URUGUAY TIENE EL RÉGIMEN IMPOSITIVO DE PAÍSES DESARROLLADOS, DICE ASTORI

 

 

Con la reforma implementada cinco años atrás, "el sistema tributario uruguayo se ha acercado muchísimo a los sistemas más modernos que existen en los países de mayor desarrollo", afirmó a Búsqueda el vicepresidente de la República, Danilo Astori.

 

"Hoy tenemos un sistema profundamente diferente al del pasado, pero que cumple con los requisitos que exige un proceso de desarrollo económico y social. Y sobre todo en un gobierno de izquierda, que necesita un sistema tributario con algunos valores que sean la base de sustentación del mismo", agregó.

 

Para Astori —quien era el ministro de Economía cuando se diseñó y puso en aplicación la reforma tributaria de 2007—, con esto Uruguay dio un paso en camino al desarrollo económico.

 

Valoró como "muy positiva" dicha reforma, aunque apuntó que ese "no puede ser un juicio defintivo, en el sentido de que el sistema tiene objetivos y equilibrios muy definidos, pero al mismo tiempo está sujeto a mejoramientos permanentes".

 

Recordó que el nuevo régimen tributario tiene como objetivos aumentar la equidad, la eficiencia de los impuestos y estimular la inversión productiva, sin perder de vista al momento de adoptarlo "equilibrios fundamentales", como las "necesidades fiscales" y la posibilidad de aplicarlo.

 

"Hoy hay mayor equidad", enfatizó el vicepresidente. Eso, aclaró, no fue "resultado exclusivo del sistema tributario, porque el que juega un gran papel, más que los ingresos, es el gasto público social". En esa línea, afirmó que hubo una "reducción notable de la pobreza y de la indigencia, y el año 2011 es el mejor ejemplo" de esa evolución. También fue "notoria" la mejora en la distribución del ingreso, añadió.

 

Recaudación. Astori observó que en los últimos años se verificó un incremento sostenido de la recaudación de impuestos, lo que, dijo, ocurrió "sin aumentar los impuestos". Gracias a la mejora de la eficiencia de la administración tributaria, el pago del Impuesto al Valor Agregado creció "espectacularmente" y la evasión de ese tributo cayó de niveles cercanos a 40% de su potencial recaudatorio a aproximadamente 15%, subrayó.

 

TRAS FALLOS JUDICIALES ADVERSOS, LA DGI BUSCA FORTALECERSE

           

Legal. A través de una ley, el organismo pretende enmendar un error por el que viene perdiendo juicios contra contribuyentes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

           

El director de la DGI, Pablo Ferrari, aseguró que el organismo está siendo cada vez más riguroso.

           

La Dirección General Impositiva (DGI) perdió 51 juicios de los 71 que resolvió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en 2010 por cuestiones de fondo y otros tantos en 2011.

 

A raíz de la sentencia, la Impositiva resolvió enmendar su error a través del artículo 266 del proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento.

 

La DGI insiste en que debe multarse cada concreción del error (una multa por factura) y no la infracción en sí de forma genérica. Por este motivo, el artículo 266 incluido en la Rendición de Cuentas, eleva la multa máxima a contribuyentes por errores de US$ 210 a US$ 200.000. El artículo se propone tipificar la contravención como "cada documento o compromiso, individualmente considerado que transgreda el régimen general de documentación".

 

"Con la interpretación de que solo se puede aplicar la multa una vez, estamos cayendo en el ridículo", dijo el director de Rentas, Pablo Ferrari. Agregó que "con la penalización máxima para contribuyentes que emiten miles de documentos con errores que obstaculizan el control de la administración es de $ 4.570".

 

Por su parte, el tributarista Alberto Vaerla, del estudio Ferrere, cuestionó la iniciativa. Para Varela, este artículo permite establecer "multas desproporcionadas" en relación con el error. Dijo que ya "sobran artículos en el Código Tributario que sancionan a los defraudadores".

 

Fuente: El observador el jueves, 26 de julio de 2012

Martes, 24 de Julio de 2012 11:53

El trabajador rural: se adecua la normativa

Se adecua la reglamentación para adaptarla a la nueva forma de trabajo en el sector rural

 

Los cambios en la jornada laboral para el trabajador rural, con la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, hicieron necesario adaptar la reglamentación existente hasta la fecha, para adecuarla a esta nueva forma de trabajo en el sector rural.

 

Recuérdese que, con anterioridad a la sanción de la Ley N° 18.441 de 23.01.2009, salvo excepciones, no existía para el trabajador rural, limitación de su jornada de trabajo. Por lo tanto, al no haber limitación, no se aplicaba al trabajador rural, la ley de horas extra.

 

La Ley N° 18.441 citada, introdujo, con carácter general para el sector rural, la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas. Si bien existían algunos sectores cuya jornada estaba limitada, esto no sucedía con carácter general para todo el sector rural.

 

Resumimos las principales características de este régimen:

 

            1) La jornada de trabajo se fija en 8 horas diarias

            2) El ciclo semanal se fija en . Las que excedan, generan horas extra.

            48 horas

            3) El descanso entre jornadas se fija, como mínimo, en por cada 6 días de            trabajo. 12 horas

            4) En descanso semanal, en principio debe ser en día , salvo que el descanso        intermedio sea igual o superior a 3 horas, en cuyo caso se admite que el     descanso se reduzca a 9 horas. domingo , aunque se permite convenir que dicho     descanso sea en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

 

El reciente Decreto N° 216/012 de 29.06.2012, que comentamos, recoge los cambios en la legislación y reglamentación aplicable al trabajo rural ocurridos en los últimos años.

 

Comentaremos a continuación las principales disposiciones del decreto citado:

 

• Definiciones

El decreto define al empleador rural como “toda persona física o jurídica que utilice los servicios de trabajadores subordinados, cualquiera sea el título en virtud del cual los ocupa” y al trabajador rural a aquel que “bajo la dirección de otra persona, empleadora, ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones”.

Proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal: Precios de Transferencia

 

Algunos cambios tributarios propuestos en el Proyecto de Ley referente a la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2011.

 

En la presente entrega expondremos algunos de los artículos del mencionado proyecto vinculados con diversas normas tributarias que resultan de interés.

 

Precios de transferencia

Mediante el artículo 271 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas se otorga al Poder Ejecutivo la facultad para disponer la aplicación de un régimen de acuerdos anticipados de precios, con los contribuyentes, en el marco del régimen de precios de transferencia. Dichos acuerdos deberán suscribirse con anterioridad a la realización de las transacciones que comprendan, y no podrán exceder de cinco ejercicios fiscales.

 

Recordamos que los Acuerdos Anticipados sobre Precios de Transferencia (en inglés "Advanced Pricing Agreements" o "APAs") son acuerdos entre el contribuyente y una o más autoridades fiscales que determinan, anticipadamente, los precios o niveles de utilidad en operaciones comprendidas, así como criterios apropiados para la determinación de los precios de transferencia para esas transacciones por un período determinado de tiempo. Tiene, como propósito, ser un complemento a los mecanismos tradicionales para evitar o resolver disputas relacionadas con precios de transferencia.

 

Cabe señalar que dicha facultad fue ejercida previamente a través del artículo 15 bis del Decreto N° 56/009, en donde se establece que la DGI pueda celebrar acuerdos de precios con los contribuyentes, y que la duración de los mismos no pueda exceder de tres ejercicios.

 

De esta forma, se armonizan las disposiciones que regulan estos acuerdos, al otorgarle al mismo rango legal. Por otra parte, podríamos decir que, en la práctica quedará en manos de la Administración extender el período previsto en el Decreto N° 56/09, de tres a cinco ejercicio, si así lo entendiera oportuno.

 

En otro orden, y también dentro del mismo ámbito de aplicación del régimen de Precios de Transferencia, a través del artículo 272 del proyecto de ley, se establecen sanciones para aquellos contribuyentes amparados en el régimen, cuando los mismos incumplan cualquiera de los deberes formales establecidos en el mismo.

 

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