Lunes, 28 de Mayo de 2012 10:16

Ocde: se puede preservar el anonimato?

ES POSIBLE PRESERVAR EL ANONIMATO (de los titulares de acciones al portador)

Dra. Adriana Bacchi

 

Los cambios que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados introduce al régimen de acciones de S.A. al portador plantea si el camino a seguir por los actuales tenedores de acciones al portador que no deseen enfrentar las desventajas del nuevo régimen, y fundamentalmente, no quieran exponerse al severo régimen sancionatorio que se proyecta, es el de convertir sus acciones al portador en nominativas. Ello implica la reforma del estatuto de la S.A., y la emisión de nuevos títulos con el nombre del titular de la acción y su registro en el libro que la sociedad deberá llevar. Cuando se desee transferir la acción a otro se requerirá endoso y registro en dicho libro. A partir de la modificación cualquiera que acceda a las acciones mismas o al libro social en el que ellas se registran, podrá conocer la identidad de los accionistas.

Aprobado el proyecto, los tenedores de acciones al portador quedarán sometidos al nuevo régimen, o deberán adoptar otra solución respecto a sus acciones al portador, que podría ser la referida nominatividad.

 

IDENTIFICACIÓN  DEL "PORTADOR"

 

El objetivo del proyecto es instrumentar un registro para la identificación de los titulares de las "participaciones patrimoniales al portador" (con el alcance limitado que veremos), el que será llevado por el BCU, sin modificar la Ley de sociedades comerciales N° 16.060. El registro se conformará con las declaraciones juradas que los propios accionistas formularán ante la S.A. indicando los datos que permitan su identificación como titulares de las acciones, los del tenedor o custodio, mandatario o quien ejerza la representación, y el valor nominal de sus acciones. Dichas declaraciones juradas se remitirán por la sociedad al BCU para que éste las registre, administre y custodie, expida al accionista un certificado de estar inscripto y se encargue de suministrar la información a los organismos habilitados.

 

DESVENTAJAS DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA

 

Las principales son:

 

El accionista que no cumpla con la obligación de presentar en plazo a la sociedad la mencionada declaración jurada: a) quedará imposibilitado de ejercer cualquier derecho que le correspondiere en su condición de accionista, tanto respecto a la sociedad como a terceros; b) consecuentemente, las sociedades residentes en Uruguay estarán impedidas de pagar dividendos o utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la sociedad, así como cualquier partida de similar naturaleza. Por su parte, las sociedades residentes en el extranjero estarán impedidas de remitir utilidades; c) deberá pagar una multa cuyo monto será de hasta cien veces el valor máximo de la multa por contravención del art. 95 del Cód. Tributario ($ 475.000).

 

Las S.A.: a) serán solidariamente responsables respecto a las sanciones aplicables a los accionistas que no cumplan la ley; b) si son ellas las que no cumplen la obligación de presentar y conservar la declaración jurada, serán sancionadas con una multa de hasta $ 475.000; c) si pagaran dividendos o utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la sociedad, u otra partida de similar naturaleza a los accionistas pese a estar impedidas de hacerlo, serán sancionadas con una multa cuyo máximo será equivalente al monto distribuido indebidamente. Igual sanción se aplicará en los casos de remisión de utilidades por las sociedades residentes en el exterior; y d) el incumplimiento por la sociedad hará presumir la falta de actividad de la misma, suspendiéndose el certificado único, lo que impedirá a la sociedad el ejercicio normal de su actividad, con los perjuicios que ello implica.

 

Los representantes legales y voluntarios de la sociedad. Estos estarán sometidos al mismo régimen sancionatorio por su actuación personal en el incumplimiento. Se trata de una nueva sanción para estos sujetos que, de aprobarse el proyecto, deberán estar atentos asimismo al cumplimiento por el accionista y la sociedad de las nuevas exigencias legales.

 

Los adquirentes de acciones. Quien se proponga adquirir acciones al portador, deberá controlar que el vendedor pruebe fehacientemente que ha cumplido con la obligación de registro de sus datos identificatorios en el BCU. El incumplimiento determinará la responsabilidad solidaria del adquirente respecto a las sanciones que le correspondieran al vendedor. La transferencia habrá de verificarse igualmente, con plena validez y eficacia, pero el adquirente podrá ser llamado a responder por el incumplimiento del vendedor.

 

LA GRAVEDAD DE LAS SANCIONES

 

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Sábado, 26 de Mayo de 2012 10:20

Control fiscal en (desde) Argentina

ARGENTINA ADOPTA NUEVAS MEDIDAS QUE AFECTAN AL TURISMO URUGUAYO

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, impuso a los vecinos un nuevo control “para mantener a raya la demanda de dólares”, publica el diario La Nación, en una medida destinada a los turistas que viajen al exterior.

 

El objetivo de las medidas es mantener un control sobre la demanada de dólares.

Obviamente la medida repercutió de inmediato en este lado del Plata y el propio ministro de Turismo, Héctor Lescano, reconoció que la traba podría ser una nueva dificultad entre los dos países, en tanto sería elemento “disuasorio” para que los argentinos visiten Uruguay.

 

La resolución del gobierno argentino, que entrará en vigencia el próximo lunes cuando se publique en el Boletín Oficial, refiere a la obligación de un nuevo formulario con detalles estrictos sobre las características de la moneda con que los turistias viajaran al extranjero.

 

Toda causa de viaje

 

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CAMBIOS EN ACCIONES AL PORTADOR

En el marco del proceso de convergencia internacional en materia de información y transparencia financiera y fiscal, Uruguay ha venido implementando un conjunto de cambios en su normativa, muchos de los cuales seguramente no se habrían producido si no fuera por la presión y los condicionamientos provenientes del exterior. Fue en ese contexto que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que introduce diversos cambios en el régimen de las acciones al portador. Posteriormente, el diputado del Partido Independiente Iván Posada presentó su propio proyecto, estableciendo la conversión obligatoria de las acciones al portador en nominativas, iniciativa en la que fue apoyado por otros legisladores.

 

LAS ACCIONES

Las acciones son muchas veces definidas como partes del capital (integrado) de las sociedades anónimas o como representativas de dicho capital. Ello constituye un error. Acción es en realidad el nombre que se da a las participaciones de los socios en dichas sociedades (1), esto es al status de los mismos, posición jurídica compleja conformada por el conjunto de situaciones jurídicas activas, pasivas y neutras imputadas al socio en virtud de su calidad de tal. Cuando se transfiere una acción (en cuanto participación social), no se está traspasando una parte del capital integrado de la sociedad, ni tampoco una parte de su patrimonio, cuyo titular es y seguirá siendo la propia sociedad y no los accionistas (que tienen su propio patrimonio), sino la posición de socio. Pero la acción, tampoco "representa" dicha posición, sino que "es" esa posición. Como la acción no se puede representar a si misma, la palabra "representación" no puede desempeñar aquí ningún papel.

 

Ahora bien, las acciones pueden clasificarse según estén representadas o no por títulos (documentos) negociables. Las acciones se denominan escriturales cuando no se representan mediante dichos títulos, surgiendo la titularidad y transferencia de las mismas de anotaciones en cuenta efectuadas en un registro que lleva la sociedad.

 

Por su parte, las acciones representadas por títulos negociables, pueden ser al portador o nominativas (y en el segundo caso, endosables o no endosables). Aquí sí puede hablarse de representación, porque el título (como documento) representa a la acción (como participación social). Cuando se transfiere ese título, se transfiere también la posición de socio. Es de esa aptitud del "documento" acción para acreditar la titularidad de la "participación social" a la que también se denomina acción, que resulta la aptitud representativa de los mencionados documentos. Quien transfiera el título "acción" estará transfiriendo simultáneamente la participación social denominada también "acción".

 

Es de esa doble acepción de la palabra "acción" y de la utilización del capital integrado como medida de la participación en que consiste cada "acción", que deriva gran parte de las confusiones existentes en este aspecto.

 

LAS ACCIONES AL PORTADOR

Cuando se habla de acciones al portador se hace referencia no a las acciones como participaciones sociales sino a las acciones como documentos representativos de dichas participaciones, dotados de las siguientes características: en el texto de los títulos accionarios (ya representen una sola acción o varias) no se menciona el nombre de su tomador; para ejercer los derechos de socio basta con presentar dichos documentos; y se transfieren por la simple entrega material de los mismos.

 

Es cierto que sus titulares deben identificarse cuando ejercen cualquiera de los derechos de socio, pero fuera de esos casos, se preserva su anonimato. En cambio, las acciones nominativas indican el nombre de su tomador, su titularidad resulta de la tenencia de las mismas, siempre que el nombre del titular figure a la vez en las acciones y en el libro de registro de acciones nominativas que lleva la sociedad y además se transfieren por endoso (o por un contrato traslativo de la propiedad si son no endosables), entrega e inscripción de la transferencia en el libro mencionado (procedimiento complejo llamado "transfert").

 

En el caso de las acciones nominativas, el anonimato de sus titulares resulta de la existencia de obstáculos legales para que tanto los demás socios como los terceros accedan a las acciones (que el accionista tendrá en su poder) y también para que puedan exigir a la sociedad la exhibición del libro de registro mencionado.

 

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Miércoles, 25 de Abril de 2012 12:52

Ocde: el frente argentino

OCDE: ACUERDO FIRMADO CON ARGENTINA SUJETO A RATIFICACIÓN PARLAMENTARIA

 

ACUERDO EVITÓ RETROACTIVIDAD Y NO SERÍA DE APLICACIÓN INMEDIATA

 

Tributaristas afirman que se benefició a los uruguayos. Acuerdo dejaría afuera a las cuentas de financieras en zonas francas Darán crédito fiscal para evitar doble imposición

 

Uruguay finalmente firmó el tratado de intercambio de datos y eliminación de la doble tributación con Argentina. El texto garantiza la no retroactividad y habilita a dar créditos fiscales por impuestos pagos. Ahora la discusión pasa al Parlamento.

 

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunció ayer la concreción del tratado rechazando que esto se haya producido a cambio de un levantamiento de las trabas argentinas al comercio y remarcando el riesgo que implica para el país no firmarlo pese a la advertencia de los privados sobre la potencial pérdida de inversiones.

 

"Cumplimos con esto por decisión propia y no como contrapartida de nada", dijo Lorenzo en conferencia de prensa ayer, y agregó: "Aspiramos a tener acuerdos amplios porque le dan credibilidad y prestigio al país (...) El riesgo más importante es no ser parte de la cooperación internacional".

 

En Argentina el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que firmó por ese país el lunes en Anchorena, se limitó a ratificar a través de un comunicado de prensa la información y dijo que el convenio suscrito por ambos países "cumple con los estándares del `Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria` de la OCDE". Así también lo vieron los tributaristas uruguayos, que resaltaron que en los casos en que "se desvía", el texto "beneficia a Uruguay".

 

Ahora el acuerdo pasará al debate parlamentario. Lorenzo espera que esté aprobado entre junio y julio junto con el proyecto de ley para conocer la titularidad de las acciones al portador, a fin de solicitar a la OCDE una nueva revisión entre pares con sus dos exigencias cumplidas. Esta semana el gobierno enviará un informe al organismo con los pasos dados. Entre éstos figura también un "avance" en las "negociaciones" para la firma de un acuerdo similar con Brasil, aclaró el ministro.

 

Lorenzo enfatizó que el país "ha definido como estratégico hacer todas las acciones necesarias para el cumplimiento, porque Uruguay quiere ser parte de esa cooperación", dado que "en el mundo hacia el que vamos estos tratados son importantes".

 

LETRA CHICA. Una vez aprobado el acuerdo en ambos parlamentos, cada gobierno deberá notificárselo a su par. Pasados 30 días de la fecha, el acuerdo entrará en vigor. No obstante, el tributarista de Ferrere, Gianni Gutiérrez, dijo a El País que en algunos casos puede ocurrir que recién se pueda pedir información en 2014. "Si entra en vigencia el acuerdo en enero 2013 se estaría fiscalizando recién en 2014 porque hasta ahí hay tiempo para pagar el impuesto a los bienes personales, como el patrimonio". Esto ocurre para los impuestos anuales.

 

Al margen de las fechas, el texto acordado al que accedió El País descarta las operaciones de pedidos de información al barrer, conocidos como de pesca o "especulativos", permitiendo solo "solicitudes individualizadas y fundadas" que sean "relevantes para la determinación, liquidación, implementación, el control y la recaudación de impuestos".

 

En la práctica esto implica que no se podrá solicitar a la contraparte que proporcione datos sobre una lista de personas o empresas o sobre determinado rubro. Es más, el acuerdo establece que la solicitud de información se deberá hacer una vez que se haya "utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio" para obtener los datos, "excepto aquellos casos donde los recursos que se utilicen para recurrir a dichos medios podrían dar lugar a dificultades desproporcionadas". Además se deberá establecer "por escrito" y contar con la identidad de la persona a investigar, el período de la información, la naturaleza de la misma, el fin tributario, los motivos que hacen relevante el requerimiento y por qué se cree que la información la posee la contraparte.

 

El acuerdo afirma que se deberá poder acceder a información de: bancos, otras instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, entre otros. No será obligación obtener datos sobre la propiedad de sociedades que cotizan en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos "a menos que dicha información pueda obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas". El país al que se le requiere la información tendrá 60 días para notificar si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos y 90 días para notificar que no tuvo éxito en la búsqueda "explicando las razones de la imposibilidad", o dar los datos que serán confidenciales.

 

Si bien el objetivo plasmado es "asegurar una respuesta rápida" en la práctica lo que implica es que el intercambio no será automático o inmediato como en otros países.

 

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Viernes, 09 de Marzo de 2012 11:46

Bolsa de valores criticó nuevo proyecto de SA

Cambios. Economía está abierto pero registro sería único

 

A la Bolsa de Valores de Montevideo no le convence la redacción del anteproyecto de ley para identificar los accionistas al portador. El Ministerio de Economía está abierto a cambios siempre que por eso Uruguay "no quede mal parado".

 

El anteproyecto de ley que presentó Economía a legisladores de todos los partidos -y que estos quedaron en estudiar para realizar sugerencias durante los próximos 15 días antes que sea enviado al Parlamento- establece la exclusión de informar sobre los tenedores de títulos a las entidades que los emitan en oferta pública.

 

El artículo 14 del texto establece que "no estarán obligadas a presentar la información (...) las entidades que hayan emitido sus acciones, cuotas sociales y demás títulos de participación patrimonial a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos coticen regularmente y estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados, de acuerdo con los criterios y dentro de los límites que establezca la reglamentación".

 

Además señala que "cuando dicha emisión no comprenda la totalidad de los títulos emitidos, deberán cumplirse las obligaciones a que refiere la presente ley -es decir informar sus tenedores- por la parte que corresponda a la emisión privada".

 

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Sábado, 18 de Febrero de 2012 08:31

Lavado de activos

Escribanos: Piden anonimato en denuncias por lavado de dinero en bienes raíces

 

La Asociación de Escribanos del Uruguay manifestó su preocupación por la seguridad de sus asociados en los casos de denuncia obligatoria de presunto lavado de dinero, cuando se efectúan operaciones inmobiliarias.

 

Para ..la presidenta de la Asociación de Escribanos,..“si hago el reporte y mi nombre trasciende, ya sabés como son ese tipo de delincuentes”, argumentó.

 

En otros países donde existe la colegiatura, los escribanos realizan la denuncia ante el colegio que es el que se encarga de dar parte a las autoridades; en Uruguay ello podría realizarse a futuro a través de la Asociación, aunque se da el caso que la afiliación no es obligatoria y hay un porcentaje (5%) de profesionales no adheridos.

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Jueves, 26 de Enero de 2012 10:49

Secreto Bancario amenazado desde EEUU

 

Ley de EEUU vulnerará el secreto bancario

 

La ofensiva de los países desarrollados en contra de la opacidad financiera y en pos de in­crementar sus vapuleados ingresos fiscales tendrá un nuevo capítulo al cierre de este año, cuando entre en vigencia una normativa estadouni­dense que exigirá información de las cuentas bancarias de sus ciuda­danos en el mundo.

 

A nivel local, expertos tribu­tarios consultados por El Obser­vador coinciden en afirmar que la norma tensionará el secreto bancario uruguayo, y dejará a las instituciones financieras en una delicada situación.

 

A partir del 31 de diciembre de este año regirá la norma co­nocida como Fatca, por sus siglas en inglés (Foreign Account Tax Compliance Act), que establece la obligación a las instituciones de enviar reportes anuales sobre los movimientos de cuentas de ciu­dadanos estadounidenses al ór­gano recaudador de ese país (IRS).

 

La norma de EEUU indica ade­más que ante la existencia de nor­mativas nacionales que impidan revelar la información, se intente "obtener una excepción" o ante su imposibilidad directamente "clausurar la cuenta del cliente" estadounidense, lo que acarrearía perjuicios para el banco nacional,..

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El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Proyecto de Ley en el cual se instrumenta la forma de identificación de los titulares de las participaciones patrimoniales en sociedades y demás entidades, con o sin personería jurídica.

 

Es propósito del Poder Ejecutivo efectuar avances hacia una convergencia técnica con los estándares internacionales tanto en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo como de transparencia fiscal internacional en materia tributaria.

 

El proyecto de ley tiene por objetivo lograr la disponibilidad sobre la información referida, al tiempo que pretende mejorar las condiciones de acceso a la misma.

 

En primer lugar, soluciona el problema de identificación de los propietarios de acciones al portador, sin realizar modificaciones en la Ley Nº 16.060 (Ley de Sociedades Comerciales) de 4 de setiembre de 1989. En efecto, la posibilidad de modificar la referida norma disponiendo la transformación de acciones al portador en acciones nominativas (solución adoptada por algunas jurisdicciones) ocasionaría dificultades desproporcionadas al objetivo que se plantea.

 

El problema se resolvería en el marco del Derecho Tributario. Al disponerse el registro en la órbita de la Dirección General Impositiva, la información recabada queda amparada por el artículo 47 del Código Tributario (Secreto Tributario). Además por aplicación del artículo 5 de la Ley Nº 17.835, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, tiene permitido el acceso a la referida información a efectos de la aplicación de la normativa de prevención sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, a la cual no le resulta oponible el mencionado secreto.

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Viernes, 09 de Diciembre de 2011 11:59

OCDE: Presión sin chance de sanción

 

Uruguay procura limpiar­se la mancha que le ha puesto la OCDE al evaluar su comportamiento en materia de transparencia tribu­taria.

 

Para eso debe cumplir con dos requisitos: uno que depen­de del propio país y otro que es más complejo, porque está vinculado a otros países, funda­mentalmente a Argentina.

 

El interno se pretende cumplir con una ley sobre las sociedades anónimas; el externo, que obede­ce a un acuerdo de intercambio de información tributaria con "los países relevantes", como Argenti­na y Brasil, llevará más tiempo.

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Viernes, 06 de Mayo de 2011 16:03

LAVADO DE ACTIVOS

Nueva normativa

  • Lavado de activos en la actividad inmobiliaria
  • Delitos contra la Administración Pública (Decreto 355_2010)
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