Miércoles, 05 de Septiembre de 2012 16:46

PPP próxima entrada en vigencia del registro

A UN MES DE OBLIGAR A REGISTRAR ACCIONES, SOLO LLUEVEN CONSULTAS

 

A un mes de vigencia de la ley que obliga a registrar las acciones al portador en el BCU, los estudios jurídicos han recibido una lluvia de consultas. El formulario para registrarse se divulgó recién el lunes y los abogados demandan una prórroga.

 

Las empresas están asesorándose si les conviene registrarse o directamente pasar sus acciones a nominativas. En algunos casos -fundamentalmente los que no están operando y por ejemplo tienen solo un inmueble en su patrimonio-, hasta optan por disolverlas, informaron a El País en importantes estudios de abogados.

 

La ley 18.930 previó un procedimiento más ágil para los casos en que se cambien a nominativas. Los titulares de esas acciones están exonerados de registrarse en el BCU, pero sí deben figurar en un libro de la sociedad. La contracara es que esas acciones pagan impuesto a la renta al ser vendidas.

 

El mecanismo permite hacer el cambio solo publicando la transformación en el diario oficial y comunicándolo a la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

 

Eugenio Xavier de Mello, socio del estudio Herbert, Ramírez, Xavier de Mello & Abal, señaló que "la mitad" de los clientes de su estudio están pensando en pasarse a nominativas. "Son decisiones que las van madurando. Hay gente que ha tomado la decisión pero no hemos instrumentado", afirmó. El abogado señaló que en estos caso no hay derecho de receso, es decir, que cuando la asamblea de accionistas resuelve por más del 75% cambiar los estatutos, la minoría no puede retirarse de la sociedad con su dinero.

 

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Viernes, 24 de Agosto de 2012 09:09

Comprobante fiscal electrónico

DGI INICIÓ CONTROL EN TIEMPO REAL DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS

 

Apostados en la caja 11 de la sucursal de Tienda Inglesa del Montevideo Shopping, Susana, la cajera, y Eduardo, un joven embolsador, esperaban nerviosos el inicio del acto, sobre las 14 horas del lunes 20. Durante algunos minutos, inquietos, ejecutivos de la cadena supermercadista hicieron algunas pruebas, como si fueran clientes, simulando la compra de productos (una lata de ananá y otra de durazno en almíbar de la marca propia, una jarra refrigerada para cerveza con el escudo de Peñarol y una taza alusiva también a ese club de fútbol) y registrándola mediante una factura electrónica.

 

Estaba previsto que fuera el presidente José Mujica quien hiciera una compra para que se emitiera la primera factura digital real en Uruguay —que sustituye al duplicado en papel que las empresas deben conservar para presentar a la Dirección General Impositiva (DGI)—, pero el mandatario no asistió a la ceremonia por estar enfermo. Por eso fue el director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien hizo la transacción, que se limitó a los recipientes alusivos a Peñarol, club del que es fanático.

 

En ese momento, un ejecutivo de Henderson & Cía. (Tienda Inglesa) que estaba a pocos metros de la caja le dijo a otro: "oremos". Susana registró sin problemas la compra y la primera factura electrónica, que incluye un código de barras bidimensional, vio la luz a las 14:47 horas y fue por $ 159 (de los cuales $ 28,67 correspondieron al IVA). Todos aplaudieron y, orgulloso, Ferreri mostró el histórico tique a fotógrafos y camarógrafos.

 

Cambio "dramático". Antes el propietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson, había hecho un brevísimo discurso en el que dijo, sonriéndose: "Volvemos a encontrarnos con nuestros amigos de la Impositiva… La verdad es que va a ser un placer". Años atrás Tienda Inglesa fue acusada por la DGI de defraudación fiscal, pero la resolución con la que la oficina recaudadora pretendía aplicar una sanción fue desestimada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el caso terminó clausurado.

 

Ferreri destacó a su turno la importancia de la factura electrónica, por la cual las empresas le reportarán a la DGI electrónicamente en tiempo real la información de cada venta que hagan a clientes y los pagos a proveedores.

 

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Lunes, 13 de Agosto de 2012 10:05

Paticipaciones Patrimoniales al Portador (PPP)

LEY Nº 18.930

CÓMO Y CUÁNDO INFORMAR

 

El 2 de agosto del corriente el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 247/2012 que reglamentó la Ley Nº 18.930 por la cual se creó un registro para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador (PPP), estableciendo normas que complementan la disciplina del nuevo régimen de información y registro de esos titulares.

 

Cabe recordar que, de acuerdo al art. 1 de la Ley, los titulares de PPP emitidas por toda entidad residente en el país (incluyendo fideicomisos y fondos de inversión regulados por el BCU cuyas participaciones o cuotapartes estén representadas en PPP), por las entidades no residentes (1) que estén comprendidas en los lit. A) y B) del inc. 1 del art. 2 de la Ley (cualquiera cual sea su naturaleza jurídica), y los fideicomisos y fondos de inversión en el exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes en el país, deben suministrar a la entidad emisora la información que permita identificar al titular, la que estará contenida en una declaración jurada (DJ). Analizaremos el contenido y forma de esa DJ y de la comunicación que debe cursar la entidad emisora al BCU, así como los plazos para efectuarlas.

 

I. CONTENIDO DE LA DJ

 

a) Personas físicas: nombre del titular declarante, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la DGI, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE), o documento identificatorio expedido por otro Estado.

 

b) Sucesiones indivisas cuando no hubiese aún declaratoria judicial de herederos: la declaración podrá ser formulada a nombre de la sucesión indivisa por cualquiera de los herederos presuntos acreditando tal calidad mediante certificado notarial. Cuando sean declarados judicialmente los herederos, cada uno de ellos deberá efectuar su declaración por el porcentaje que le corresponda en el acervo sucesorio.

 

c) Personas jurídicas u otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad declarante, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE) expedidos por la DGI, en su caso, y nombre, domicilio y documento identificatorio del representante que firme la declaración. Quedan comprendidas las entidades en liquidación hasta que se cancele su personería jurídica.

 

d) Personas distintas del titular (mandatarios, tenedores, custodios, depositarios): se incluirán, además de los datos del titular ya mencionados, los mismos datos respecto a estas otras personas físicas o jurídicas.

 

e) Usufructuarios o titulares de otros derechos reales menores que pudiesen haberse constituido sobre los valores: ídem d).

 

En todos los casos deberá especificarse el valor nominal total de las PPP emitidas por la entidad, así como el lugar físico donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia. Si se tratara de cupones, bonos, partes beneficiarias u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal, se indicará el derecho que confiere el respectivo instrumento a su tenedor.

 

Se prevé que el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), podrá establecer formatos de DJ así como exigir que se incorporen en esa DJ datos adicionales, y que la Auditoría Interna de la Nación determinará los criterios técnicos según los cuales deberán formularse las declaraciones juradas para su correcta registración.

 

II. COMUNICACIONES

 

Las personas que hemos mencionado deben asimismo informar a la entidad emisora, mediante DJ, toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto cuando se produzca una variación del valor nominal de las PPP que no altere el porcentaje de participación del declarante en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio, según corresponda (2), y los cambios en la titularidad de las participaciones. En este último caso, el nuevo titular deberá incluir la identificación del enajenante y la fecha de la transferencia.

 

III. LA DJ DE LA ENTIDAD EMISORA ANTE EL BCU

 

La entidad (SA, fideicomiso, fondo de inversión, etc.), debe comunicar al BCU, también mediante una DJ, la información recibida del titular y el monto total del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, según el caso, a valores nominales, y la participación que en la entidad corresponda a cada uno de los titulares.

 

Si la información recibida fuera parcial porque algunos titulares de PPP no cumplen con su obligación, la entidad igualmente presentará la DJ con la información de los titulares que sí hayan remitido su DJ.

 

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TRAS FALLOS JUDICIALES ADVERSOS, LA DGI BUSCA FORTALECERSE

           

Legal. A través de una ley, el organismo pretende enmendar un error por el que viene perdiendo juicios contra contribuyentes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

           

El director de la DGI, Pablo Ferrari, aseguró que el organismo está siendo cada vez más riguroso.

           

La Dirección General Impositiva (DGI) perdió 51 juicios de los 71 que resolvió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en 2010 por cuestiones de fondo y otros tantos en 2011.

 

A raíz de la sentencia, la Impositiva resolvió enmendar su error a través del artículo 266 del proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento.

 

La DGI insiste en que debe multarse cada concreción del error (una multa por factura) y no la infracción en sí de forma genérica. Por este motivo, el artículo 266 incluido en la Rendición de Cuentas, eleva la multa máxima a contribuyentes por errores de US$ 210 a US$ 200.000. El artículo se propone tipificar la contravención como "cada documento o compromiso, individualmente considerado que transgreda el régimen general de documentación".

 

"Con la interpretación de que solo se puede aplicar la multa una vez, estamos cayendo en el ridículo", dijo el director de Rentas, Pablo Ferrari. Agregó que "con la penalización máxima para contribuyentes que emiten miles de documentos con errores que obstaculizan el control de la administración es de $ 4.570".

 

Por su parte, el tributarista Alberto Vaerla, del estudio Ferrere, cuestionó la iniciativa. Para Varela, este artículo permite establecer "multas desproporcionadas" en relación con el error. Dijo que ya "sobran artículos en el Código Tributario que sancionan a los defraudadores".

 

Fuente: El observador el jueves, 26 de julio de 2012

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Martes, 24 de Julio de 2012 11:53

El trabajador rural: se adecua la normativa

Se adecua la reglamentación para adaptarla a la nueva forma de trabajo en el sector rural

 

Los cambios en la jornada laboral para el trabajador rural, con la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, hicieron necesario adaptar la reglamentación existente hasta la fecha, para adecuarla a esta nueva forma de trabajo en el sector rural.

 

Recuérdese que, con anterioridad a la sanción de la Ley N° 18.441 de 23.01.2009, salvo excepciones, no existía para el trabajador rural, limitación de su jornada de trabajo. Por lo tanto, al no haber limitación, no se aplicaba al trabajador rural, la ley de horas extra.

 

La Ley N° 18.441 citada, introdujo, con carácter general para el sector rural, la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas. Si bien existían algunos sectores cuya jornada estaba limitada, esto no sucedía con carácter general para todo el sector rural.

 

Resumimos las principales características de este régimen:

 

            1) La jornada de trabajo se fija en 8 horas diarias

            2) El ciclo semanal se fija en . Las que excedan, generan horas extra.

            48 horas

            3) El descanso entre jornadas se fija, como mínimo, en por cada 6 días de            trabajo. 12 horas

            4) En descanso semanal, en principio debe ser en día , salvo que el descanso        intermedio sea igual o superior a 3 horas, en cuyo caso se admite que el     descanso se reduzca a 9 horas. domingo , aunque se permite convenir que dicho     descanso sea en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

 

El reciente Decreto N° 216/012 de 29.06.2012, que comentamos, recoge los cambios en la legislación y reglamentación aplicable al trabajo rural ocurridos en los últimos años.

 

Comentaremos a continuación las principales disposiciones del decreto citado:

 

• Definiciones

El decreto define al empleador rural como “toda persona física o jurídica que utilice los servicios de trabajadores subordinados, cualquiera sea el título en virtud del cual los ocupa” y al trabajador rural a aquel que “bajo la dirección de otra persona, empleadora, ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones”.

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Proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal: Precios de Transferencia

 

Algunos cambios tributarios propuestos en el Proyecto de Ley referente a la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2011.

 

En la presente entrega expondremos algunos de los artículos del mencionado proyecto vinculados con diversas normas tributarias que resultan de interés.

 

Precios de transferencia

Mediante el artículo 271 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas se otorga al Poder Ejecutivo la facultad para disponer la aplicación de un régimen de acuerdos anticipados de precios, con los contribuyentes, en el marco del régimen de precios de transferencia. Dichos acuerdos deberán suscribirse con anterioridad a la realización de las transacciones que comprendan, y no podrán exceder de cinco ejercicios fiscales.

 

Recordamos que los Acuerdos Anticipados sobre Precios de Transferencia (en inglés "Advanced Pricing Agreements" o "APAs") son acuerdos entre el contribuyente y una o más autoridades fiscales que determinan, anticipadamente, los precios o niveles de utilidad en operaciones comprendidas, así como criterios apropiados para la determinación de los precios de transferencia para esas transacciones por un período determinado de tiempo. Tiene, como propósito, ser un complemento a los mecanismos tradicionales para evitar o resolver disputas relacionadas con precios de transferencia.

 

Cabe señalar que dicha facultad fue ejercida previamente a través del artículo 15 bis del Decreto N° 56/009, en donde se establece que la DGI pueda celebrar acuerdos de precios con los contribuyentes, y que la duración de los mismos no pueda exceder de tres ejercicios.

 

De esta forma, se armonizan las disposiciones que regulan estos acuerdos, al otorgarle al mismo rango legal. Por otra parte, podríamos decir que, en la práctica quedará en manos de la Administración extender el período previsto en el Decreto N° 56/09, de tres a cinco ejercicio, si así lo entendiera oportuno.

 

En otro orden, y también dentro del mismo ámbito de aplicación del régimen de Precios de Transferencia, a través del artículo 272 del proyecto de ley, se establecen sanciones para aquellos contribuyentes amparados en el régimen, cuando los mismos incumplan cualquiera de los deberes formales establecidos en el mismo.

 

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PROYECTO DE LEY: REGISTRO DE TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR

 

En el marco de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, el pasado 17 de mayo, la Cámara de Representantes sancionó un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que establece la obligación de informar los datos identificatorios de los propietarios de títulos de participación patrimonial, aún debe ser aprobado por la Cámara de Senadores y luego ser promulgado.

 

¿Cuál es el objetivo que persigue el Proyecto?

 

Según surge de la exposición de motivos, lo que se busca es seguir avanzando hacia el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal internacional, de conformidad con los compromisos que nuestro país ha asumido en la materia.

 

¿En qué consiste este Proyecto?

 

El Proyecto establece que los propietarios de títulos al portador emitidos por toda entidad residente en el país (es decir, aquella constituida de acuerdo a las leyes nacionales), deberán informar sus datos identificatorios así como el valor nominal de los títulos de su propiedad a la entidad emisora. Una vez recibida la información, la entidad emisora cumplirá con ingresarla, mediante una declaración jurada, al registro que llevará el Banco Central a estos efectos.

 

Las entidades no residentes ¿quedan comprendidas en este régimen?

 

El Proyecto establece que los titulares de participaciones patrimoniales en entidades no residentes deberán cumplir con la obligación de informar siempre que estas entidades cumplan con alguna de las siguientes condiciones: (i) que actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente; o (ii) que radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior, entendiéndose por tales aquellas actividades lucrativas industriales y de servicios realizadas por empresas, es decir unidades productivas que combinen capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios.

 

Con respecto a la primera hipótesis, se establece mediante remisión que estamos ante un establecimiento permanente cuando un no residente realice toda o parte de su actividad por medio de un lugar fijo de negocios en nuestro país.

 

En lo que refiere al segundo caso, se entiende que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en nuestro país cuando radique aquí la dirección y control del conjunto de sus actividades. Son actividades empresariales aquellas actividades lucrativas industriales y de servicios realizadas por empresas, es decir unidades productivas que combinen capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios.

 

Debe tenerse presente que para el caso de entidades no residentes, la obligación de informar no se limita a los títulos al portador, por lo que deben considerarse comprendidos los títulos nominativos.

 

¿Cómo y dónde funcionará el registro?

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Sábado, 21 de Julio de 2012 22:57

La trabajadora embarazada

NUEVA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA (LEY 18.868)

 

Test de embarazo

 

Se establece la prohibición de exigir la realización o presentación de test de embarazo, la certificación médica respecto de la ausencia de estado de gravidez o la declaración de ausencia de embarazo como un requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción o permanencia en cualquier empleo, público o privado.

 

De incumplirse esta prohibición el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá aplicar sanciones que pueden consistir en amonestaciones, multas, hasta la clausura del establecimiento por hasta 6 días.

 

Licencia por maternidad

 

La licencia por maternidad tiene una duración de 12 semanas y tendrá su inicio 6 semanas antes de la presunta fecha del parto, finalizando 6 semanas luego del mismo. Puede postergarse el inicio de la licencia sin perder las 12 semanas.

 

Durante la licencia el Banco de Previsión Social abonará a la trabajadora un subsidio sustitutivo de su salario, más la cuota parte correspondiente al aguinaldo, licencia y salario vacacional por ese período. Si la empresa desea abonarle un complemento hasta llegar a su salario de actividad, el mismo no estará gravado por aportes de seguridad social pero sí sujeto a retenciones por IRPF.

 

Despido de una trabajadora embarazada

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Viernes, 20 de Julio de 2012 17:37

Publicidad comparativa

 

La publicidad comparativa

 

http://linkconsultores.com.uy/index.php/publicaciones/linkempresarial/doc_download/175-publicidad-comparativa

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Martes, 17 de Julio de 2012 13:30

Uso de la fuerza pública por parte de la DGI

RENDICIÓN DE CUENTAS PREVÉ EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA POR PARTE DE LA DGI

 

Se busca “legalizar” una práctica administrativa otorgando una potestad al principal organismo recaudador para auxiliarse por sí -sin necesidad de recurrir a un juez- de las fuerzas policiales para la realización de sus cometidos.

 

El artículo 265 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas establece que “La Dirección General Impositiva podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para el desarrollo de sus cometidos”.

 

El referido artículo generó gran polémica entre los operadores tributarios, puesto que era una práctica de la Administración auxiliarse con la fuerza pública sin orden expresa de un juez, práctica que era considerada ilegal e injustificada por la doctrina tributarista.

 

Algunos aspectos polémicos.

 

La norma proyectada tiene varios aspectos polémicos que brevemente comentaremos.

 

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