Domingo, 29 de Abril de 2012 17:16

Cambio de criterios en la Ocde

CAMBIOS EN LA OCDE COMPLICARÍAN ACUERDOS ALCANZADOS CON ARGENTINA

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adelantó que revisa sus criterios sobre la retroactividad del intercambio de información entre países, lo que podría obligar a Uruguay a asumir nuevas posturas para cumplir con los requerimientos del organismo internacional. Sede de la OCDE en París

 

Todo depende no obstante de la decisión que se adopte con un tercero en este asunto –y ajeno al debate argentino-uruguayo- Suiza cuya postura de no aceptar la retroactividad complica los designios de la OCDE.

 

Si bien el acuerdo alcanzado con Argentina nos devuelve a los estándares de transparencia fiscal, en caso que la OCDE decida que Suiza debe cumplir retroactivamente con su transparencia financiera, ello recaerá inmediatamente sobre otros países con acuerdos no retroactivos como el caso de Uruguay.

 

La decisión a cumplirse sobre Suiza, no ocurrirá no obstante antes de 2013.

Mujica: no somos “refugio de evasores”

 

El Presidente de la República mientras tanto dijo en su programa radial que el interés de Uruguay “está preservado” y que el acuerdo alcanzado con Argentina no nos convierte en “refugio de evasores”.

 

“La forma de defensa de un país fraudulento, que tenga que ser refugio de evasores, o refugio de plata negra que no se sabe ni para dónde viene, ni para dónde va”.

 


Dijo que ese recurso en nuestro país quedó “sepultado, porque definitivamente lo enterraron los sucesos del 2002”.

 

Para el mandatario, caminamos “en el sentido indicado”, y estamos concertando adecuadamente “políticas con el concierto internacional del cual dependemos”.

 

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CUNDE INQUIETUD ENTRE INVERSORES ARGENTINOS POR “DESTAPE” TRIBUTARIO FIRMADO CON URUGUAY

 

Texto completo del acuerdo entre Uruguay y Argentina de intercambio de información fiscal:en la página de Presidencia: http://www.mef.gub.uy/documentos/20120424_argentina_uruguay_acuerdo.pdf

 

Claves del acuerdo

 

Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria y de eliminación de la doble tributación, un reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

“El acuerdo (…) incluye tanto normativa que prevé los problemas relativos a evitar, la doble tributación, como los aspectos que tienen que ver con el intercambio efectivo de información para la cooperación tributaria internacional”, aseguró el ministro  de Economía Fernando Lorenzo.

 

El tratado fue suscrito en la estancia presidencial de Anchorena, 208 km al oeste de Montevideo con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, Ricardo Etchegaray, indicó.

 

Ahora debe ser ratificado por los parlamentos de los dos países, tras lo cual entrará en vigencia.

 

Según explicó Lorenzo, el tratado establece claramente de qué manera debe solicitarse la información, que debe ser mediante un pedido “fundado y explícito”, presentado en forma individualizada.

 

Además, destacó que no se aplicará la retroactividad cuando el tratado sea ratificado y descartó que haya actuaciones conjuntas de las entidades fiscalizadoras en los territorios.

 

Lorenzo añadió que el acuerdo “incluye explícitamente normativa referida a métodos específicos para evitar la doble tributación y eso es una garantía muy importante para quienes realizan negocios en Uruguay”.

 

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DGI dice que está en condiciones de atender las solicitudes argentinas de información tributaria

 

Las autoridades tributarias lo­cales estiman que Argentina hará un uso "prudente" del acuerdo de intercambio de infor­mación tributaria que firmó con Uruguay el lunes, al tiempo que serán "selectivos" a la hora de pe­dir datos de empresas o ciudadanos argentinos con activos en el país.

 

Esa percepción surge de los contactos técnicos previos mante­nidos durante la negociación entre el organismo fiscal del país vecino y la Dirección General Impositiva (DGI). Esa misma intención fue ratificada en los últimos días por técnicos de la Administración Fe­deral de Ingresos Públicos (AFIP), que coincidieron con el director de Rentas, Pablo Ferreri, en Santiago de Chile, donde participaron de la reunión anual del CentroInte­ramericanode Administraciones Tributarias (CIAT).

 

A los funcionarios argentinos les preocupa que el convenio firmado luego de varios meses de negocia­ción "funcione" en la práctica, por lo que se hará un uso "extremada­mente justificado" de la herramien­ta, informaron fuentes oficiales a El Observador. Además, el acuerdo firmado el lunes prevé que los costos "extraordinarios" en los que incu­rra DGI por atender los pedidos de Argentina y asesorarla en materia tributaria correrán por cuenta del vecino país, una cláusula que no for­ma parte del estándar de la OCDE y que introduce un desincentivo a solicitar información no relevante.

 

A nivel técnico se estima que no se estará en condiciones de inter­cambiar información "antes de me­diados del próximo año" debido al proceso parlamentario y los plazos de aplicación que deberán correr, agregó el informante. Hasta elmo­mento,la DGI recibió tressolicitu­desde información de autoridades fiscales del exterior, amparadas en la veintena de acuerdos deinter­cambiode datos que firmó Uruguay.

 

Lo que sí está claro es que la DGI estará en condiciones de afrontar los pedidos que realiceArgenti­na,siempre que se mantenga la "prudencia" en el número desoli­citudes.Eso tampoco es garantía para las autoridades fiscales, que prevén un "refuerzo" del personal en caso de que la exigencia de in­formación lo amerite.

 

Mientras tanto, el gobierno mantiene la expectativa sobre el esperado "gesto" de Argentina en el plano comercial, algo que según otras fuentes debería pro­ducirse esta semana. •

 

La información que puede solicitar Argentina

 

» Mediante el Tratado de Intercambio de Informa­ción, Argentina no tiene restricciones a la hora de so­licitar datos. El artículo 2 del acuerdo abre el camino para pedir a Uruguay "aquella información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la recau­dación" de impuestos, "para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o el enjuiciamiento de asuntos tributarios". Esto es, toda información a la cual tenga acceso DGI o pueda obtener a través del levantamiento del secreto tributario. Esa información va desde el flujo de ingresos gene­rados por la persona o empresa, hasta la informa­ción contenida en declaraciones juradas de activos y propiedades en poder del contribuyente. Además, el acuerdo establece que cada una de las partes debe garantizar el acceso a la información del sistema financiero y a la titularidad de las sociedades anónimas, fundaciones y otras organizaciones, a fin de determinar quiénes son sus dueños.

 

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Miércoles, 25 de Abril de 2012 12:52

Ocde: el frente argentino

OCDE: ACUERDO FIRMADO CON ARGENTINA SUJETO A RATIFICACIÓN PARLAMENTARIA

 

ACUERDO EVITÓ RETROACTIVIDAD Y NO SERÍA DE APLICACIÓN INMEDIATA

 

Tributaristas afirman que se benefició a los uruguayos. Acuerdo dejaría afuera a las cuentas de financieras en zonas francas Darán crédito fiscal para evitar doble imposición

 

Uruguay finalmente firmó el tratado de intercambio de datos y eliminación de la doble tributación con Argentina. El texto garantiza la no retroactividad y habilita a dar créditos fiscales por impuestos pagos. Ahora la discusión pasa al Parlamento.

 

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunció ayer la concreción del tratado rechazando que esto se haya producido a cambio de un levantamiento de las trabas argentinas al comercio y remarcando el riesgo que implica para el país no firmarlo pese a la advertencia de los privados sobre la potencial pérdida de inversiones.

 

"Cumplimos con esto por decisión propia y no como contrapartida de nada", dijo Lorenzo en conferencia de prensa ayer, y agregó: "Aspiramos a tener acuerdos amplios porque le dan credibilidad y prestigio al país (...) El riesgo más importante es no ser parte de la cooperación internacional".

 

En Argentina el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que firmó por ese país el lunes en Anchorena, se limitó a ratificar a través de un comunicado de prensa la información y dijo que el convenio suscrito por ambos países "cumple con los estándares del `Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria` de la OCDE". Así también lo vieron los tributaristas uruguayos, que resaltaron que en los casos en que "se desvía", el texto "beneficia a Uruguay".

 

Ahora el acuerdo pasará al debate parlamentario. Lorenzo espera que esté aprobado entre junio y julio junto con el proyecto de ley para conocer la titularidad de las acciones al portador, a fin de solicitar a la OCDE una nueva revisión entre pares con sus dos exigencias cumplidas. Esta semana el gobierno enviará un informe al organismo con los pasos dados. Entre éstos figura también un "avance" en las "negociaciones" para la firma de un acuerdo similar con Brasil, aclaró el ministro.

 

Lorenzo enfatizó que el país "ha definido como estratégico hacer todas las acciones necesarias para el cumplimiento, porque Uruguay quiere ser parte de esa cooperación", dado que "en el mundo hacia el que vamos estos tratados son importantes".

 

LETRA CHICA. Una vez aprobado el acuerdo en ambos parlamentos, cada gobierno deberá notificárselo a su par. Pasados 30 días de la fecha, el acuerdo entrará en vigor. No obstante, el tributarista de Ferrere, Gianni Gutiérrez, dijo a El País que en algunos casos puede ocurrir que recién se pueda pedir información en 2014. "Si entra en vigencia el acuerdo en enero 2013 se estaría fiscalizando recién en 2014 porque hasta ahí hay tiempo para pagar el impuesto a los bienes personales, como el patrimonio". Esto ocurre para los impuestos anuales.

 

Al margen de las fechas, el texto acordado al que accedió El País descarta las operaciones de pedidos de información al barrer, conocidos como de pesca o "especulativos", permitiendo solo "solicitudes individualizadas y fundadas" que sean "relevantes para la determinación, liquidación, implementación, el control y la recaudación de impuestos".

 

En la práctica esto implica que no se podrá solicitar a la contraparte que proporcione datos sobre una lista de personas o empresas o sobre determinado rubro. Es más, el acuerdo establece que la solicitud de información se deberá hacer una vez que se haya "utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio" para obtener los datos, "excepto aquellos casos donde los recursos que se utilicen para recurrir a dichos medios podrían dar lugar a dificultades desproporcionadas". Además se deberá establecer "por escrito" y contar con la identidad de la persona a investigar, el período de la información, la naturaleza de la misma, el fin tributario, los motivos que hacen relevante el requerimiento y por qué se cree que la información la posee la contraparte.

 

El acuerdo afirma que se deberá poder acceder a información de: bancos, otras instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, entre otros. No será obligación obtener datos sobre la propiedad de sociedades que cotizan en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos "a menos que dicha información pueda obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas". El país al que se le requiere la información tendrá 60 días para notificar si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos y 90 días para notificar que no tuvo éxito en la búsqueda "explicando las razones de la imposibilidad", o dar los datos que serán confidenciales.

 

Si bien el objetivo plasmado es "asegurar una respuesta rápida" en la práctica lo que implica es que el intercambio no será automático o inmediato como en otros países.

 

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DATOS DE ACCIONISTAS NO ESTARÁN BAJO SECRETO BANCARIO SI VAN AL BCU

 

CAMBIOS. El gobierno aspira a que el texto definitivo ingrese al Parlamento antes del 1° de abril

 

La Dirección General Impo­sitiva (DGI) accederá "en forma directa y fluida" a la información sobre los propieta­rios de las acciones al portador, sin importar qué organismo res­guarde esos datos.

 

La duda surgió cuando en la reunión del miércoles del minis­tro Fernando Lorenzo (Economía) con los líderes de la oposición y legisladores del Frente Amplio, el senador Jorge Larrañaga pro­puso que el Banco Central sea el garante de esa información. Ese organismo, como todos los ban­cos, opera bajo la premisa del secreto bancario, pero para este caso se especificará que la DGI podrá solicitar la información de los accionistas sin depender del consentimiento de la Justicia.

 

Para el gobierno "la transparen­cia" en el manejo de la información que identifica a los dueños de las compañías, y que será utilizada en forma reservada, es vital para poder cumplir con uno de los re­quisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El organismo observó a Uruguay por su régimen societario y por no tener acuerdos de intercambio de información tri­butaria con países considerados relevantes. (Ver apunte)

 

En el proyecto original del Mi­nisterio de Economía los datos sobre las acciones -siguiendo el modelo alemán- iban a estar bajo la custodia de la DGI. En Impositi­va incluso se pensaba utilizar esa información para investigaciones locales de evasión, más allá de responder a los pedidos que lle­guen de fiscos extranjeros con los que se están firmando acuerdos.

 

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Jueves, 26 de Enero de 2012 10:49

Secreto Bancario amenazado desde EEUU

 

Ley de EEUU vulnerará el secreto bancario

 

La ofensiva de los países desarrollados en contra de la opacidad financiera y en pos de in­crementar sus vapuleados ingresos fiscales tendrá un nuevo capítulo al cierre de este año, cuando entre en vigencia una normativa estadouni­dense que exigirá información de las cuentas bancarias de sus ciuda­danos en el mundo.

 

A nivel local, expertos tribu­tarios consultados por El Obser­vador coinciden en afirmar que la norma tensionará el secreto bancario uruguayo, y dejará a las instituciones financieras en una delicada situación.

 

A partir del 31 de diciembre de este año regirá la norma co­nocida como Fatca, por sus siglas en inglés (Foreign Account Tax Compliance Act), que establece la obligación a las instituciones de enviar reportes anuales sobre los movimientos de cuentas de ciu­dadanos estadounidenses al ór­gano recaudador de ese país (IRS).

 

La norma de EEUU indica ade­más que ante la existencia de nor­mativas nacionales que impidan revelar la información, se intente "obtener una excepción" o ante su imposibilidad directamente "clausurar la cuenta del cliente" estadounidense, lo que acarrearía perjuicios para el banco nacional,..

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Negociación. Argentina aceptó los planteos uruguayos para evitar la doble tributación y la retroactividad

 

Uruguay espera en "tres o cuatro meses" firmar el acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina, tal como lo exigen las normas de transparencia de la Or­ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 

En el ámbito oficial se consi­dera que Argentina aceptó los principales planteos que hizo la delegación uruguaya, porque lo que más le interesa es firmar un acuerdo que le permita conocer qué ciudadanos argentinos in­vierten o tienen cuentas banca-rias en Uruguay.

 

El acuerdo, sobre cuyo texto se trabaja, "cubrirá todas las hipó­tesis para evitar la doble tributa­ción". Así un ciudadano uruguayo o argentino que invierta en el otro país y pague impuestos en esa ju­risdicción, no deberá hacerlo en la otra por esos mismos activos. Para eso se utilizará el sistema "de crédito fiscal", que ambos países ya contemplan en sus leyes

 

en el tratado con Argentina se especificará que no habrá forma de que un inversor pague impuestos en las dos juris­dicciones. Uruguay espera por esa vía dar garantía a los inversores para que sigan considerando al país una plaza segura.

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Ex jerarca defendió cambios introducidos al secreto bancario ante reclamo de OCDE

 

"Uruguay negociará con Argentina un acuerdo de intercam­bio de información tributaria y planteará que evite la doble tributación.

 

Llega a esa instancia con la acu­sación del presidente francés, que -alentado por Argentina- catalo­gó a Uruguay como paraíso fiscal.

 

Entrevista a David Eibe, ex direc­tor de la Asesoría Tributaria de Economía acerca del escenario que enfrenta Uruguay:

  • Uruguay claramente no es un paraíso fiscal

  • El de Uruguay es un sistema presente en muchas legislaciones del mundo

  • Uruguay aumen­tó su red de tratados cumpliendo con el estándar de la OCDE y lo hizo con países relevantes como España, México y Alemania.

  • Hay opiniones de ciudadanos prestigiosos que señalan que Uru­guay no debería firmar un acuer­do de esta naturaleza.

  • En rigor las sanciones tributa­rias que hoy se aplican, no son de gran relevancia.

  • Está la posibilidad de establecer que el intercambio de información se haga exclusivamente a solicitud.

  • ¿Pueden decir que no compran más carne de un paraíso fiscal? Es posible, pero no lo sabemos.

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  • Uruguay no superó las exigencias de la OCDE y fue mantenido en la lista gris como poco colaborador en transparencia tributaria.

 

  • Firmar acuerdos con Argentina y Brasil, modificar el régimen de acciones al portador, y flexibilizar el acceso a datos bancarios son las principales exigencias de la OCDE.

 

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Jueves, 01 de Septiembre de 2011 09:36

El SECRETO BANCARIO

ARTÍCULO

 

Normativa y procedimiento para su levantamiento por parte del fisco.

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