Miércoles, 03 de Octubre de 2012 12:25

El ahorro en moneda nacional fue superior

AHORRAR EN PESOS HUBIESE DADO GANANCIA DE 200%

 

Calloia. Lo expresó tomando en cuenta los últimos 7 años

 

La mayoría de los uruguayos, incluidos los de mayor poder adquisitivo, ahorran dólares en colchones, macetas o el freezer, lo que en los últimos 7 años les impidió ganar un 200% si hubieran colocado esos activos en moneda nacional.

 

El dato fue aportado ayer por el presidente del Banco República, Fernando Calloia, durante la inauguración de un encuentro sobre educación financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) celebrado en el hotel Conrad de Punta del Este.

 

"¿Dónde habitualmente guarda sus ahorros?", fue la pregunta formulada a los encuestados por una empresa consultora contratada por el BROU.

 

Las dos terceras partes de la población guardan sus ahorros en su propio domicilio en efectivo lo que deja en claro que la enorme mayoría de los uruguayos desconocen los beneficios de contar con una cuenta bancaria, según Calloia.

 

"En el nivel socioeconómico alto el 76% del ahorro se guarda en efectivo. Cuando les preguntamos dónde lo ahorran ahí empiezan a aparecer los freezers, debajo de la maceta, entre los platos, es decir, aparecen esos métodos de ahorro no tradicional que a uno desde el sistema bancario le parece llamativo de que existan", indicó.

 

"La educación financiera es un aspecto esencial no solo para que las familias administren sus ingresos, como poder tener una cuenta bancaria, sino como un instrumento de inclusión económica y social. Cuando las familias están incluidas financieramente, cuando tienen una caja de ahorro o pueden ahorrar o toman decisiones acertadas desde el punto de vista financiero, también se beneficia la sociedad. En términos de ahorros que las dos terceras partes del país utilicen el colchón como forma de ahorro y no el sistema bancario formal, ya de por sí está indicando que tenemos que trabajar bastante en términos de educación financiera", dijo Calloia. "Las tres cuartas partes de los ahorros de los uruguayos son en dólares. Solamente una tercera parte en moneda nacional o en unidades indexadas", agregó el presidente del Banco República.

 

Calloia atribuyó esta modalidad a un hecho cultural y resaltó que si esos activos hubieran sido colocados en el año 2005 en moneda nacional habrían alcanzado rendimientos del orden del 200%.

 

"Es muy atractivo el manejo en dólares a pesar que los rendimientos de las inversiones en pesos son muchísimos más altos que los rendimientos en dólares", enfatizó.

 

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Jueves, 06 de Septiembre de 2012 12:03

El secreto bancario

URUGUAY ENCONTRÓ UNA SOLUCIÓN MODELO PARA SU SECRETO BANCARIO

 

Más allá de su "celeridad", el proceso de levantamiento del secreto bancario en Uruguay al momento de responder a una solicitud de intercambio de información en el marco de acuerdos con otros países otorga "adecuadas garantías" al titular del depósito. Eso porque no solo da la posibilidad de tomar conocimiento del petitorio y efectuar descargos por vía administrativa sino que además goza de tutela judicial, en doble instancia, sostiene Fernando Barrios Migliarini, integrante del estudio Hugues & Hugues, en una monografía premiada por la Federación Latinoamericana de Bancos.

 

El jurado de la XIV edición del concurso de monografías jurídicas para abogados menores de 35 años se pronunció a fines de agosto en la ciudad de Bogotá. Además de un premio de dinero en efectivo, el ganador podrá exponer su trabajo en el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero que se realizará del 10 al 12 de octubre, en Montevideo.

 

En su trabajo —titulado "El secreto bancario en tiempos de intercambio de información tributaria"—, Barrios Migliarini afirma que "no puede sino celebrarse la solución adoptada por el Derecho uruguayo, que bien podría servir de referencia a otros sistemas (...)".

 

En el marco de presiones de grupos de países, en particular el denominado G-20, desde 2009 Uruguay firmó cerca de una treintena de acuerdos bilaterales que regulan la cesión de datos tributarios a los efectos de investigar supuestos casos de evasión. Dichos tratados prevén mecanismos para levantar el secreto bancario.

 

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Miércoles, 05 de Septiembre de 2012 16:46

PPP próxima entrada en vigencia del registro

A UN MES DE OBLIGAR A REGISTRAR ACCIONES, SOLO LLUEVEN CONSULTAS

 

A un mes de vigencia de la ley que obliga a registrar las acciones al portador en el BCU, los estudios jurídicos han recibido una lluvia de consultas. El formulario para registrarse se divulgó recién el lunes y los abogados demandan una prórroga.

 

Las empresas están asesorándose si les conviene registrarse o directamente pasar sus acciones a nominativas. En algunos casos -fundamentalmente los que no están operando y por ejemplo tienen solo un inmueble en su patrimonio-, hasta optan por disolverlas, informaron a El País en importantes estudios de abogados.

 

La ley 18.930 previó un procedimiento más ágil para los casos en que se cambien a nominativas. Los titulares de esas acciones están exonerados de registrarse en el BCU, pero sí deben figurar en un libro de la sociedad. La contracara es que esas acciones pagan impuesto a la renta al ser vendidas.

 

El mecanismo permite hacer el cambio solo publicando la transformación en el diario oficial y comunicándolo a la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

 

Eugenio Xavier de Mello, socio del estudio Herbert, Ramírez, Xavier de Mello & Abal, señaló que "la mitad" de los clientes de su estudio están pensando en pasarse a nominativas. "Son decisiones que las van madurando. Hay gente que ha tomado la decisión pero no hemos instrumentado", afirmó. El abogado señaló que en estos caso no hay derecho de receso, es decir, que cuando la asamblea de accionistas resuelve por más del 75% cambiar los estatutos, la minoría no puede retirarse de la sociedad con su dinero.

 

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Miércoles, 15 de Agosto de 2012 12:11

DGI inspecciona al agro

DGI FISCALIZARÁ 100 FIRMAS DEL AGRO; ESTIMA EN 25%-30% EVASIÓN DEL SECTOR

 

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a fiscalizar establecimientos rurales que, según datos cruzados con Colonización, presentan riesgo de evadir tributos. En un mes se controlarán 100 firmas que en total facturan US$ 500 millones al año.

 

Alrededor de 60 inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) comenzaron una recorrida a lo largo de todo el país con el fin de establecer si unos 100 establecimientos rurales que facturan en promedio $ 100 millones al año cada uno (unos US$ 5 millones) evaden impuestos tales como el IRPF e IRAE y, de forma simultánea, si se viene cumpliendo con la partida correspondiente del ICIR.

 

Según informó el director general de Rentas, Pablo Ferreri, "vamos a estar concurriendo a los propios establecimientos rurales para la información y corroborar las inconsistencias que surgieron a través del cruce de diversas bases de datos".

 

Si bien no hay un estudio pormenorizado al respecto, Ferreri dijo a El País que se estima que la evasión impositiva en el agro uruguayo "se ubica entre 25% y 30%, mientras que la de la economía en general por concepto de evasión de IVA es del 15%.

 

El director general de Rentas contó que el operativo ya comenzó y un grupo de inspectores se encuentra en el departamento de Artigas. El relevamiento de las primeras 100 empresas llevará un tiempo de un mes. Según Ferreri, "seleccionamos las empresas que presentaban la mayor probabilidad de riesgo. En su conjunto suman una facturación de US$ 500 millones al año".

 

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Lunes, 13 de Agosto de 2012 10:05

Paticipaciones Patrimoniales al Portador (PPP)

LEY Nº 18.930

CÓMO Y CUÁNDO INFORMAR

 

El 2 de agosto del corriente el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 247/2012 que reglamentó la Ley Nº 18.930 por la cual se creó un registro para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador (PPP), estableciendo normas que complementan la disciplina del nuevo régimen de información y registro de esos titulares.

 

Cabe recordar que, de acuerdo al art. 1 de la Ley, los titulares de PPP emitidas por toda entidad residente en el país (incluyendo fideicomisos y fondos de inversión regulados por el BCU cuyas participaciones o cuotapartes estén representadas en PPP), por las entidades no residentes (1) que estén comprendidas en los lit. A) y B) del inc. 1 del art. 2 de la Ley (cualquiera cual sea su naturaleza jurídica), y los fideicomisos y fondos de inversión en el exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes en el país, deben suministrar a la entidad emisora la información que permita identificar al titular, la que estará contenida en una declaración jurada (DJ). Analizaremos el contenido y forma de esa DJ y de la comunicación que debe cursar la entidad emisora al BCU, así como los plazos para efectuarlas.

 

I. CONTENIDO DE LA DJ

 

a) Personas físicas: nombre del titular declarante, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la DGI, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE), o documento identificatorio expedido por otro Estado.

 

b) Sucesiones indivisas cuando no hubiese aún declaratoria judicial de herederos: la declaración podrá ser formulada a nombre de la sucesión indivisa por cualquiera de los herederos presuntos acreditando tal calidad mediante certificado notarial. Cuando sean declarados judicialmente los herederos, cada uno de ellos deberá efectuar su declaración por el porcentaje que le corresponda en el acervo sucesorio.

 

c) Personas jurídicas u otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad declarante, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE) expedidos por la DGI, en su caso, y nombre, domicilio y documento identificatorio del representante que firme la declaración. Quedan comprendidas las entidades en liquidación hasta que se cancele su personería jurídica.

 

d) Personas distintas del titular (mandatarios, tenedores, custodios, depositarios): se incluirán, además de los datos del titular ya mencionados, los mismos datos respecto a estas otras personas físicas o jurídicas.

 

e) Usufructuarios o titulares de otros derechos reales menores que pudiesen haberse constituido sobre los valores: ídem d).

 

En todos los casos deberá especificarse el valor nominal total de las PPP emitidas por la entidad, así como el lugar físico donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia. Si se tratara de cupones, bonos, partes beneficiarias u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal, se indicará el derecho que confiere el respectivo instrumento a su tenedor.

 

Se prevé que el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), podrá establecer formatos de DJ así como exigir que se incorporen en esa DJ datos adicionales, y que la Auditoría Interna de la Nación determinará los criterios técnicos según los cuales deberán formularse las declaraciones juradas para su correcta registración.

 

II. COMUNICACIONES

 

Las personas que hemos mencionado deben asimismo informar a la entidad emisora, mediante DJ, toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto cuando se produzca una variación del valor nominal de las PPP que no altere el porcentaje de participación del declarante en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio, según corresponda (2), y los cambios en la titularidad de las participaciones. En este último caso, el nuevo titular deberá incluir la identificación del enajenante y la fecha de la transferencia.

 

III. LA DJ DE LA ENTIDAD EMISORA ANTE EL BCU

 

La entidad (SA, fideicomiso, fondo de inversión, etc.), debe comunicar al BCU, también mediante una DJ, la información recibida del titular y el monto total del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, según el caso, a valores nominales, y la participación que en la entidad corresponda a cada uno de los titulares.

 

Si la información recibida fuera parcial porque algunos titulares de PPP no cumplen con su obligación, la entidad igualmente presentará la DJ con la información de los titulares que sí hayan remitido su DJ.

 

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Lunes, 30 de Julio de 2012 10:21

Créditos fiscales por proyectos de inversión

CERTIFICADOS DE CRÉDITO POR PROYECTOS

 

 

1. INTRODUCCIÓN

 

Uno de los beneficios fiscales que se otorga habitualmente a las empresas cuyos proyectos de inversión han sido declarados promovidos, es la devolución del IVA incluido en las adquisiciones de materiales y servicios vinculados a la inversión en obra civil.

 

Dicha devolución es de suma importancia para empresas que no pueden recuperar parte del IVA incluido en sus compras, por contar con ingresos no gravados por este impuesto. Recordemos que en la liquidación general de este impuesto, se puede descontar del IVA facturado, el IVA incluido en las compras de bienes y servicios asociados directa o indirectamente a las operaciones gravadas y de exportación, pero no así el asociado a los ingresos no gravados.

 

Asimismo, es un beneficio financiero relevante para empresas que demorarían un tiempo considerable en recuperar este crédito, ya sea porque están iniciando sus actividades o porque la envergadura de la inversión hace que tengan un crédito por IVA mayor al IVA ventas generado.

 

El crédito otorgado por la Resolución que declara promovido el proyecto se hace efectivo mediante el mismo procedimiento que rige para los exportadores. La normativa establece que estos pueden solicitar la devolución del IVA mediante certificados de crédito, los que pueden ser endosables o no.

 

2. APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

 

En forma resumida, los certificados de crédito no endosables -es decir aquellos que solo pueden ser aplicados al pago de obligaciones tributarias propias del titular- pueden ser, tipo A: para cancelar obligaciones ante DGI, o tipo D: para el pago de obligaciones ante BPS.

 

Por su parte, aquellos que sean endosables a favor de proveedores pueden ser solicitados como tipo B: para el pago de obligaciones del proveedor ante DGI, o tipo E: para el pago de obligaciones del proveedor ante BPS.

 

Finalmente, existe la posibilidad de solicitar certificados endosables sin destinatario para el pago de obligaciones ante DGI: tipo C, pero solamente en caso de verificarse situaciones muy puntuales, y quedando a discreción de la DGI la facultad de otorgar los mismos, dependiendo de la situación tributaria de la empresa solicitante.

 

En los casos de los certificados endosables a proveedores, el monto solicitado estará limitado al IVA facturado por el proveedor en el ejercicio fiscal en el cual se genera el crédito.

 

Por otra parte, cuando el proveedor no pueda utilizar los certificados de crédito por encontrarse al día con sus obligaciones, puede solicitar un nuevo certificado a favor de sus propios proveedores y hasta el monto equivalente al IVA facturado en sus suministros del ejercicio en curso (trámite que se conoce como "cambio de endosatario").

 

3. FECHA DE EXIGIBILIDAD

 

En caso de certificados endosables los mismos serán exigibles desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se generó el crédito. Es decir, cuando los mismos se presenten ante el Organismo recaudador (DGI o BPS) para cancelar obligaciones, las mismas se considerarán canceladas en la fecha de exigibilidad del certificado.

 

Esto es así siempre y cuando dichos certificados se presenten ante los citados Organismos, en un plazo no mayor a un año contado desde la fecha de su emisión. Esta fecha también es válida en el caso de cambio de endosatario, donde debe tenerse en cuenta que el plazo del año se computa desde la fecha de emisión del certificado original y no del nuevo certificado emitido.

 

Si el certificado de crédito se presenta luego de un año desde la fecha de emisión original, la fecha de cancelación será la de su presentación ante el Organismo recaudador correspondiente.

 

Cuando los certificados de crédito se utilicen para cancelar obligaciones por aportes personales y aportes patronales por servicios bonificados, se tomará como fecha de cancelación la de entrega del correspondiente certificado de crédito al BPS, no rigiendo la exigibilidad antes comentada.

 

A modo de ejemplo, supongamos que un proveedor facturó en enero de 2012 materiales para una obra (incluyendo el IVA). En julio de 2012 recibió los certificados de crédito entregados por su cliente, cuyo proyecto fue declarado promovido. En agosto se presentará a la DGI a cancelar el IVA facturado en el mes de enero. Su pago será considerado hecho en fecha, dado que los tributos de enero vencen en febrero y la fecha valor del certificado que recibió es del 1º de febrero de 2012 y los presentó antes del año de emitido el certificado.

 

4. ¿CUÁNDO SE PUEDEN SOLICITAR?

 

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URUGUAY TIENE EL RÉGIMEN IMPOSITIVO DE PAÍSES DESARROLLADOS, DICE ASTORI

 

 

Con la reforma implementada cinco años atrás, "el sistema tributario uruguayo se ha acercado muchísimo a los sistemas más modernos que existen en los países de mayor desarrollo", afirmó a Búsqueda el vicepresidente de la República, Danilo Astori.

 

"Hoy tenemos un sistema profundamente diferente al del pasado, pero que cumple con los requisitos que exige un proceso de desarrollo económico y social. Y sobre todo en un gobierno de izquierda, que necesita un sistema tributario con algunos valores que sean la base de sustentación del mismo", agregó.

 

Para Astori —quien era el ministro de Economía cuando se diseñó y puso en aplicación la reforma tributaria de 2007—, con esto Uruguay dio un paso en camino al desarrollo económico.

 

Valoró como "muy positiva" dicha reforma, aunque apuntó que ese "no puede ser un juicio defintivo, en el sentido de que el sistema tiene objetivos y equilibrios muy definidos, pero al mismo tiempo está sujeto a mejoramientos permanentes".

 

Recordó que el nuevo régimen tributario tiene como objetivos aumentar la equidad, la eficiencia de los impuestos y estimular la inversión productiva, sin perder de vista al momento de adoptarlo "equilibrios fundamentales", como las "necesidades fiscales" y la posibilidad de aplicarlo.

 

"Hoy hay mayor equidad", enfatizó el vicepresidente. Eso, aclaró, no fue "resultado exclusivo del sistema tributario, porque el que juega un gran papel, más que los ingresos, es el gasto público social". En esa línea, afirmó que hubo una "reducción notable de la pobreza y de la indigencia, y el año 2011 es el mejor ejemplo" de esa evolución. También fue "notoria" la mejora en la distribución del ingreso, añadió.

 

Recaudación. Astori observó que en los últimos años se verificó un incremento sostenido de la recaudación de impuestos, lo que, dijo, ocurrió "sin aumentar los impuestos". Gracias a la mejora de la eficiencia de la administración tributaria, el pago del Impuesto al Valor Agregado creció "espectacularmente" y la evasión de ese tributo cayó de niveles cercanos a 40% de su potencial recaudatorio a aproximadamente 15%, subrayó.

 

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TRAS FALLOS JUDICIALES ADVERSOS, LA DGI BUSCA FORTALECERSE

           

Legal. A través de una ley, el organismo pretende enmendar un error por el que viene perdiendo juicios contra contribuyentes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

           

El director de la DGI, Pablo Ferrari, aseguró que el organismo está siendo cada vez más riguroso.

           

La Dirección General Impositiva (DGI) perdió 51 juicios de los 71 que resolvió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en 2010 por cuestiones de fondo y otros tantos en 2011.

 

A raíz de la sentencia, la Impositiva resolvió enmendar su error a través del artículo 266 del proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento.

 

La DGI insiste en que debe multarse cada concreción del error (una multa por factura) y no la infracción en sí de forma genérica. Por este motivo, el artículo 266 incluido en la Rendición de Cuentas, eleva la multa máxima a contribuyentes por errores de US$ 210 a US$ 200.000. El artículo se propone tipificar la contravención como "cada documento o compromiso, individualmente considerado que transgreda el régimen general de documentación".

 

"Con la interpretación de que solo se puede aplicar la multa una vez, estamos cayendo en el ridículo", dijo el director de Rentas, Pablo Ferrari. Agregó que "con la penalización máxima para contribuyentes que emiten miles de documentos con errores que obstaculizan el control de la administración es de $ 4.570".

 

Por su parte, el tributarista Alberto Vaerla, del estudio Ferrere, cuestionó la iniciativa. Para Varela, este artículo permite establecer "multas desproporcionadas" en relación con el error. Dijo que ya "sobran artículos en el Código Tributario que sancionan a los defraudadores".

 

Fuente: El observador el jueves, 26 de julio de 2012

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Proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal: Precios de Transferencia

 

Algunos cambios tributarios propuestos en el Proyecto de Ley referente a la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2011.

 

En la presente entrega expondremos algunos de los artículos del mencionado proyecto vinculados con diversas normas tributarias que resultan de interés.

 

Precios de transferencia

Mediante el artículo 271 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas se otorga al Poder Ejecutivo la facultad para disponer la aplicación de un régimen de acuerdos anticipados de precios, con los contribuyentes, en el marco del régimen de precios de transferencia. Dichos acuerdos deberán suscribirse con anterioridad a la realización de las transacciones que comprendan, y no podrán exceder de cinco ejercicios fiscales.

 

Recordamos que los Acuerdos Anticipados sobre Precios de Transferencia (en inglés "Advanced Pricing Agreements" o "APAs") son acuerdos entre el contribuyente y una o más autoridades fiscales que determinan, anticipadamente, los precios o niveles de utilidad en operaciones comprendidas, así como criterios apropiados para la determinación de los precios de transferencia para esas transacciones por un período determinado de tiempo. Tiene, como propósito, ser un complemento a los mecanismos tradicionales para evitar o resolver disputas relacionadas con precios de transferencia.

 

Cabe señalar que dicha facultad fue ejercida previamente a través del artículo 15 bis del Decreto N° 56/009, en donde se establece que la DGI pueda celebrar acuerdos de precios con los contribuyentes, y que la duración de los mismos no pueda exceder de tres ejercicios.

 

De esta forma, se armonizan las disposiciones que regulan estos acuerdos, al otorgarle al mismo rango legal. Por otra parte, podríamos decir que, en la práctica quedará en manos de la Administración extender el período previsto en el Decreto N° 56/09, de tres a cinco ejercicio, si así lo entendiera oportuno.

 

En otro orden, y también dentro del mismo ámbito de aplicación del régimen de Precios de Transferencia, a través del artículo 272 del proyecto de ley, se establecen sanciones para aquellos contribuyentes amparados en el régimen, cuando los mismos incumplan cualquiera de los deberes formales establecidos en el mismo.

 

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PROYECTO DE LEY: REGISTRO DE TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR

 

En el marco de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, el pasado 17 de mayo, la Cámara de Representantes sancionó un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que establece la obligación de informar los datos identificatorios de los propietarios de títulos de participación patrimonial, aún debe ser aprobado por la Cámara de Senadores y luego ser promulgado.

 

¿Cuál es el objetivo que persigue el Proyecto?

 

Según surge de la exposición de motivos, lo que se busca es seguir avanzando hacia el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal internacional, de conformidad con los compromisos que nuestro país ha asumido en la materia.

 

¿En qué consiste este Proyecto?

 

El Proyecto establece que los propietarios de títulos al portador emitidos por toda entidad residente en el país (es decir, aquella constituida de acuerdo a las leyes nacionales), deberán informar sus datos identificatorios así como el valor nominal de los títulos de su propiedad a la entidad emisora. Una vez recibida la información, la entidad emisora cumplirá con ingresarla, mediante una declaración jurada, al registro que llevará el Banco Central a estos efectos.

 

Las entidades no residentes ¿quedan comprendidas en este régimen?

 

El Proyecto establece que los titulares de participaciones patrimoniales en entidades no residentes deberán cumplir con la obligación de informar siempre que estas entidades cumplan con alguna de las siguientes condiciones: (i) que actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente; o (ii) que radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior, entendiéndose por tales aquellas actividades lucrativas industriales y de servicios realizadas por empresas, es decir unidades productivas que combinen capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios.

 

Con respecto a la primera hipótesis, se establece mediante remisión que estamos ante un establecimiento permanente cuando un no residente realice toda o parte de su actividad por medio de un lugar fijo de negocios en nuestro país.

 

En lo que refiere al segundo caso, se entiende que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en nuestro país cuando radique aquí la dirección y control del conjunto de sus actividades. Son actividades empresariales aquellas actividades lucrativas industriales y de servicios realizadas por empresas, es decir unidades productivas que combinen capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios.

 

Debe tenerse presente que para el caso de entidades no residentes, la obligación de informar no se limita a los títulos al portador, por lo que deben considerarse comprendidos los títulos nominativos.

 

¿Cómo y dónde funcionará el registro?

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