos en que la remuneración mensual del trabajador se encuentre en el entorno de los $ 280.000. Adicionalmente, los tramos gravados al 22% y 25% también sufrieron ajustes. Estas modificaciones aplicarán para rentas obtenidas a partir del 1° de enero de 2012.

 

A su vez se previó en la Ley la facultad al Poder Ejecutivo de incrementar el mínimo no imponible hasta en 12 BPC anuales, lo que implicaría un aumento en el mínimo no imponible mensual de $ 2.417.

 

Aún al día de hoy no se ha instrumentado el régimen de pagos a cuenta de acuerdo a las nuevas escalas. De todas maneras, dado que el IRPF es un impuesto anual cuyo hecho generador se considera configurado al final del año civil, se deberán tener en consideración las modificaciones antes mencionadas para la totalidad del ejercicio cuando se realice el ajuste anual al cierre del presente año.

 

En lo referente a las deducciones, se destaca que a partir del 1° de enero de 2012, la Ley prevé la posibilidad de deducir en la liquidación del IRPF, los montos pagados en el año por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la compra de vivienda única y permanente del contribuyente. Para que la deducción sea aplicable, la compra de la vivienda no debe superar las 794.000 unidades indexadas (aproximadamente US$ 88.000) y el monto total a deducir no podrá superar el máximo de 36 BPC anuales (lo que implica una cuota mensual inferior a los $ 7.250).

 

Otra modificación importante en la Ley, es que se permite que las personas físicas no residentes que adquieran la calidad de residentes fiscales, puedan optar por tributar el Impuesto a la Renta de los No Residentes, por el ejercicio fiscal en que se verifique el cambio de residencia a territorio nacional y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes. La normativa aclara que dicha opción podrá realizarse por única vez, y comprende exclusivamente a la tributación por los rendimientos del capital mobiliario en el exterior. Ello implicará la ausencia de tributación a la renta en Uruguay, por dichas rentas y por dicho período. La Ley consagra que la misma opción la podrán realizar las personas físicas que hubieran adquirido la residencia fiscal en la República por los cambios de residencia a territorio nacional verificados a partir del 1º de julio de 2007. En tal caso, el período de cinco ejercicios fiscales se computará a partir del 1º de enero de 2011.

 

Impuesto al Valor Agregado (“IVA”)

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