El Banco de Previsión Social prevé realizar 11.526 actuaciones inspectivas el año próximo. En su mayoría serán operativos masivos, pero se pretende elevar los casos seleccionados con sistemas informáticos. También hará foco en la construcción.

De acuerdo al Plan de Fiscalización 2013 al que accedió El País, el Banco de Previsión Social (BPS) resolvió efectuar un número similar de actuaciones a las 11.106 que se había fijado para 2012.

De las 11.526 que prevé hacer el año entrante, la amplia mayoría serán de tipo masivo (4.530), es decir operativos "rastrillo". Si bien son 39,3% del total, eso supone una reducción con respecto al peso que tuvieron en el Plan de 2012 (42,5% de las actuaciones).

 

En cambio, para el año que comienza el BPS aumentará el peso de las actuaciones que surgen en base a sistemas informáticos que permiten detectar mayor riesgo de evasión.

 

Esas actuaciones por análisis interno de selección de casos surgen a raíz de cruces de datos que revelan indicios de irregularidad que ameritan citar a las empresas para aclararlos. En 2013 se prevé efectuar 1.080, con lo que su peso en el total fue de 9,4% (mayor al 8,3% de este año).

 

El plan elaborado por la Asesoría Tributaria y Recaudación y aprobado por el directorio de BPS estableció que uno de los objetivos es "incrementar el porcentaje de irregularidades de selección ya sea en cantidad de acciones como en montos determinados y en personas regularizadas".

 

El representante de los trabajadores en el directorio de BPS, Ariel Ferrari, indicó que este cometido implica "afinar la puntería" en la selección de los casos a inspeccionar. El organismo trabaja con distintos modelos predictivos (confeccionados en base a 600 variables) que le permiten elaborar un ranking de riesgo del total de empresas del país.

"Si vemos que en el sector frigorífico hay un promedio de cantidad de jornales por mes y hay uno donde es menor, nos puede llamar la atención. Lo mismo si el salario promedio en una actividad es 10 y en una empresa es 6. Eso permite enfocar la fiscalización", explicó Ferrari.

 

Además, el organismo planificó 3.402 actuaciones en base a denuncias, mientras que para 2012 se habían proyectado 2.957. Así, su participación en el Plan subió de 26,6% a 29,5% entre un año y el otro. Por ejemplo, de las 420 inspecciones que está previsto hacer a grandes contribuyentes, 172 se harán en base a denuncias.

 

Otra parte de las actuaciones en 2013 serán las 2.481 de análisis de riesgo (21,5% del total). Son aquellas dirigidas a actividades con mayor probabilidad de evasión por no tener infraestructura, como los servicios, explicó Ferrari.

En cuanto a los controles a cargo de la gerencia inspectiva del interior, si bien se mantiene la cantidad de actuaciones de 2012, crecen las que se efectúan por selección (análisis interno).

 

El Plan estableció también un mayor número de operativos en las calles para fiscalizar al sector construcción que, si bien aumentó mucho sus trabajadores registrados los últimos años, aún es de los que tienen mayor porcentaje sin cobertura de la seguridad social.

 

Por eso, se definió que "no menos del 27%" de las acciones que harán las gerencias inspectivas de Montevideo se destinen al control de construcción. También se pretende dar desde allí apoyo a la cobertura de esa aportación en el interior, "considerando la evidencia empírica que indica un mayor porcentaje de irregularidades a la aportación en dicha jurisdicción".

 

Esas razones motivaron la decisión de ejecutar "alrededor del 70%" de los controles al sector mediante el procedimiento operativo, para lo que el personal de secciones especializadas de Montevideo se desplazará también al interior.

 

En tanto, en la categoría industria y comercio se estableció que solo un 36% del total de inspecciones previstas se ejecuten a través de operativos. No obstante, el porcentaje es significativo y busca "mantener la percepción de riesgo en el caso de la informalidad como consecuencia de la presencia masiva en las calles". Pero también se hará control por cruzamiento de datos (un 39% de las fiscalizaciones sector serán por selección) y un 25% será en base a denuncias.

"Cada vez estamos haciendo menos inspecciones por denuncias. No porque no le demos valor sino porque el aumento de la formalización y de la sindicalización hace que no haya tantas denuncias individuales como hace 15 años atrás", argumentó Ferrari.

 

Por otra parte, en el total de acciones a realizar en la categoría "grandes y especiales contribuyentes", el plan pretende "ampliar la cantidad a realizar en la aportación civil" (organismos públicos e instituciones educativas estatales).

El BPS se propuso además seguir con sus acciones de tipo "inductivo" (cartas y folletería) con el doble objetivo de "generar riesgo y a su vez informar sobre los derechos y obligaciones de las empresas, los trabajadores y los agentes de control", según consta en el Plan.

 

Agilitarán trámites por obras

El Banco de Previsión Social (BPS) se propuso en su plan inspectivo de 2013 "mejorar los tiempos en los cierres de obra", informó a El País el director Ariel Ferrari. Al terminar de construir, es necesario presentar un formulario para que el organismo fiscalice con un arquitecto que las horas declaradas de trabajo se corresponden con la obra realizada. "Buscamos hacer ese procedimiento más ejecutivo, más rápido", dijo Ferrari. Para ello, el BPS ya cuenta con un programa informático que permite realizar cierres en forma automática y su implementación se ampliará a todo el país en 2013.

El País Digital
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Jueves, 27 de Septiembre de 2012 19:51

Ocde: como eludir el tratado con Argentina

CONTADOR ARGENTINO PLANTEA FÓRMULA PARA ELUDIR TRATADO

 

Un contador argentino aseveró ante empresarios que la forma de eludir los efectos del acuerdo para el intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina es mediante las sociedades panameñas. Juristas uruguayos tienen dudas.

 

El contador argentino Marcos Torassa, docente universitario y especialista en impuestos, dijo ayer en un evento del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacional (CURI) que los propietarios argentinos de inmuebles en Uruguay pueden eludir el acuerdo de intercambio de datos pasando el bien a nombre de una sociedad anónima panameña. El profesional explicó que de esa forma ninguno de los dos estados podrá investigar al propietario dado que el acuerdo se limita a la información que manejan los distintos organismos oficiales de ambos países.

 

Torassa subrayó que el acuerdo de intercambio "es una vieja aspiración argentina" y que tiene limitaciones. Entre ellas que está expresamente prohibido que inspectores tributarios pasen de un país a otro. Además, que no se podrán hacer las llamadas "expediciones de pesca", una forma de recolección de evidencia de carácter especulativo.

 

Sin embargo, los técnicos uruguayos que participaron como panelistas manifestaron sus dudas acerca de los efectos jurídicos de la norma.

 

El senador Sergio Abreu, presidente del CURI, señaló que el acuerdo de intercambio con Argentina "no se debe firmar porque faltan garantías jurídicas". Subrayó que "el secreto de los tratados internacionales está en el principio de la buena fe".

 

El abogado Juan Manuel Romero Godoy, por su parte, señaló que tiene reparos por el "uso de un lenguaje confuso que genera contradicciones a la hora de aplicar el tratado".

 

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Jueves, 13 de Septiembre de 2012 14:05

Servicio doméstico

DERECHOS Y DEBERES DEL SERVICIO DOMÉSTICO

 

¿Qué obligaciones corresponden al patrón que contrata a un trabajador doméstico?

 

Al momento de contratar a un trabajador de servicio doméstico corresponde al empleador darle de alta ante el Banco de Previsión Social y contratar el seguro de accidentes de trabajo del Banco de Seguros del Estado. Asimismo es obligación del empleador extender recibo de pago de haberes,  con todas las constancias que exige la normativa, cada vez que se efectúa el pago de beneficios laborales.

 

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores domésticos?

 

En primer lugar tienen derecho a cobrar un salario mensual o jornal diario como contraprestación de su trabajo; corresponde también el pago de licencia, salario vacacional y aguinaldo. En caso de exceder el límite de la jornada legal corresponde el pago de horas extra con el recargo legal.

 

De acuerdo a la normativa vigente el personal doméstico se encuentra incluido en la cobertura del subsidio de desempleo así como en la cobertura médica.

 

Los Consejos de Salarios fijan un salario mínimo para los trabajadores domésticos y dictan ajustes de salarios que son  obligatorios para todos los empleados y empleadores.

 

Régimen de jornada laboral

 

De acuerdo a la ley N° 18.065, los trabajadores domésticos tienen su jornada laboral limitada. Se establece un límite de ocho horas por jornada de trabajo y por otra parte se establece una limitación semanal de cuarenta y cuatro horas, previéndose un descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, las cuales deben comprender el día domingo pudiendo las partes acordar el día de la semana en el que se gozará el descanso restante, pudiéndose optar entre el sábado en la tarde y el lunes por la mañana.

 

La ley distingue entre trabajadores “con retiro” que son aquellos que no pernoctan en el lugar de trabajo y los trabajadores “sin retiro” que por el contrario son aquellos que durante la semana duermen en el hogar en el que prestan tareas. Los empleados domésticos “con retiro” tendrán un descanso intermedio en cada jornada de media hora que se computará como tiempo de trabajo y en consecuencia será un descanso pago. En el caso de los empleados domésticos “sin retiro” el descanso intermedio deberá ser como mínimo de 2 horas, las cuales no serán computadas como tiempo de trabajo, ni serán remuneradas. A su vez se establece que el personal “sin retiro” deberá contar con un descanso nocturno inter-jornadas de mínimo nueve horas, el que no podrá ser interrumpido por el empleador.

 

Período de prueba e indemnización por despido

 

La norma legal citada establece un período de prueba de noventa días a partir del comienzo de la relación laboral, durante el cual el empleador podrá dar de baja al empleado doméstico sin que corresponda el pago de indemnización por despido.

 

Una vez finalizado el período de prueba el trabajador doméstico, al igual que cualquier otro empleado del sector privado, en caso de despido tiene derecho a una indemnización calculada de acuerdo a las normas generales. Este derecho se pierde sólo en caso de notoria mala conducta.

 

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Martes, 11 de Septiembre de 2012 12:37

DGI: salones de fiestas y eventos

De acuerdo a las disposiciones de la Resolución DGI 890/012 de 22/05/12, la DGI implementó el Formulario 3910 (Declaración Jurada informativa ante DGI – Explotadores de salones de fiestas) que debe confeccionarse obligatoriamente a través del programa de ayuda Sigma.

 

 ANTECEDENTES

 

La Resolución DGI 890/012 de 22 de mayo de 2012 implementó un régimen de suministro de información por parte de quienes exploten o arrienden salones o áreas superiores a 200 m2 destinados a fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros.

 

NIVELES DE INFORMACIÓN

 

1. Información de los prestatarios a los salones de eventos

 

En forma previa a la realización de la fiesta, evento o similar, los prestatarios (clientes) de los obligados a informar (salones), deberán identificar a sus proveedores de servicios, alimentación y bebidas para el evento. Dicha información se confecciona en el Formulario 3104 de la DGI el que debe ser entregado al explotador del salón.

 

2. Información del explotador del salón de eventos a la DGI

 

Quienes exploten o arrienden, salones o áreas, superiores a 200 m² destinados al desarrollo de fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros; deberán presentar mensualmente ante la DGI la declaración jurada informativa Formulario 3910 acerca de su actividad.

 

VIGENCIA Y PLAZOS

 

La Resolución 890/012 es aplicable para las fiestas, eventos o similares, realizados a partir del 1º de junio de 2012, aún cuando las correspondientes enajenaciones de bienes o prestaciones de servicios hayan sido documentadas con anterioridad a dicha fecha.

 

Las declaraciones correspondientes a fiestas, eventos o similares desarrollados en los meses de junio a setiembre de 2012, vencerán en el mes de octubre de 2012, conforme a las fechas previstas en el Cuadro General de Vencimientos.

 

NO OBLIGADOS

 

No se encuentran comprendidos en el régimen los salones o áreas que constituyan bienes afectados al uso común de copropietarios de conformidad al régimen jurídico aplicable.

 

RESOLUCIÓN DGI Nº 890/012 DE 22 DE MAYO DE 2012

 

VISTO: el artículo 68 literal E) del Código Tributario.

 

RESULTANDO: I) que la Administración Tributaria tiene las más amplias facultades de requerir información a terceros;

 

II) que en el caso de adquisición de ciertos bienes y prestación de servicios destinados al desarrollo de fiestas, eventos o similares, se han constatado situaciones que generan condiciones de competencia desleal respecto a los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones tributarias.

 

CONSIDERANDO: I) que los distintos regímenes de información establecidos por esta Dirección General Impositiva así como el desarrollo de una efectiva acción fiscalizadora, contribuyen a formalizar la economía mediante el control de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes y responsables;

 

II) que razones de buena administración tributaria aconsejan implementar un régimen de suministro de información por parte de aquellas personas físicas u otras entidades privadas, que exploten o arrienden, salones o áreas, superiores a 200 m² (doscientos metros cuadrados) destinados a fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros;

 

III) necesario disponer los requisitos, plazos y demás condiciones que deberán observar las mencionadas entidades.

 

ATENTO: a lo expuesto y a que se cuenta con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas;

 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

 

RESUELVE:

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Jueves, 06 de Septiembre de 2012 12:03

El secreto bancario

URUGUAY ENCONTRÓ UNA SOLUCIÓN MODELO PARA SU SECRETO BANCARIO

 

Más allá de su "celeridad", el proceso de levantamiento del secreto bancario en Uruguay al momento de responder a una solicitud de intercambio de información en el marco de acuerdos con otros países otorga "adecuadas garantías" al titular del depósito. Eso porque no solo da la posibilidad de tomar conocimiento del petitorio y efectuar descargos por vía administrativa sino que además goza de tutela judicial, en doble instancia, sostiene Fernando Barrios Migliarini, integrante del estudio Hugues & Hugues, en una monografía premiada por la Federación Latinoamericana de Bancos.

 

El jurado de la XIV edición del concurso de monografías jurídicas para abogados menores de 35 años se pronunció a fines de agosto en la ciudad de Bogotá. Además de un premio de dinero en efectivo, el ganador podrá exponer su trabajo en el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero que se realizará del 10 al 12 de octubre, en Montevideo.

 

En su trabajo —titulado "El secreto bancario en tiempos de intercambio de información tributaria"—, Barrios Migliarini afirma que "no puede sino celebrarse la solución adoptada por el Derecho uruguayo, que bien podría servir de referencia a otros sistemas (...)".

 

En el marco de presiones de grupos de países, en particular el denominado G-20, desde 2009 Uruguay firmó cerca de una treintena de acuerdos bilaterales que regulan la cesión de datos tributarios a los efectos de investigar supuestos casos de evasión. Dichos tratados prevén mecanismos para levantar el secreto bancario.

 

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Miércoles, 05 de Septiembre de 2012 16:46

PPP próxima entrada en vigencia del registro

A UN MES DE OBLIGAR A REGISTRAR ACCIONES, SOLO LLUEVEN CONSULTAS

 

A un mes de vigencia de la ley que obliga a registrar las acciones al portador en el BCU, los estudios jurídicos han recibido una lluvia de consultas. El formulario para registrarse se divulgó recién el lunes y los abogados demandan una prórroga.

 

Las empresas están asesorándose si les conviene registrarse o directamente pasar sus acciones a nominativas. En algunos casos -fundamentalmente los que no están operando y por ejemplo tienen solo un inmueble en su patrimonio-, hasta optan por disolverlas, informaron a El País en importantes estudios de abogados.

 

La ley 18.930 previó un procedimiento más ágil para los casos en que se cambien a nominativas. Los titulares de esas acciones están exonerados de registrarse en el BCU, pero sí deben figurar en un libro de la sociedad. La contracara es que esas acciones pagan impuesto a la renta al ser vendidas.

 

El mecanismo permite hacer el cambio solo publicando la transformación en el diario oficial y comunicándolo a la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

 

Eugenio Xavier de Mello, socio del estudio Herbert, Ramírez, Xavier de Mello & Abal, señaló que "la mitad" de los clientes de su estudio están pensando en pasarse a nominativas. "Son decisiones que las van madurando. Hay gente que ha tomado la decisión pero no hemos instrumentado", afirmó. El abogado señaló que en estos caso no hay derecho de receso, es decir, que cuando la asamblea de accionistas resuelve por más del 75% cambiar los estatutos, la minoría no puede retirarse de la sociedad con su dinero.

 

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Miércoles, 15 de Agosto de 2012 12:11

DGI inspecciona al agro

DGI FISCALIZARÁ 100 FIRMAS DEL AGRO; ESTIMA EN 25%-30% EVASIÓN DEL SECTOR

 

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a fiscalizar establecimientos rurales que, según datos cruzados con Colonización, presentan riesgo de evadir tributos. En un mes se controlarán 100 firmas que en total facturan US$ 500 millones al año.

 

Alrededor de 60 inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) comenzaron una recorrida a lo largo de todo el país con el fin de establecer si unos 100 establecimientos rurales que facturan en promedio $ 100 millones al año cada uno (unos US$ 5 millones) evaden impuestos tales como el IRPF e IRAE y, de forma simultánea, si se viene cumpliendo con la partida correspondiente del ICIR.

 

Según informó el director general de Rentas, Pablo Ferreri, "vamos a estar concurriendo a los propios establecimientos rurales para la información y corroborar las inconsistencias que surgieron a través del cruce de diversas bases de datos".

 

Si bien no hay un estudio pormenorizado al respecto, Ferreri dijo a El País que se estima que la evasión impositiva en el agro uruguayo "se ubica entre 25% y 30%, mientras que la de la economía en general por concepto de evasión de IVA es del 15%.

 

El director general de Rentas contó que el operativo ya comenzó y un grupo de inspectores se encuentra en el departamento de Artigas. El relevamiento de las primeras 100 empresas llevará un tiempo de un mes. Según Ferreri, "seleccionamos las empresas que presentaban la mayor probabilidad de riesgo. En su conjunto suman una facturación de US$ 500 millones al año".

 

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Mediante Decreto 253/012 de 8 de agosto de 2012 se dio nueva redacción al artículo 5º del Decreto 313/011 de 02/011 que reglamenta el procedimiento para realizar intercambio de información en materia tributaria, en el marco de los Convenios firmados por nuestro país para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

 

 

DECRETO 313/011 DE 2 DE SETIEMBRE DE 2011 (Texto actualizado)

 

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Lunes, 30 de Julio de 2012 10:21

Créditos fiscales por proyectos de inversión

CERTIFICADOS DE CRÉDITO POR PROYECTOS

 

 

1. INTRODUCCIÓN

 

Uno de los beneficios fiscales que se otorga habitualmente a las empresas cuyos proyectos de inversión han sido declarados promovidos, es la devolución del IVA incluido en las adquisiciones de materiales y servicios vinculados a la inversión en obra civil.

 

Dicha devolución es de suma importancia para empresas que no pueden recuperar parte del IVA incluido en sus compras, por contar con ingresos no gravados por este impuesto. Recordemos que en la liquidación general de este impuesto, se puede descontar del IVA facturado, el IVA incluido en las compras de bienes y servicios asociados directa o indirectamente a las operaciones gravadas y de exportación, pero no así el asociado a los ingresos no gravados.

 

Asimismo, es un beneficio financiero relevante para empresas que demorarían un tiempo considerable en recuperar este crédito, ya sea porque están iniciando sus actividades o porque la envergadura de la inversión hace que tengan un crédito por IVA mayor al IVA ventas generado.

 

El crédito otorgado por la Resolución que declara promovido el proyecto se hace efectivo mediante el mismo procedimiento que rige para los exportadores. La normativa establece que estos pueden solicitar la devolución del IVA mediante certificados de crédito, los que pueden ser endosables o no.

 

2. APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

 

En forma resumida, los certificados de crédito no endosables -es decir aquellos que solo pueden ser aplicados al pago de obligaciones tributarias propias del titular- pueden ser, tipo A: para cancelar obligaciones ante DGI, o tipo D: para el pago de obligaciones ante BPS.

 

Por su parte, aquellos que sean endosables a favor de proveedores pueden ser solicitados como tipo B: para el pago de obligaciones del proveedor ante DGI, o tipo E: para el pago de obligaciones del proveedor ante BPS.

 

Finalmente, existe la posibilidad de solicitar certificados endosables sin destinatario para el pago de obligaciones ante DGI: tipo C, pero solamente en caso de verificarse situaciones muy puntuales, y quedando a discreción de la DGI la facultad de otorgar los mismos, dependiendo de la situación tributaria de la empresa solicitante.

 

En los casos de los certificados endosables a proveedores, el monto solicitado estará limitado al IVA facturado por el proveedor en el ejercicio fiscal en el cual se genera el crédito.

 

Por otra parte, cuando el proveedor no pueda utilizar los certificados de crédito por encontrarse al día con sus obligaciones, puede solicitar un nuevo certificado a favor de sus propios proveedores y hasta el monto equivalente al IVA facturado en sus suministros del ejercicio en curso (trámite que se conoce como "cambio de endosatario").

 

3. FECHA DE EXIGIBILIDAD

 

En caso de certificados endosables los mismos serán exigibles desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se generó el crédito. Es decir, cuando los mismos se presenten ante el Organismo recaudador (DGI o BPS) para cancelar obligaciones, las mismas se considerarán canceladas en la fecha de exigibilidad del certificado.

 

Esto es así siempre y cuando dichos certificados se presenten ante los citados Organismos, en un plazo no mayor a un año contado desde la fecha de su emisión. Esta fecha también es válida en el caso de cambio de endosatario, donde debe tenerse en cuenta que el plazo del año se computa desde la fecha de emisión del certificado original y no del nuevo certificado emitido.

 

Si el certificado de crédito se presenta luego de un año desde la fecha de emisión original, la fecha de cancelación será la de su presentación ante el Organismo recaudador correspondiente.

 

Cuando los certificados de crédito se utilicen para cancelar obligaciones por aportes personales y aportes patronales por servicios bonificados, se tomará como fecha de cancelación la de entrega del correspondiente certificado de crédito al BPS, no rigiendo la exigibilidad antes comentada.

 

A modo de ejemplo, supongamos que un proveedor facturó en enero de 2012 materiales para una obra (incluyendo el IVA). En julio de 2012 recibió los certificados de crédito entregados por su cliente, cuyo proyecto fue declarado promovido. En agosto se presentará a la DGI a cancelar el IVA facturado en el mes de enero. Su pago será considerado hecho en fecha, dado que los tributos de enero vencen en febrero y la fecha valor del certificado que recibió es del 1º de febrero de 2012 y los presentó antes del año de emitido el certificado.

 

4. ¿CUÁNDO SE PUEDEN SOLICITAR?

 

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INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

 

 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

 

- PROYECTO -

 

 La Intendencia de Montevideo remitió a la Junta Departamental el proyecto de decreto que modifica la normativa sobre publicidad y propaganda en la ciudad.

 

 El proyecto de decreto que se remite a la Junta Departamental fue aprobado este lunes 23 de julio en el Acuerdo semanal de la intendenta Ana Olivera con los integrantes de su gabinete.

 

 La extensa normativa abarca los más mínimos detalles referidos a publicidad y propaganda en la ciudad, uso de espacios públicos y el procedimiento a seguir en caso de la instalación de elementos en contravención de lo establecido en el proyecto de decreto que se pone a consideración del deliberativo comunal.

 

 Entre otros aspectos, el decreto sostiene que "para la realización de propaganda de cualquier índole, en sitios o espacios públicos, se podrán utilizar los siguientes espacios y medios aptos para la publicidad, y sujetos a los requisitos establecidos en este Título:

 

a)    Pantallas de la Intendencia de Montevideo;

 

b)    Pantallas luminosas y de proyección;

 

c)    Pantallas y placas en clase de columnas;

 

d)    Columnas aisladas para avisos;

 

e)    Vallas, protectores peatonales;

 

f)     Elementos que se ubiquen en las salas o locales de espectáculos públicos;

 

g)    Se admitirá la propaganda colocada en vehículos, de la siguiente forma:

 

 

 

Ómnibus y automóviles con taxímetro: Se permite realizar publicidad en y fuera de sede. Cuando contenga publicidad fuera de sede la misma deberá estar debidamente encuadrada, ser de proporciones apaisadas y ubicarse en las superficies laterales y posteriores de automóviles con taxímetro y ómnibus, y en este último entre las ventanillas y las ruedas;

 

Los elementos de propaganda ya sean en sede o fuera de sede, no podrán afectar o distorsionar las características identificatorias de las líneas de transporte colectivo.

 

En ningún caso los vehículos que contengan propaganda móvil podrán permanecer estacionados en un determinado lugar por un lapso mayor del requerido por la función, salvo que se trate de su local de sede o de las paradas correspondientes en el caso de los automóviles con taxímetro.

 

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