Lunes, 13 de Agosto de 2012 10:05

Paticipaciones Patrimoniales al Portador (PPP)

LEY Nº 18.930

CÓMO Y CUÁNDO INFORMAR

 

El 2 de agosto del corriente el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 247/2012 que reglamentó la Ley Nº 18.930 por la cual se creó un registro para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador (PPP), estableciendo normas que complementan la disciplina del nuevo régimen de información y registro de esos titulares.

 

Cabe recordar que, de acuerdo al art. 1 de la Ley, los titulares de PPP emitidas por toda entidad residente en el país (incluyendo fideicomisos y fondos de inversión regulados por el BCU cuyas participaciones o cuotapartes estén representadas en PPP), por las entidades no residentes (1) que estén comprendidas en los lit. A) y B) del inc. 1 del art. 2 de la Ley (cualquiera cual sea su naturaleza jurídica), y los fideicomisos y fondos de inversión en el exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes en el país, deben suministrar a la entidad emisora la información que permita identificar al titular, la que estará contenida en una declaración jurada (DJ). Analizaremos el contenido y forma de esa DJ y de la comunicación que debe cursar la entidad emisora al BCU, así como los plazos para efectuarlas.

 

I. CONTENIDO DE LA DJ

 

a) Personas físicas: nombre del titular declarante, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la DGI, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE), o documento identificatorio expedido por otro Estado.

 

b) Sucesiones indivisas cuando no hubiese aún declaratoria judicial de herederos: la declaración podrá ser formulada a nombre de la sucesión indivisa por cualquiera de los herederos presuntos acreditando tal calidad mediante certificado notarial. Cuando sean declarados judicialmente los herederos, cada uno de ellos deberá efectuar su declaración por el porcentaje que le corresponda en el acervo sucesorio.

 

c) Personas jurídicas u otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad declarante, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE) expedidos por la DGI, en su caso, y nombre, domicilio y documento identificatorio del representante que firme la declaración. Quedan comprendidas las entidades en liquidación hasta que se cancele su personería jurídica.

 

d) Personas distintas del titular (mandatarios, tenedores, custodios, depositarios): se incluirán, además de los datos del titular ya mencionados, los mismos datos respecto a estas otras personas físicas o jurídicas.

 

e) Usufructuarios o titulares de otros derechos reales menores que pudiesen haberse constituido sobre los valores: ídem d).

 

En todos los casos deberá especificarse el valor nominal total de las PPP emitidas por la entidad, así como el lugar físico donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia. Si se tratara de cupones, bonos, partes beneficiarias u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal, se indicará el derecho que confiere el respectivo instrumento a su tenedor.

 

Se prevé que el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), podrá establecer formatos de DJ así como exigir que se incorporen en esa DJ datos adicionales, y que la Auditoría Interna de la Nación determinará los criterios técnicos según los cuales deberán formularse las declaraciones juradas para su correcta registración.

 

II. COMUNICACIONES

 

Las personas que hemos mencionado deben asimismo informar a la entidad emisora, mediante DJ, toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto cuando se produzca una variación del valor nominal de las PPP que no altere el porcentaje de participación del declarante en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio, según corresponda (2), y los cambios en la titularidad de las participaciones. En este último caso, el nuevo titular deberá incluir la identificación del enajenante y la fecha de la transferencia.

 

III. LA DJ DE LA ENTIDAD EMISORA ANTE EL BCU

 

La entidad (SA, fideicomiso, fondo de inversión, etc.), debe comunicar al BCU, también mediante una DJ, la información recibida del titular y el monto total del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, según el caso, a valores nominales, y la participación que en la entidad corresponda a cada uno de los titulares.

 

Si la información recibida fuera parcial porque algunos titulares de PPP no cumplen con su obligación, la entidad igualmente presentará la DJ con la información de los titulares que sí hayan remitido su DJ.

 

Publicado en Información
Martes, 24 de Julio de 2012 11:53

El trabajador rural: se adecua la normativa

Se adecua la reglamentación para adaptarla a la nueva forma de trabajo en el sector rural

 

Los cambios en la jornada laboral para el trabajador rural, con la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, hicieron necesario adaptar la reglamentación existente hasta la fecha, para adecuarla a esta nueva forma de trabajo en el sector rural.

 

Recuérdese que, con anterioridad a la sanción de la Ley N° 18.441 de 23.01.2009, salvo excepciones, no existía para el trabajador rural, limitación de su jornada de trabajo. Por lo tanto, al no haber limitación, no se aplicaba al trabajador rural, la ley de horas extra.

 

La Ley N° 18.441 citada, introdujo, con carácter general para el sector rural, la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas. Si bien existían algunos sectores cuya jornada estaba limitada, esto no sucedía con carácter general para todo el sector rural.

 

Resumimos las principales características de este régimen:

 

            1) La jornada de trabajo se fija en 8 horas diarias

            2) El ciclo semanal se fija en . Las que excedan, generan horas extra.

            48 horas

            3) El descanso entre jornadas se fija, como mínimo, en por cada 6 días de            trabajo. 12 horas

            4) En descanso semanal, en principio debe ser en día , salvo que el descanso        intermedio sea igual o superior a 3 horas, en cuyo caso se admite que el     descanso se reduzca a 9 horas. domingo , aunque se permite convenir que dicho     descanso sea en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

 

El reciente Decreto N° 216/012 de 29.06.2012, que comentamos, recoge los cambios en la legislación y reglamentación aplicable al trabajo rural ocurridos en los últimos años.

 

Comentaremos a continuación las principales disposiciones del decreto citado:

 

• Definiciones

El decreto define al empleador rural como “toda persona física o jurídica que utilice los servicios de trabajadores subordinados, cualquiera sea el título en virtud del cual los ocupa” y al trabajador rural a aquel que “bajo la dirección de otra persona, empleadora, ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones”.

Publicado en Agropecuario

Proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal: Precios de Transferencia

 

Algunos cambios tributarios propuestos en el Proyecto de Ley referente a la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2011.

 

En la presente entrega expondremos algunos de los artículos del mencionado proyecto vinculados con diversas normas tributarias que resultan de interés.

 

Precios de transferencia

Mediante el artículo 271 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas se otorga al Poder Ejecutivo la facultad para disponer la aplicación de un régimen de acuerdos anticipados de precios, con los contribuyentes, en el marco del régimen de precios de transferencia. Dichos acuerdos deberán suscribirse con anterioridad a la realización de las transacciones que comprendan, y no podrán exceder de cinco ejercicios fiscales.

 

Recordamos que los Acuerdos Anticipados sobre Precios de Transferencia (en inglés "Advanced Pricing Agreements" o "APAs") son acuerdos entre el contribuyente y una o más autoridades fiscales que determinan, anticipadamente, los precios o niveles de utilidad en operaciones comprendidas, así como criterios apropiados para la determinación de los precios de transferencia para esas transacciones por un período determinado de tiempo. Tiene, como propósito, ser un complemento a los mecanismos tradicionales para evitar o resolver disputas relacionadas con precios de transferencia.

 

Cabe señalar que dicha facultad fue ejercida previamente a través del artículo 15 bis del Decreto N° 56/009, en donde se establece que la DGI pueda celebrar acuerdos de precios con los contribuyentes, y que la duración de los mismos no pueda exceder de tres ejercicios.

 

De esta forma, se armonizan las disposiciones que regulan estos acuerdos, al otorgarle al mismo rango legal. Por otra parte, podríamos decir que, en la práctica quedará en manos de la Administración extender el período previsto en el Decreto N° 56/09, de tres a cinco ejercicio, si así lo entendiera oportuno.

 

En otro orden, y también dentro del mismo ámbito de aplicación del régimen de Precios de Transferencia, a través del artículo 272 del proyecto de ley, se establecen sanciones para aquellos contribuyentes amparados en el régimen, cuando los mismos incumplan cualquiera de los deberes formales establecidos en el mismo.

 

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Sábado, 21 de Julio de 2012 22:57

La trabajadora embarazada

NUEVA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA (LEY 18.868)

 

Test de embarazo

 

Se establece la prohibición de exigir la realización o presentación de test de embarazo, la certificación médica respecto de la ausencia de estado de gravidez o la declaración de ausencia de embarazo como un requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción o permanencia en cualquier empleo, público o privado.

 

De incumplirse esta prohibición el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá aplicar sanciones que pueden consistir en amonestaciones, multas, hasta la clausura del establecimiento por hasta 6 días.

 

Licencia por maternidad

 

La licencia por maternidad tiene una duración de 12 semanas y tendrá su inicio 6 semanas antes de la presunta fecha del parto, finalizando 6 semanas luego del mismo. Puede postergarse el inicio de la licencia sin perder las 12 semanas.

 

Durante la licencia el Banco de Previsión Social abonará a la trabajadora un subsidio sustitutivo de su salario, más la cuota parte correspondiente al aguinaldo, licencia y salario vacacional por ese período. Si la empresa desea abonarle un complemento hasta llegar a su salario de actividad, el mismo no estará gravado por aportes de seguridad social pero sí sujeto a retenciones por IRPF.

 

Despido de una trabajadora embarazada

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Lunes, 11 de Junio de 2012 09:07

Compatibilidad: Jubilación y actividad

1. Introducción

 

Recientemente, el Poder Ejecutivo (PE) remitió a la Asamblea General un Proyecto de Ley por el cual se habilita, bajo ciertas condiciones, la compatibilidad entre jubilación por Industria y Comercio y la actividad bajo dicha afiliación, para sectores donde exista escasez de oferta de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales.

 

Actualmente, en nuestro país rige el principio general de la incompatibilidad entre jubilación y actividad de la misma afiliación. En el ámbito de las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social (BPS) hay incompatibilidad cuando ambas categorías son de Industria y Comercio, o cuando ambas corresponden a afiliación Civil y Escolar, o cuando ambas son de afiliación Rural y/o Doméstica.

 

Sin embargo, existen diversas excepciones, como la compatibilidad entre jubilación y actividad por: el desarrollo docente en institutos de enseñanza oficiales o habilitados; la actividad de titulares de empresas unipersonales monotributistas; y la actividad docente contratada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional en el área de la construcción.

 

Nuestro Derecho Laboral, si bien tiene raíces muy sólidas, presenta algunos aspectos que podrían ser revisados a la luz de la dinámica social y sus necesidades en este ámbito. Analizar estas necesidades, es una forma de asegurar que las mismas queden contempladas en el sistema, desde el respeto de los principios y garantías del Derecho.

 

Entendemos que este Proyecto podría ser un ejemplo en este sentido.

 

En efecto, acorde a los motivos del Proyecto, se analizó este tema en el ámbito del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, con la participación de los actores sociales y de los partidos políticos.

 

El Proyecto dispone que el PE reglamentará las disposiciones de la ley, en un plazo de 90 días siguientes a la fecha de su promulgación.

 

2. Motivos

 

A través de la exposición de motivos del Proyecto y de algunas disposiciones del mismo, se puede apreciar el propósito de generar una sana articulación de las distintas generaciones en el ámbito laboral.

 

En efecto, se estaría generando un espacio de oportunidad para personas jubiladas que poseen un rico caudal de experiencia, a través del cual puedan continuar desarrollando su actividad y, especialmente, puedan transmitir esa experiencia para capacitar a los trabajadores activos y para la inserción y formación de las nuevas generaciones. Para ello, se prevé un régimen de incorporación de trabajadores jóvenes, así como también se disponen medidas que garanticen la continuidad laboral de los trabajadores activos.

 

Entre los motivos mencionados tenemos, por un lado, la prolongación de la expectativa de vida acompañada muchas veces por la voluntad y la capacidad de seguir desarrollando alguna tarea tras la jubilación y, por otro lado, los avances tecnológicos y la especialización que caracteriza al actual mundo del trabajo que han dejado de manifiesto la escasez e incluso la carencia de mano de obra calificada en diversas actividades.

 

Todos estos aspectos confluyen en el Proyecto en un marco de condiciones y garantías, que habrá que evaluar si es el adecuado. A continuación, haremos una síntesis informativa del mismo.

 

3. Proyecto de ley

 

El Proyecto, en su artículo primero, establece que será compatible la jubilación por Industria y Comercio con la actividad bajo la misma afiliación, en las condiciones que se establecen en esta ley y su reglamentación.

 

      3.1 Autorización y exclusiones

 

- La mencionada compatibilidad requerirá autorización previa del PE, que se otorgará para aquellos sectores de actividad en los que exista escasez de oferta de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales. Se exige la contratación de personal calificado, para garantizar el objetivo de contribuir a la formación de los trabajadores en tareas de similar naturaleza.

 

- La autorización se otorgará previa consulta y de conformidad con organizaciones de jubilados y pensionistas y de los empleadores y trabajadores del sector, expresadas formalmente mediante convenio colectivo o en el ámbito de los Consejos de Salario correspondientes.

 

- La exclusión para la compatibilidad se da si la jubilación se otorgó por incapacidad o se hubieran incluido servicios bonificados, salvo para cargos docentes en institutos de enseñanza oficiales o habilitados.

- Limitación general: 70 años de edad para que el jubilado haga uso del beneficio.

 

  

Publicado en Laboral
Domingo, 20 de Mayo de 2012 11:33

DGI fiscaliza salones de eventos en plena fiesta

DGI FISCALIZÓ 80 SALONES DE EVENTOS EN PLENA FIESTA TRAS DETECTAR EVASIÓN

 

La Dirección General Impositiva (DGI) realizó entre el viernes y ayer un "megaoperativo" de fiscalización en unos 80 salones de fiesta, tras detectar que en el sector "muchos" actúan "en la total informalidad", dijo a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.

 

Luego de detectar que hay más de 200 salones de fiesta que dan servicios a casamientos, cumpleaños de 15 y eventos empresariales, de los que poco más de la mitad están inscriptos en la DGI, el organismo dispuso realizar un control "fuerte" en el sector. Para ello, unos 140 inspectores de la DGI visitaron en la noche del viernes y ayer a cerca de 80 salones de fiestas de Montevideo, Canelones y San José, para ver in situ la actividad que generan con un casamiento o cumpleaños de 15.

 

El problema de informalidad y evasión "no solo" se da "en el alquiler de los salones sino en los servicios que se proveen como catering, animación, decoración, filmación, mantelería, cotillón, grupos musicales. Esto mueve mucho dinero y vemos que sí hay una informalidad bien importante", dijo Ferreri a El País.

 

"Fuimos a la propia fiesta" que se desarrollaba en cada salón, para "ver la cantidad de personas que asisten -lo que permite ver el nivel de la fiesta realizada- si hay una decoración especial, si hay espectáculos", indicó.

 

Se busca así, "constatar" en el lugar "que proveedores de bienes y servicios actúan en el evento y sobre todo ver cuántas personas hay, que es lo que te determina la magnitud del evento", agregó.

 

El director de Rentas explicó que "la idea es no interrumpir la fiesta ni el disfrute de las personas, pero sí controlar, molestando lo menos posible".

 

Es que "estamos frente a un problema importante de evasión e informalidad y tenemos que combatirlo con toda la dureza y rigurosidad necesaria", aseguró.

 

Al llegar a cada salón, los inspectores pidieron para hablar con el encargado del local y se le solicitó la información de los diferentes proveedores de servicios y en caso de que no los tuviera se les solicitó al contratante.

 

"Se trató de ver toda la información disponible y que quienes proveen los servicios hayan facturado y si no está la información disponible en el momento se les solicitó que sea luego entregada a la administración", explicó el director de Rentas.

 

Ahora el organismo procesará la información recabada para ver cuál es la situación de cada salón. "En aquellos casos en que veamos claramente una competencia desleal basada en la evasión de impuestos y en actuar por fuera de la ley vamos a actuar con muchísima dureza", adelantó Ferreri.

 

Problemas de precio.

El jerarca remarcó que "claramente hay un grupo importante de empresarios, tanto de salones como de los que brindan servicios, que tienen ventajas competitivas sustentadas en la evasión, generando una competencia desleal muy fuerte".

 

Por eso "hay una honda preocupación por parte de aquellos contribuyentes honestos que cumplen con sus responsabilidades pero que están teniendo problemas para competir a los precios a los que ofrecen el servicio, porque con los casos en los que se evade impuestos la diferencia (de precio) es muy importante", expresó el director de Rentas.

 

Para este operativo la DGI trabajó en conjunto con la gremial de salones de fiestas "que está preocupada por la informalidad que hay en el sector", dijo Ferreri.

 

Por ello, además de la información que surge de la base de datos del organismo y de la que proporcionó la gremial del sector, para detectar a muchos salones que no estaban inscriptos la DGI utilizó el mapeo digital de empresas y las fotos satelitales que tiene a disposición desde el año pasado.

 

Publicado en Impuestos
Lunes, 27 de Febrero de 2012 07:22

AL RESCATE DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA

 

El fideicomiso de garantía (Ley nº 17.703) es un negocio jurídico por el cual el deudor de una obligación (fideicomitente), transfiere la propiedad de bienes o derechos a otro sujeto (fiduciario), con el encargo de que, al vencimiento de la o las obligaciones asumidas en virtud de otro negocio, para el caso de que incurra en incumplimiento, el fiduciario realice el patrimonio transferido en garantía y con el producido abone al acreedor la cantidad debida, entregando al fideicomitente el remanente, si lo hubiera. Los bienes o derechos constituyen "propiedad fiduciaria", conformando un patrimonio de afectación protegido de otras deudas del fideicomitente, beneficiario y fiduciario, cuyos patrimonios son separados e independientes.

 

Si el beneficiario del fideicomiso de garantía es un banco u otra institución de intermediación financiera (IIF), estos pueden ser a la vez acreedores del fideicomitente, beneficiarios de los bienes transferidos y fiduciarios.

 

El fideicomiso presenta ventajas importantes como el aislamiento de los bienes transferidos, y la posibilidad de que ellos se ejecuten en forma extrajudicial, con mayor celeridad que en los procesos judiciales de ejecución de las garantías tradicionales (prenda e hipoteca). Gozan, además, de ciertas exoneraciones tributarias.

 

Esta figura se ha convertido en un instrumento muy valioso para las empresas que, para obtener el crédito comercial o financiero requerido para desarrollar su actividad no tienen otra garantía para ofrecer que no sea la derivada de los créditos por operaciones de su giro que irán concretando en determinado plazo (ventas, fundamentalmente), los que son cedidos al fiduciario. Estos denominados "flujos" por ingresos se calculan en base a determinados supuestos y proyecciones adecuadamente validados. El negocio ha tenido excelente recepción en los dadores de crédito, viabilizando muchos emprendimientos.

 

EL PROBLEMA. Posteriormente a la Ley 17,703 se sancionó la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial nº 18.387 (LC) que regula el concurso de los sujetos que, por encontrarse en estado de insolvencia, ingresan en un proceso concursal que habrá de terminar con un convenio concursal celebrado con la mayoría de los acreedores simples (no privilegiados) o con la liquidación de los activos del deudor para que, con su producido y aunque fuere a prorrata, se abonen los créditos de los acreedores simples. A su vez, para facilitar la mejor administración de los bienes y derechos del concursado por el síndico o el interventor, el art. 68 LC faculta a los mismos a rescindir en forma unilateral aquellos contratos de los cuales deriven obligaciones a cargo del deudor concursado contraídas por el mismo antes del concurso pero que, al declararse el mismo, aún estén pendientes de ejecución, esto es, que no se hayan cumplido. Para que opere la rescisión basta notificarla al otro contratante, dentro de cierto plazo, sin que se requiera intervención judicial y sin que aquél, aunque haya cumplido sus obligaciones, pueda resistirse. Se trata de una facultad excepcional, que quebranta reglas básicas del derecho contractual, pero que se concede en atención a la finalidad del concurso en tanto proceso que tiende a la satisfacción de todos los acreedores, para lo cual la realización de los bienes del concursado debe hacerse en la forma que resulte más conveniente a todos sus acreedores. Para ello, interesa que las obligaciones pendientes se cumplan siempre que implique un beneficio para la masa de acreedores. La rescisión unilateral permite que el concursado se desligue de las obligaciones cuyo cumplimiento perjudica a la masa de acreedores, o atenta contra la viabilidad de la continuación de la actividad del deudor con vistas a satisfacer a los acreedores simples y a disminuir la pérdida de valor que la crisis de la empresa implica.

 

Cuando esa facultad de rescisión es ejercida respecto de un contrato de fideicomiso de garantía con obligaciones pendientes a cargo del concursado, en el cual los bienes fideicomitidos son los créditos por ventas u otras operaciones futuras del concursado, la rescisión implica que esa transferencia de créditos quede sin efecto, ingresando los mismos a la masa activa del concursado para aplicarse a la continuidad de su actividad y pago a todos los acreedores simples, incluyendo el beneficiario del fideicomiso de garantía, que es uno más.

 

Por tanto, el acreedor garantizado (la IIF en su caso) se verá privado de la garantía constituida en su favor. La preocupación que se generó inmediatamente en el mercado se explica porque esta posibilidad de rescisión cuando el deudor concursa debilita (para algunos aniquila) al fideicomiso como garantía efectiva. Obviamente, cuando se concede el crédito, se debe valorar el riesgo de que el deudor ingrese en un estado de insolvencia y, en tal caso, el grado de permeabilidad de la garantía propuesta ante un concurso.

 

A nivel doctrinario se sustentan dos posiciones en torno a si este negocio puede o no rescindirse al amparo del art. 68 y con qué alcance, no existiendo consenso sobre si es un contrato con obligaciones pendientes de ejecución ni acerca de cuándo se verifica la transferencia de los créditos futuros. La escasa jurisprudencia que existe se ha inclinado por entender que el fideicomiso puede rescindirse.

 

RESCATANDO LA GARANTÍA. Visualizado el problema, para resguardar el acceso al crédito y brindar tranquilidad a los dadores del mismo, sin perder una herramienta muy útil para empresas que no disponen de otras garantías para reforzar el cumplimiento de sus obligaciones, en diciembre del pasado año, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley que intenta despejar las dudas que suscita el art. 68 LC.

 

EL PROYECTO DE LEY

 

Publicado en Empresarial

 

SIETE CLAVES PARA ENTENDER EL NUEVO IMPUESTO Y SUS IMPLICANCIAS

 

1. ¿Quiénes deben pagar el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales?

 

2. ¿Cuánto se paga por el impuesto?

 

3. ¿Las empresas forestales pagan el impuesto?

 

4. ¿Cuál es la modificación que se plantea para las ventas de inmuebles rurales?

 

5. ¿Cuánto pagaban antes de la nueva ley?

 

6. ¿Cuál es el cambio planteado?

 

7.¿Cómo son los cambios propuestos en los números?

 

El artículo responde a cada una de las preguntas

Publicado en Impuestos
Viernes, 30 de Diciembre de 2011 11:35

Convenio con Argentina

Solo tres puntos nos separan del acuerdo impositivo con Argentina

 

Con tres puntos donde se focalizan criterios dispares y que deberán ser resueltos antes de febrero próximo, los equipos económicos de los gobiernos argentino y uruguayo, intercambiaron los “borradores” del acuerdo binacional que concluirá con los reclamos de nuestros vecinos.

 

El principal de los cuales es el reconocimiento por parte de Argentina de los impuestos que sus conciudadanos tributan por sus ganancias en Uruguay. La “doble tributación” es un tema medular, en tanto nadie quiere pagar dos veces por igual renta.

 

Otros de los puntos que deberá tener en cuenta el acuerdo binancional, es la imposibilidad que inspectores de un país actúen encubiertamente en el otro, concretando fiscalizaciones.

 

El último aspecto aún en controversia a nivel del “borrador”, es que los pedidos de información tributaria que se crucen, no tengan efecto retroactivo, y puedan efectuarse solamente a partir de la vigencia del acuerdo, seguramente a mediados de 2012.

Publicado en Impuestos

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Proyecto de Ley en el cual se instrumenta la forma de identificación de los titulares de las participaciones patrimoniales en sociedades y demás entidades, con o sin personería jurídica.

 

Es propósito del Poder Ejecutivo efectuar avances hacia una convergencia técnica con los estándares internacionales tanto en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo como de transparencia fiscal internacional en materia tributaria.

 

El proyecto de ley tiene por objetivo lograr la disponibilidad sobre la información referida, al tiempo que pretende mejorar las condiciones de acceso a la misma.

 

En primer lugar, soluciona el problema de identificación de los propietarios de acciones al portador, sin realizar modificaciones en la Ley Nº 16.060 (Ley de Sociedades Comerciales) de 4 de setiembre de 1989. En efecto, la posibilidad de modificar la referida norma disponiendo la transformación de acciones al portador en acciones nominativas (solución adoptada por algunas jurisdicciones) ocasionaría dificultades desproporcionadas al objetivo que se plantea.

 

El problema se resolvería en el marco del Derecho Tributario. Al disponerse el registro en la órbita de la Dirección General Impositiva, la información recabada queda amparada por el artículo 47 del Código Tributario (Secreto Tributario). Además por aplicación del artículo 5 de la Ley Nº 17.835, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, tiene permitido el acceso a la referida información a efectos de la aplicación de la normativa de prevención sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, a la cual no le resulta oponible el mencionado secreto.

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