Domingo, 04 de Noviembre de 2012 11:22

DGI regularizó a deudores de Irpf

DGI REGULARIZÓ A 850 DEUDORES DE IRPF

 

Dato. Pese a tener más de un ingreso, no presentaron declaración jurada en 2008-2010

La DGI intimó a 1.100 personas que, pese a tener más de un ingreso, omitieron presentar declaración jurada por IRPF o IASS en 2008-2010. Unas 850 se regularizaron y pagaron $ 78 millones al fisco. A las restantes se les aplicará cobro coactivo.

 

Mediante el uso de tecnología para cruzar datos y así detectar de forma masiva el riesgo de evasión, la Dirección General Impositiva (DGI) logró regularizar la presentación de 1.449 declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rentas del trabajo y de Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

 

Esas declaraciones totalizaron $ 58,7 millones, pero si se consideran además las sanciones aplicadas (que representaron $ 18,8 millones), el fisco obtuvo ingresos por $ 77,5 millones, según datos proporcionados a El País por el director general de Rentas, Pablo Ferreri.

 

Este año Impositiva recibió 129.961 declaraciones juradas de IRPF y 14.189 de IASS, un nivel récord. No conforme con ese resultado, la DGI continuó trabajando y detectó que 1.100 personas habían omitido presentarla en 2008, 2009 y 2010 pese a tener más de un ingreso (dos trabajos, un trabajo y una pasividad o dos pasividades por ejemplo) que superaba el monto fijado que los obligaba a hacerlo, de cerca de $ 300.000 anuales.

 

La DGI los detectó al cruzar datos provenientes del Banco de Previsión Social u otras cajas y otros que surgen de declaraciones de empresas. Se usó la misma técnica que se aplica para elaborar las declaraciones juradas borrador que el fisco proporciona a algunos contribuyentes.

 

En promedio, cada uno adeudaba unos $ 53.000 en impuestos. En varios casos debieron presentar declaraciones por más de un año omitido, ya que hasta el momento 850 personas presentaron 1.449 documentos.

 

Los contribuyentes deudores tuvieron que ponerse al día, lo que implicó pagar los impuestos que correspondían y también multas y recargos. "Obviamente pudieron suscribir convenios de pago hasta en 36 cuotas", dijo Ferreri.

 

Las sanciones incluyen una multa del 20% de lo que no habían pago y un recargo que se calcula desde el día del incumplimiento hasta el día del pago.

 

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Jueves, 27 de Septiembre de 2012 19:51

Ocde: como eludir el tratado con Argentina

CONTADOR ARGENTINO PLANTEA FÓRMULA PARA ELUDIR TRATADO

 

Un contador argentino aseveró ante empresarios que la forma de eludir los efectos del acuerdo para el intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina es mediante las sociedades panameñas. Juristas uruguayos tienen dudas.

 

El contador argentino Marcos Torassa, docente universitario y especialista en impuestos, dijo ayer en un evento del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacional (CURI) que los propietarios argentinos de inmuebles en Uruguay pueden eludir el acuerdo de intercambio de datos pasando el bien a nombre de una sociedad anónima panameña. El profesional explicó que de esa forma ninguno de los dos estados podrá investigar al propietario dado que el acuerdo se limita a la información que manejan los distintos organismos oficiales de ambos países.

 

Torassa subrayó que el acuerdo de intercambio "es una vieja aspiración argentina" y que tiene limitaciones. Entre ellas que está expresamente prohibido que inspectores tributarios pasen de un país a otro. Además, que no se podrán hacer las llamadas "expediciones de pesca", una forma de recolección de evidencia de carácter especulativo.

 

Sin embargo, los técnicos uruguayos que participaron como panelistas manifestaron sus dudas acerca de los efectos jurídicos de la norma.

 

El senador Sergio Abreu, presidente del CURI, señaló que el acuerdo de intercambio con Argentina "no se debe firmar porque faltan garantías jurídicas". Subrayó que "el secreto de los tratados internacionales está en el principio de la buena fe".

 

El abogado Juan Manuel Romero Godoy, por su parte, señaló que tiene reparos por el "uso de un lenguaje confuso que genera contradicciones a la hora de aplicar el tratado".

 

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Jueves, 13 de Septiembre de 2012 14:05

Servicio doméstico

DERECHOS Y DEBERES DEL SERVICIO DOMÉSTICO

 

¿Qué obligaciones corresponden al patrón que contrata a un trabajador doméstico?

 

Al momento de contratar a un trabajador de servicio doméstico corresponde al empleador darle de alta ante el Banco de Previsión Social y contratar el seguro de accidentes de trabajo del Banco de Seguros del Estado. Asimismo es obligación del empleador extender recibo de pago de haberes,  con todas las constancias que exige la normativa, cada vez que se efectúa el pago de beneficios laborales.

 

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores domésticos?

 

En primer lugar tienen derecho a cobrar un salario mensual o jornal diario como contraprestación de su trabajo; corresponde también el pago de licencia, salario vacacional y aguinaldo. En caso de exceder el límite de la jornada legal corresponde el pago de horas extra con el recargo legal.

 

De acuerdo a la normativa vigente el personal doméstico se encuentra incluido en la cobertura del subsidio de desempleo así como en la cobertura médica.

 

Los Consejos de Salarios fijan un salario mínimo para los trabajadores domésticos y dictan ajustes de salarios que son  obligatorios para todos los empleados y empleadores.

 

Régimen de jornada laboral

 

De acuerdo a la ley N° 18.065, los trabajadores domésticos tienen su jornada laboral limitada. Se establece un límite de ocho horas por jornada de trabajo y por otra parte se establece una limitación semanal de cuarenta y cuatro horas, previéndose un descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, las cuales deben comprender el día domingo pudiendo las partes acordar el día de la semana en el que se gozará el descanso restante, pudiéndose optar entre el sábado en la tarde y el lunes por la mañana.

 

La ley distingue entre trabajadores “con retiro” que son aquellos que no pernoctan en el lugar de trabajo y los trabajadores “sin retiro” que por el contrario son aquellos que durante la semana duermen en el hogar en el que prestan tareas. Los empleados domésticos “con retiro” tendrán un descanso intermedio en cada jornada de media hora que se computará como tiempo de trabajo y en consecuencia será un descanso pago. En el caso de los empleados domésticos “sin retiro” el descanso intermedio deberá ser como mínimo de 2 horas, las cuales no serán computadas como tiempo de trabajo, ni serán remuneradas. A su vez se establece que el personal “sin retiro” deberá contar con un descanso nocturno inter-jornadas de mínimo nueve horas, el que no podrá ser interrumpido por el empleador.

 

Período de prueba e indemnización por despido

 

La norma legal citada establece un período de prueba de noventa días a partir del comienzo de la relación laboral, durante el cual el empleador podrá dar de baja al empleado doméstico sin que corresponda el pago de indemnización por despido.

 

Una vez finalizado el período de prueba el trabajador doméstico, al igual que cualquier otro empleado del sector privado, en caso de despido tiene derecho a una indemnización calculada de acuerdo a las normas generales. Este derecho se pierde sólo en caso de notoria mala conducta.

 

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Martes, 11 de Septiembre de 2012 12:37

DGI: salones de fiestas y eventos

De acuerdo a las disposiciones de la Resolución DGI 890/012 de 22/05/12, la DGI implementó el Formulario 3910 (Declaración Jurada informativa ante DGI – Explotadores de salones de fiestas) que debe confeccionarse obligatoriamente a través del programa de ayuda Sigma.

 

 ANTECEDENTES

 

La Resolución DGI 890/012 de 22 de mayo de 2012 implementó un régimen de suministro de información por parte de quienes exploten o arrienden salones o áreas superiores a 200 m2 destinados a fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros.

 

NIVELES DE INFORMACIÓN

 

1. Información de los prestatarios a los salones de eventos

 

En forma previa a la realización de la fiesta, evento o similar, los prestatarios (clientes) de los obligados a informar (salones), deberán identificar a sus proveedores de servicios, alimentación y bebidas para el evento. Dicha información se confecciona en el Formulario 3104 de la DGI el que debe ser entregado al explotador del salón.

 

2. Información del explotador del salón de eventos a la DGI

 

Quienes exploten o arrienden, salones o áreas, superiores a 200 m² destinados al desarrollo de fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros; deberán presentar mensualmente ante la DGI la declaración jurada informativa Formulario 3910 acerca de su actividad.

 

VIGENCIA Y PLAZOS

 

La Resolución 890/012 es aplicable para las fiestas, eventos o similares, realizados a partir del 1º de junio de 2012, aún cuando las correspondientes enajenaciones de bienes o prestaciones de servicios hayan sido documentadas con anterioridad a dicha fecha.

 

Las declaraciones correspondientes a fiestas, eventos o similares desarrollados en los meses de junio a setiembre de 2012, vencerán en el mes de octubre de 2012, conforme a las fechas previstas en el Cuadro General de Vencimientos.

 

NO OBLIGADOS

 

No se encuentran comprendidos en el régimen los salones o áreas que constituyan bienes afectados al uso común de copropietarios de conformidad al régimen jurídico aplicable.

 

RESOLUCIÓN DGI Nº 890/012 DE 22 DE MAYO DE 2012

 

VISTO: el artículo 68 literal E) del Código Tributario.

 

RESULTANDO: I) que la Administración Tributaria tiene las más amplias facultades de requerir información a terceros;

 

II) que en el caso de adquisición de ciertos bienes y prestación de servicios destinados al desarrollo de fiestas, eventos o similares, se han constatado situaciones que generan condiciones de competencia desleal respecto a los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones tributarias.

 

CONSIDERANDO: I) que los distintos regímenes de información establecidos por esta Dirección General Impositiva así como el desarrollo de una efectiva acción fiscalizadora, contribuyen a formalizar la economía mediante el control de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes y responsables;

 

II) que razones de buena administración tributaria aconsejan implementar un régimen de suministro de información por parte de aquellas personas físicas u otras entidades privadas, que exploten o arrienden, salones o áreas, superiores a 200 m² (doscientos metros cuadrados) destinados a fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros;

 

III) necesario disponer los requisitos, plazos y demás condiciones que deberán observar las mencionadas entidades.

 

ATENTO: a lo expuesto y a que se cuenta con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas;

 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

 

RESUELVE:

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Jueves, 06 de Septiembre de 2012 12:03

El secreto bancario

URUGUAY ENCONTRÓ UNA SOLUCIÓN MODELO PARA SU SECRETO BANCARIO

 

Más allá de su "celeridad", el proceso de levantamiento del secreto bancario en Uruguay al momento de responder a una solicitud de intercambio de información en el marco de acuerdos con otros países otorga "adecuadas garantías" al titular del depósito. Eso porque no solo da la posibilidad de tomar conocimiento del petitorio y efectuar descargos por vía administrativa sino que además goza de tutela judicial, en doble instancia, sostiene Fernando Barrios Migliarini, integrante del estudio Hugues & Hugues, en una monografía premiada por la Federación Latinoamericana de Bancos.

 

El jurado de la XIV edición del concurso de monografías jurídicas para abogados menores de 35 años se pronunció a fines de agosto en la ciudad de Bogotá. Además de un premio de dinero en efectivo, el ganador podrá exponer su trabajo en el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero que se realizará del 10 al 12 de octubre, en Montevideo.

 

En su trabajo —titulado "El secreto bancario en tiempos de intercambio de información tributaria"—, Barrios Migliarini afirma que "no puede sino celebrarse la solución adoptada por el Derecho uruguayo, que bien podría servir de referencia a otros sistemas (...)".

 

En el marco de presiones de grupos de países, en particular el denominado G-20, desde 2009 Uruguay firmó cerca de una treintena de acuerdos bilaterales que regulan la cesión de datos tributarios a los efectos de investigar supuestos casos de evasión. Dichos tratados prevén mecanismos para levantar el secreto bancario.

 

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Miércoles, 05 de Septiembre de 2012 16:46

PPP próxima entrada en vigencia del registro

A UN MES DE OBLIGAR A REGISTRAR ACCIONES, SOLO LLUEVEN CONSULTAS

 

A un mes de vigencia de la ley que obliga a registrar las acciones al portador en el BCU, los estudios jurídicos han recibido una lluvia de consultas. El formulario para registrarse se divulgó recién el lunes y los abogados demandan una prórroga.

 

Las empresas están asesorándose si les conviene registrarse o directamente pasar sus acciones a nominativas. En algunos casos -fundamentalmente los que no están operando y por ejemplo tienen solo un inmueble en su patrimonio-, hasta optan por disolverlas, informaron a El País en importantes estudios de abogados.

 

La ley 18.930 previó un procedimiento más ágil para los casos en que se cambien a nominativas. Los titulares de esas acciones están exonerados de registrarse en el BCU, pero sí deben figurar en un libro de la sociedad. La contracara es que esas acciones pagan impuesto a la renta al ser vendidas.

 

El mecanismo permite hacer el cambio solo publicando la transformación en el diario oficial y comunicándolo a la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

 

Eugenio Xavier de Mello, socio del estudio Herbert, Ramírez, Xavier de Mello & Abal, señaló que "la mitad" de los clientes de su estudio están pensando en pasarse a nominativas. "Son decisiones que las van madurando. Hay gente que ha tomado la decisión pero no hemos instrumentado", afirmó. El abogado señaló que en estos caso no hay derecho de receso, es decir, que cuando la asamblea de accionistas resuelve por más del 75% cambiar los estatutos, la minoría no puede retirarse de la sociedad con su dinero.

 

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Viernes, 24 de Agosto de 2012 09:09

Comprobante fiscal electrónico

DGI INICIÓ CONTROL EN TIEMPO REAL DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS

 

Apostados en la caja 11 de la sucursal de Tienda Inglesa del Montevideo Shopping, Susana, la cajera, y Eduardo, un joven embolsador, esperaban nerviosos el inicio del acto, sobre las 14 horas del lunes 20. Durante algunos minutos, inquietos, ejecutivos de la cadena supermercadista hicieron algunas pruebas, como si fueran clientes, simulando la compra de productos (una lata de ananá y otra de durazno en almíbar de la marca propia, una jarra refrigerada para cerveza con el escudo de Peñarol y una taza alusiva también a ese club de fútbol) y registrándola mediante una factura electrónica.

 

Estaba previsto que fuera el presidente José Mujica quien hiciera una compra para que se emitiera la primera factura digital real en Uruguay —que sustituye al duplicado en papel que las empresas deben conservar para presentar a la Dirección General Impositiva (DGI)—, pero el mandatario no asistió a la ceremonia por estar enfermo. Por eso fue el director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien hizo la transacción, que se limitó a los recipientes alusivos a Peñarol, club del que es fanático.

 

En ese momento, un ejecutivo de Henderson & Cía. (Tienda Inglesa) que estaba a pocos metros de la caja le dijo a otro: "oremos". Susana registró sin problemas la compra y la primera factura electrónica, que incluye un código de barras bidimensional, vio la luz a las 14:47 horas y fue por $ 159 (de los cuales $ 28,67 correspondieron al IVA). Todos aplaudieron y, orgulloso, Ferreri mostró el histórico tique a fotógrafos y camarógrafos.

 

Cambio "dramático". Antes el propietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson, había hecho un brevísimo discurso en el que dijo, sonriéndose: "Volvemos a encontrarnos con nuestros amigos de la Impositiva… La verdad es que va a ser un placer". Años atrás Tienda Inglesa fue acusada por la DGI de defraudación fiscal, pero la resolución con la que la oficina recaudadora pretendía aplicar una sanción fue desestimada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el caso terminó clausurado.

 

Ferreri destacó a su turno la importancia de la factura electrónica, por la cual las empresas le reportarán a la DGI electrónicamente en tiempo real la información de cada venta que hagan a clientes y los pagos a proveedores.

 

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Miércoles, 15 de Agosto de 2012 12:11

DGI inspecciona al agro

DGI FISCALIZARÁ 100 FIRMAS DEL AGRO; ESTIMA EN 25%-30% EVASIÓN DEL SECTOR

 

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a fiscalizar establecimientos rurales que, según datos cruzados con Colonización, presentan riesgo de evadir tributos. En un mes se controlarán 100 firmas que en total facturan US$ 500 millones al año.

 

Alrededor de 60 inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) comenzaron una recorrida a lo largo de todo el país con el fin de establecer si unos 100 establecimientos rurales que facturan en promedio $ 100 millones al año cada uno (unos US$ 5 millones) evaden impuestos tales como el IRPF e IRAE y, de forma simultánea, si se viene cumpliendo con la partida correspondiente del ICIR.

 

Según informó el director general de Rentas, Pablo Ferreri, "vamos a estar concurriendo a los propios establecimientos rurales para la información y corroborar las inconsistencias que surgieron a través del cruce de diversas bases de datos".

 

Si bien no hay un estudio pormenorizado al respecto, Ferreri dijo a El País que se estima que la evasión impositiva en el agro uruguayo "se ubica entre 25% y 30%, mientras que la de la economía en general por concepto de evasión de IVA es del 15%.

 

El director general de Rentas contó que el operativo ya comenzó y un grupo de inspectores se encuentra en el departamento de Artigas. El relevamiento de las primeras 100 empresas llevará un tiempo de un mes. Según Ferreri, "seleccionamos las empresas que presentaban la mayor probabilidad de riesgo. En su conjunto suman una facturación de US$ 500 millones al año".

 

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Mediante Decreto 253/012 de 8 de agosto de 2012 se dio nueva redacción al artículo 5º del Decreto 313/011 de 02/011 que reglamenta el procedimiento para realizar intercambio de información en materia tributaria, en el marco de los Convenios firmados por nuestro país para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

 

 

DECRETO 313/011 DE 2 DE SETIEMBRE DE 2011 (Texto actualizado)

 

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Lunes, 13 de Agosto de 2012 10:05

Paticipaciones Patrimoniales al Portador (PPP)

LEY Nº 18.930

CÓMO Y CUÁNDO INFORMAR

 

El 2 de agosto del corriente el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 247/2012 que reglamentó la Ley Nº 18.930 por la cual se creó un registro para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador (PPP), estableciendo normas que complementan la disciplina del nuevo régimen de información y registro de esos titulares.

 

Cabe recordar que, de acuerdo al art. 1 de la Ley, los titulares de PPP emitidas por toda entidad residente en el país (incluyendo fideicomisos y fondos de inversión regulados por el BCU cuyas participaciones o cuotapartes estén representadas en PPP), por las entidades no residentes (1) que estén comprendidas en los lit. A) y B) del inc. 1 del art. 2 de la Ley (cualquiera cual sea su naturaleza jurídica), y los fideicomisos y fondos de inversión en el exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes en el país, deben suministrar a la entidad emisora la información que permita identificar al titular, la que estará contenida en una declaración jurada (DJ). Analizaremos el contenido y forma de esa DJ y de la comunicación que debe cursar la entidad emisora al BCU, así como los plazos para efectuarlas.

 

I. CONTENIDO DE LA DJ

 

a) Personas físicas: nombre del titular declarante, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la DGI, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE), o documento identificatorio expedido por otro Estado.

 

b) Sucesiones indivisas cuando no hubiese aún declaratoria judicial de herederos: la declaración podrá ser formulada a nombre de la sucesión indivisa por cualquiera de los herederos presuntos acreditando tal calidad mediante certificado notarial. Cuando sean declarados judicialmente los herederos, cada uno de ellos deberá efectuar su declaración por el porcentaje que le corresponda en el acervo sucesorio.

 

c) Personas jurídicas u otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad declarante, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE) expedidos por la DGI, en su caso, y nombre, domicilio y documento identificatorio del representante que firme la declaración. Quedan comprendidas las entidades en liquidación hasta que se cancele su personería jurídica.

 

d) Personas distintas del titular (mandatarios, tenedores, custodios, depositarios): se incluirán, además de los datos del titular ya mencionados, los mismos datos respecto a estas otras personas físicas o jurídicas.

 

e) Usufructuarios o titulares de otros derechos reales menores que pudiesen haberse constituido sobre los valores: ídem d).

 

En todos los casos deberá especificarse el valor nominal total de las PPP emitidas por la entidad, así como el lugar físico donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia. Si se tratara de cupones, bonos, partes beneficiarias u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal, se indicará el derecho que confiere el respectivo instrumento a su tenedor.

 

Se prevé que el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), podrá establecer formatos de DJ así como exigir que se incorporen en esa DJ datos adicionales, y que la Auditoría Interna de la Nación determinará los criterios técnicos según los cuales deberán formularse las declaraciones juradas para su correcta registración.

 

II. COMUNICACIONES

 

Las personas que hemos mencionado deben asimismo informar a la entidad emisora, mediante DJ, toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto cuando se produzca una variación del valor nominal de las PPP que no altere el porcentaje de participación del declarante en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio, según corresponda (2), y los cambios en la titularidad de las participaciones. En este último caso, el nuevo titular deberá incluir la identificación del enajenante y la fecha de la transferencia.

 

III. LA DJ DE LA ENTIDAD EMISORA ANTE EL BCU

 

La entidad (SA, fideicomiso, fondo de inversión, etc.), debe comunicar al BCU, también mediante una DJ, la información recibida del titular y el monto total del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, según el caso, a valores nominales, y la participación que en la entidad corresponda a cada uno de los titulares.

 

Si la información recibida fuera parcial porque algunos titulares de PPP no cumplen con su obligación, la entidad igualmente presentará la DJ con la información de los titulares que sí hayan remitido su DJ.

 

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