El Banco de Previsión Social prevé realizar 11.526 actuaciones inspectivas el año próximo. En su mayoría serán operativos masivos, pero se pretende elevar los casos seleccionados con sistemas informáticos. También hará foco en la construcción.

De acuerdo al Plan de Fiscalización 2013 al que accedió El País, el Banco de Previsión Social (BPS) resolvió efectuar un número similar de actuaciones a las 11.106 que se había fijado para 2012.

De las 11.526 que prevé hacer el año entrante, la amplia mayoría serán de tipo masivo (4.530), es decir operativos "rastrillo". Si bien son 39,3% del total, eso supone una reducción con respecto al peso que tuvieron en el Plan de 2012 (42,5% de las actuaciones).

 

En cambio, para el año que comienza el BPS aumentará el peso de las actuaciones que surgen en base a sistemas informáticos que permiten detectar mayor riesgo de evasión.

 

Esas actuaciones por análisis interno de selección de casos surgen a raíz de cruces de datos que revelan indicios de irregularidad que ameritan citar a las empresas para aclararlos. En 2013 se prevé efectuar 1.080, con lo que su peso en el total fue de 9,4% (mayor al 8,3% de este año).

 

El plan elaborado por la Asesoría Tributaria y Recaudación y aprobado por el directorio de BPS estableció que uno de los objetivos es "incrementar el porcentaje de irregularidades de selección ya sea en cantidad de acciones como en montos determinados y en personas regularizadas".

 

El representante de los trabajadores en el directorio de BPS, Ariel Ferrari, indicó que este cometido implica "afinar la puntería" en la selección de los casos a inspeccionar. El organismo trabaja con distintos modelos predictivos (confeccionados en base a 600 variables) que le permiten elaborar un ranking de riesgo del total de empresas del país.

"Si vemos que en el sector frigorífico hay un promedio de cantidad de jornales por mes y hay uno donde es menor, nos puede llamar la atención. Lo mismo si el salario promedio en una actividad es 10 y en una empresa es 6. Eso permite enfocar la fiscalización", explicó Ferrari.

 

Además, el organismo planificó 3.402 actuaciones en base a denuncias, mientras que para 2012 se habían proyectado 2.957. Así, su participación en el Plan subió de 26,6% a 29,5% entre un año y el otro. Por ejemplo, de las 420 inspecciones que está previsto hacer a grandes contribuyentes, 172 se harán en base a denuncias.

 

Otra parte de las actuaciones en 2013 serán las 2.481 de análisis de riesgo (21,5% del total). Son aquellas dirigidas a actividades con mayor probabilidad de evasión por no tener infraestructura, como los servicios, explicó Ferrari.

En cuanto a los controles a cargo de la gerencia inspectiva del interior, si bien se mantiene la cantidad de actuaciones de 2012, crecen las que se efectúan por selección (análisis interno).

 

El Plan estableció también un mayor número de operativos en las calles para fiscalizar al sector construcción que, si bien aumentó mucho sus trabajadores registrados los últimos años, aún es de los que tienen mayor porcentaje sin cobertura de la seguridad social.

 

Por eso, se definió que "no menos del 27%" de las acciones que harán las gerencias inspectivas de Montevideo se destinen al control de construcción. También se pretende dar desde allí apoyo a la cobertura de esa aportación en el interior, "considerando la evidencia empírica que indica un mayor porcentaje de irregularidades a la aportación en dicha jurisdicción".

 

Esas razones motivaron la decisión de ejecutar "alrededor del 70%" de los controles al sector mediante el procedimiento operativo, para lo que el personal de secciones especializadas de Montevideo se desplazará también al interior.

 

En tanto, en la categoría industria y comercio se estableció que solo un 36% del total de inspecciones previstas se ejecuten a través de operativos. No obstante, el porcentaje es significativo y busca "mantener la percepción de riesgo en el caso de la informalidad como consecuencia de la presencia masiva en las calles". Pero también se hará control por cruzamiento de datos (un 39% de las fiscalizaciones sector serán por selección) y un 25% será en base a denuncias.

"Cada vez estamos haciendo menos inspecciones por denuncias. No porque no le demos valor sino porque el aumento de la formalización y de la sindicalización hace que no haya tantas denuncias individuales como hace 15 años atrás", argumentó Ferrari.

 

Por otra parte, en el total de acciones a realizar en la categoría "grandes y especiales contribuyentes", el plan pretende "ampliar la cantidad a realizar en la aportación civil" (organismos públicos e instituciones educativas estatales).

El BPS se propuso además seguir con sus acciones de tipo "inductivo" (cartas y folletería) con el doble objetivo de "generar riesgo y a su vez informar sobre los derechos y obligaciones de las empresas, los trabajadores y los agentes de control", según consta en el Plan.

 

Agilitarán trámites por obras

El Banco de Previsión Social (BPS) se propuso en su plan inspectivo de 2013 "mejorar los tiempos en los cierres de obra", informó a El País el director Ariel Ferrari. Al terminar de construir, es necesario presentar un formulario para que el organismo fiscalice con un arquitecto que las horas declaradas de trabajo se corresponden con la obra realizada. "Buscamos hacer ese procedimiento más ejecutivo, más rápido", dijo Ferrari. Para ello, el BPS ya cuenta con un programa informático que permite realizar cierres en forma automática y su implementación se ampliará a todo el país en 2013.

El País Digital
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Domingo, 04 de Noviembre de 2012 11:22

DGI regularizó a deudores de Irpf

DGI REGULARIZÓ A 850 DEUDORES DE IRPF

 

Dato. Pese a tener más de un ingreso, no presentaron declaración jurada en 2008-2010

La DGI intimó a 1.100 personas que, pese a tener más de un ingreso, omitieron presentar declaración jurada por IRPF o IASS en 2008-2010. Unas 850 se regularizaron y pagaron $ 78 millones al fisco. A las restantes se les aplicará cobro coactivo.

 

Mediante el uso de tecnología para cruzar datos y así detectar de forma masiva el riesgo de evasión, la Dirección General Impositiva (DGI) logró regularizar la presentación de 1.449 declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rentas del trabajo y de Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

 

Esas declaraciones totalizaron $ 58,7 millones, pero si se consideran además las sanciones aplicadas (que representaron $ 18,8 millones), el fisco obtuvo ingresos por $ 77,5 millones, según datos proporcionados a El País por el director general de Rentas, Pablo Ferreri.

 

Este año Impositiva recibió 129.961 declaraciones juradas de IRPF y 14.189 de IASS, un nivel récord. No conforme con ese resultado, la DGI continuó trabajando y detectó que 1.100 personas habían omitido presentarla en 2008, 2009 y 2010 pese a tener más de un ingreso (dos trabajos, un trabajo y una pasividad o dos pasividades por ejemplo) que superaba el monto fijado que los obligaba a hacerlo, de cerca de $ 300.000 anuales.

 

La DGI los detectó al cruzar datos provenientes del Banco de Previsión Social u otras cajas y otros que surgen de declaraciones de empresas. Se usó la misma técnica que se aplica para elaborar las declaraciones juradas borrador que el fisco proporciona a algunos contribuyentes.

 

En promedio, cada uno adeudaba unos $ 53.000 en impuestos. En varios casos debieron presentar declaraciones por más de un año omitido, ya que hasta el momento 850 personas presentaron 1.449 documentos.

 

Los contribuyentes deudores tuvieron que ponerse al día, lo que implicó pagar los impuestos que correspondían y también multas y recargos. "Obviamente pudieron suscribir convenios de pago hasta en 36 cuotas", dijo Ferreri.

 

Las sanciones incluyen una multa del 20% de lo que no habían pago y un recargo que se calcula desde el día del incumplimiento hasta el día del pago.

 

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Jueves, 06 de Septiembre de 2012 12:03

El secreto bancario

URUGUAY ENCONTRÓ UNA SOLUCIÓN MODELO PARA SU SECRETO BANCARIO

 

Más allá de su "celeridad", el proceso de levantamiento del secreto bancario en Uruguay al momento de responder a una solicitud de intercambio de información en el marco de acuerdos con otros países otorga "adecuadas garantías" al titular del depósito. Eso porque no solo da la posibilidad de tomar conocimiento del petitorio y efectuar descargos por vía administrativa sino que además goza de tutela judicial, en doble instancia, sostiene Fernando Barrios Migliarini, integrante del estudio Hugues & Hugues, en una monografía premiada por la Federación Latinoamericana de Bancos.

 

El jurado de la XIV edición del concurso de monografías jurídicas para abogados menores de 35 años se pronunció a fines de agosto en la ciudad de Bogotá. Además de un premio de dinero en efectivo, el ganador podrá exponer su trabajo en el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero que se realizará del 10 al 12 de octubre, en Montevideo.

 

En su trabajo —titulado "El secreto bancario en tiempos de intercambio de información tributaria"—, Barrios Migliarini afirma que "no puede sino celebrarse la solución adoptada por el Derecho uruguayo, que bien podría servir de referencia a otros sistemas (...)".

 

En el marco de presiones de grupos de países, en particular el denominado G-20, desde 2009 Uruguay firmó cerca de una treintena de acuerdos bilaterales que regulan la cesión de datos tributarios a los efectos de investigar supuestos casos de evasión. Dichos tratados prevén mecanismos para levantar el secreto bancario.

 

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Viernes, 24 de Agosto de 2012 09:09

Comprobante fiscal electrónico

DGI INICIÓ CONTROL EN TIEMPO REAL DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS

 

Apostados en la caja 11 de la sucursal de Tienda Inglesa del Montevideo Shopping, Susana, la cajera, y Eduardo, un joven embolsador, esperaban nerviosos el inicio del acto, sobre las 14 horas del lunes 20. Durante algunos minutos, inquietos, ejecutivos de la cadena supermercadista hicieron algunas pruebas, como si fueran clientes, simulando la compra de productos (una lata de ananá y otra de durazno en almíbar de la marca propia, una jarra refrigerada para cerveza con el escudo de Peñarol y una taza alusiva también a ese club de fútbol) y registrándola mediante una factura electrónica.

 

Estaba previsto que fuera el presidente José Mujica quien hiciera una compra para que se emitiera la primera factura digital real en Uruguay —que sustituye al duplicado en papel que las empresas deben conservar para presentar a la Dirección General Impositiva (DGI)—, pero el mandatario no asistió a la ceremonia por estar enfermo. Por eso fue el director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien hizo la transacción, que se limitó a los recipientes alusivos a Peñarol, club del que es fanático.

 

En ese momento, un ejecutivo de Henderson & Cía. (Tienda Inglesa) que estaba a pocos metros de la caja le dijo a otro: "oremos". Susana registró sin problemas la compra y la primera factura electrónica, que incluye un código de barras bidimensional, vio la luz a las 14:47 horas y fue por $ 159 (de los cuales $ 28,67 correspondieron al IVA). Todos aplaudieron y, orgulloso, Ferreri mostró el histórico tique a fotógrafos y camarógrafos.

 

Cambio "dramático". Antes el propietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson, había hecho un brevísimo discurso en el que dijo, sonriéndose: "Volvemos a encontrarnos con nuestros amigos de la Impositiva… La verdad es que va a ser un placer". Años atrás Tienda Inglesa fue acusada por la DGI de defraudación fiscal, pero la resolución con la que la oficina recaudadora pretendía aplicar una sanción fue desestimada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el caso terminó clausurado.

 

Ferreri destacó a su turno la importancia de la factura electrónica, por la cual las empresas le reportarán a la DGI electrónicamente en tiempo real la información de cada venta que hagan a clientes y los pagos a proveedores.

 

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Miércoles, 15 de Agosto de 2012 12:11

DGI inspecciona al agro

DGI FISCALIZARÁ 100 FIRMAS DEL AGRO; ESTIMA EN 25%-30% EVASIÓN DEL SECTOR

 

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a fiscalizar establecimientos rurales que, según datos cruzados con Colonización, presentan riesgo de evadir tributos. En un mes se controlarán 100 firmas que en total facturan US$ 500 millones al año.

 

Alrededor de 60 inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) comenzaron una recorrida a lo largo de todo el país con el fin de establecer si unos 100 establecimientos rurales que facturan en promedio $ 100 millones al año cada uno (unos US$ 5 millones) evaden impuestos tales como el IRPF e IRAE y, de forma simultánea, si se viene cumpliendo con la partida correspondiente del ICIR.

 

Según informó el director general de Rentas, Pablo Ferreri, "vamos a estar concurriendo a los propios establecimientos rurales para la información y corroborar las inconsistencias que surgieron a través del cruce de diversas bases de datos".

 

Si bien no hay un estudio pormenorizado al respecto, Ferreri dijo a El País que se estima que la evasión impositiva en el agro uruguayo "se ubica entre 25% y 30%, mientras que la de la economía en general por concepto de evasión de IVA es del 15%.

 

El director general de Rentas contó que el operativo ya comenzó y un grupo de inspectores se encuentra en el departamento de Artigas. El relevamiento de las primeras 100 empresas llevará un tiempo de un mes. Según Ferreri, "seleccionamos las empresas que presentaban la mayor probabilidad de riesgo. En su conjunto suman una facturación de US$ 500 millones al año".

 

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Lunes, 13 de Agosto de 2012 10:05

Paticipaciones Patrimoniales al Portador (PPP)

LEY Nº 18.930

CÓMO Y CUÁNDO INFORMAR

 

El 2 de agosto del corriente el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 247/2012 que reglamentó la Ley Nº 18.930 por la cual se creó un registro para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador (PPP), estableciendo normas que complementan la disciplina del nuevo régimen de información y registro de esos titulares.

 

Cabe recordar que, de acuerdo al art. 1 de la Ley, los titulares de PPP emitidas por toda entidad residente en el país (incluyendo fideicomisos y fondos de inversión regulados por el BCU cuyas participaciones o cuotapartes estén representadas en PPP), por las entidades no residentes (1) que estén comprendidas en los lit. A) y B) del inc. 1 del art. 2 de la Ley (cualquiera cual sea su naturaleza jurídica), y los fideicomisos y fondos de inversión en el exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes en el país, deben suministrar a la entidad emisora la información que permita identificar al titular, la que estará contenida en una declaración jurada (DJ). Analizaremos el contenido y forma de esa DJ y de la comunicación que debe cursar la entidad emisora al BCU, así como los plazos para efectuarlas.

 

I. CONTENIDO DE LA DJ

 

a) Personas físicas: nombre del titular declarante, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la DGI, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE), o documento identificatorio expedido por otro Estado.

 

b) Sucesiones indivisas cuando no hubiese aún declaratoria judicial de herederos: la declaración podrá ser formulada a nombre de la sucesión indivisa por cualquiera de los herederos presuntos acreditando tal calidad mediante certificado notarial. Cuando sean declarados judicialmente los herederos, cada uno de ellos deberá efectuar su declaración por el porcentaje que le corresponda en el acervo sucesorio.

 

c) Personas jurídicas u otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad declarante, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE) expedidos por la DGI, en su caso, y nombre, domicilio y documento identificatorio del representante que firme la declaración. Quedan comprendidas las entidades en liquidación hasta que se cancele su personería jurídica.

 

d) Personas distintas del titular (mandatarios, tenedores, custodios, depositarios): se incluirán, además de los datos del titular ya mencionados, los mismos datos respecto a estas otras personas físicas o jurídicas.

 

e) Usufructuarios o titulares de otros derechos reales menores que pudiesen haberse constituido sobre los valores: ídem d).

 

En todos los casos deberá especificarse el valor nominal total de las PPP emitidas por la entidad, así como el lugar físico donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia. Si se tratara de cupones, bonos, partes beneficiarias u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal, se indicará el derecho que confiere el respectivo instrumento a su tenedor.

 

Se prevé que el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), podrá establecer formatos de DJ así como exigir que se incorporen en esa DJ datos adicionales, y que la Auditoría Interna de la Nación determinará los criterios técnicos según los cuales deberán formularse las declaraciones juradas para su correcta registración.

 

II. COMUNICACIONES

 

Las personas que hemos mencionado deben asimismo informar a la entidad emisora, mediante DJ, toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto cuando se produzca una variación del valor nominal de las PPP que no altere el porcentaje de participación del declarante en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio, según corresponda (2), y los cambios en la titularidad de las participaciones. En este último caso, el nuevo titular deberá incluir la identificación del enajenante y la fecha de la transferencia.

 

III. LA DJ DE LA ENTIDAD EMISORA ANTE EL BCU

 

La entidad (SA, fideicomiso, fondo de inversión, etc.), debe comunicar al BCU, también mediante una DJ, la información recibida del titular y el monto total del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, según el caso, a valores nominales, y la participación que en la entidad corresponda a cada uno de los titulares.

 

Si la información recibida fuera parcial porque algunos titulares de PPP no cumplen con su obligación, la entidad igualmente presentará la DJ con la información de los titulares que sí hayan remitido su DJ.

 

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Lunes, 30 de Julio de 2012 10:21

Créditos fiscales por proyectos de inversión

CERTIFICADOS DE CRÉDITO POR PROYECTOS

 

 

1. INTRODUCCIÓN

 

Uno de los beneficios fiscales que se otorga habitualmente a las empresas cuyos proyectos de inversión han sido declarados promovidos, es la devolución del IVA incluido en las adquisiciones de materiales y servicios vinculados a la inversión en obra civil.

 

Dicha devolución es de suma importancia para empresas que no pueden recuperar parte del IVA incluido en sus compras, por contar con ingresos no gravados por este impuesto. Recordemos que en la liquidación general de este impuesto, se puede descontar del IVA facturado, el IVA incluido en las compras de bienes y servicios asociados directa o indirectamente a las operaciones gravadas y de exportación, pero no así el asociado a los ingresos no gravados.

 

Asimismo, es un beneficio financiero relevante para empresas que demorarían un tiempo considerable en recuperar este crédito, ya sea porque están iniciando sus actividades o porque la envergadura de la inversión hace que tengan un crédito por IVA mayor al IVA ventas generado.

 

El crédito otorgado por la Resolución que declara promovido el proyecto se hace efectivo mediante el mismo procedimiento que rige para los exportadores. La normativa establece que estos pueden solicitar la devolución del IVA mediante certificados de crédito, los que pueden ser endosables o no.

 

2. APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

 

En forma resumida, los certificados de crédito no endosables -es decir aquellos que solo pueden ser aplicados al pago de obligaciones tributarias propias del titular- pueden ser, tipo A: para cancelar obligaciones ante DGI, o tipo D: para el pago de obligaciones ante BPS.

 

Por su parte, aquellos que sean endosables a favor de proveedores pueden ser solicitados como tipo B: para el pago de obligaciones del proveedor ante DGI, o tipo E: para el pago de obligaciones del proveedor ante BPS.

 

Finalmente, existe la posibilidad de solicitar certificados endosables sin destinatario para el pago de obligaciones ante DGI: tipo C, pero solamente en caso de verificarse situaciones muy puntuales, y quedando a discreción de la DGI la facultad de otorgar los mismos, dependiendo de la situación tributaria de la empresa solicitante.

 

En los casos de los certificados endosables a proveedores, el monto solicitado estará limitado al IVA facturado por el proveedor en el ejercicio fiscal en el cual se genera el crédito.

 

Por otra parte, cuando el proveedor no pueda utilizar los certificados de crédito por encontrarse al día con sus obligaciones, puede solicitar un nuevo certificado a favor de sus propios proveedores y hasta el monto equivalente al IVA facturado en sus suministros del ejercicio en curso (trámite que se conoce como "cambio de endosatario").

 

3. FECHA DE EXIGIBILIDAD

 

En caso de certificados endosables los mismos serán exigibles desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se generó el crédito. Es decir, cuando los mismos se presenten ante el Organismo recaudador (DGI o BPS) para cancelar obligaciones, las mismas se considerarán canceladas en la fecha de exigibilidad del certificado.

 

Esto es así siempre y cuando dichos certificados se presenten ante los citados Organismos, en un plazo no mayor a un año contado desde la fecha de su emisión. Esta fecha también es válida en el caso de cambio de endosatario, donde debe tenerse en cuenta que el plazo del año se computa desde la fecha de emisión del certificado original y no del nuevo certificado emitido.

 

Si el certificado de crédito se presenta luego de un año desde la fecha de emisión original, la fecha de cancelación será la de su presentación ante el Organismo recaudador correspondiente.

 

Cuando los certificados de crédito se utilicen para cancelar obligaciones por aportes personales y aportes patronales por servicios bonificados, se tomará como fecha de cancelación la de entrega del correspondiente certificado de crédito al BPS, no rigiendo la exigibilidad antes comentada.

 

A modo de ejemplo, supongamos que un proveedor facturó en enero de 2012 materiales para una obra (incluyendo el IVA). En julio de 2012 recibió los certificados de crédito entregados por su cliente, cuyo proyecto fue declarado promovido. En agosto se presentará a la DGI a cancelar el IVA facturado en el mes de enero. Su pago será considerado hecho en fecha, dado que los tributos de enero vencen en febrero y la fecha valor del certificado que recibió es del 1º de febrero de 2012 y los presentó antes del año de emitido el certificado.

 

4. ¿CUÁNDO SE PUEDEN SOLICITAR?

 

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Lunes, 30 de Julio de 2012 09:56

DGI inspecciona

DGI RELIQUIDÓ IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS POR US$ 60: EN SEIS MESES

 

En el primer semestre del año, la Dirección General Impositiva (DGI) realizó 5.698 inspecciones en las que reliquidó impuestos y cobró multas y recargos por un total de unos US$ 60 millones.

 

Los datos son de la División Fiscalización de la DGI y no contienen las actuaciones que realizó la División Grandes Contribuyentes. En el primer semestre del año, cada inspector de Fiscalización realizó en promedio 148 actuaciones (entre intensivas y extensivas) dijo a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.

 

De las 5.698 fiscalizaciones, el 65% se hizo en el interior y el 35% en Montevideo. "Esto se explica porque hay muchas actuaciones extensivas (solo se controla que el establecimiento esté inscripto como corresponde) en el Este durante la temporada turística", explicó Ferreri.

 

En total, la reliquidación de impuestos rondó los US$ 45 millones a los que se suman otros US$ 15 millones por multas y recargos.

 

De esos US$ 60 millones, "aproximadamente el 75% fueron pagados al contado o se realizaron convenios de facilidades de pago", apuntó Ferreri. En tanto, el restante 25% está "en discusión" entre la DGI y el contribuyente o "se presentaron recursos" administrativos por parte de estos, agregó.

 

Además de la fiscalización por la temporada turística, el organismo realizó operativos especiales en el sector transporte y en el sector de servicios para fiestas (ver nota aparte).

 

Ferreri destacó que aproximadamente el 47% de las 5.698 inspecciones que realizó la DGI en los primeros seis meses del año, fueron sobre empresas que "tienen más de US$ 300.000 de ingresos anuales". Al ser firmas que "manejan un volumen importante" de facturación, se "mejora la eficiencia" de las inspecciones ya que además de la "cantidad, importa la calidad" de las mismas, agregó.

 

EFICIENCIA. Unas 900 inspecciones de las 5.698 fueron intensivas -se controla a fondo la empresa- y en más del 90% "se obtuvieron reliquidaciones de tributos", aseguró el director de Rentas.

 

Según Ferreri, "en las actuaciones intensivas hemos mejorado la eficiencia producto de la utilización de tecnologías que nos han permitido afinar mucho la mira".

 

El uso de base de datos propias y externas, "nos permite identificar a los contribuyentes por riesgo potencial de evasión" con lo que "aumenta la tasa de éxito de reliquidación" de impuestos, afirmó el jerarca.

 

La DGI tiene calificados a los contribuyentes con un puntaje que va de 0 a 999 según el potencial de riesgo de evasión. A su vez, los ordena en tres segmentos de riesgo: bajo, medio y alto.

 

El organismo utiliza datos propios (como declaraciones de contribuyentes o resultados de auditorías) y otros de fuentes externas (por cruzamiento de datos) para crear mapas de riesgo fiscal. Se estudian las relaciones entre las 180 variables internas y 360 externas para ordenar a los contribuyentes de acuerdo al riesgo de subdeclaración. El proceso incluso detecta qué empresas presentan desvíos tributarios relevantes con respecto a la media de su rubro de actividad. Además de ese indicador, otros que pueden tomarse en cuenta son las pérdidas fiscales y contables o las rotaciones de sus inventarios, por ejemplo.

 

Los "niveles de productividad" por inspector junto con "la eficiencia en los promedios de reliquidación y los montos reliquidados, hablan a las claras de la calidad técnica y el compromiso de los funcionarios de la administración", aseguró Ferreri.

 

Un solo transportista pagó US$ 2 millones

 

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URUGUAY TIENE EL RÉGIMEN IMPOSITIVO DE PAÍSES DESARROLLADOS, DICE ASTORI

 

 

Con la reforma implementada cinco años atrás, "el sistema tributario uruguayo se ha acercado muchísimo a los sistemas más modernos que existen en los países de mayor desarrollo", afirmó a Búsqueda el vicepresidente de la República, Danilo Astori.

 

"Hoy tenemos un sistema profundamente diferente al del pasado, pero que cumple con los requisitos que exige un proceso de desarrollo económico y social. Y sobre todo en un gobierno de izquierda, que necesita un sistema tributario con algunos valores que sean la base de sustentación del mismo", agregó.

 

Para Astori —quien era el ministro de Economía cuando se diseñó y puso en aplicación la reforma tributaria de 2007—, con esto Uruguay dio un paso en camino al desarrollo económico.

 

Valoró como "muy positiva" dicha reforma, aunque apuntó que ese "no puede ser un juicio defintivo, en el sentido de que el sistema tiene objetivos y equilibrios muy definidos, pero al mismo tiempo está sujeto a mejoramientos permanentes".

 

Recordó que el nuevo régimen tributario tiene como objetivos aumentar la equidad, la eficiencia de los impuestos y estimular la inversión productiva, sin perder de vista al momento de adoptarlo "equilibrios fundamentales", como las "necesidades fiscales" y la posibilidad de aplicarlo.

 

"Hoy hay mayor equidad", enfatizó el vicepresidente. Eso, aclaró, no fue "resultado exclusivo del sistema tributario, porque el que juega un gran papel, más que los ingresos, es el gasto público social". En esa línea, afirmó que hubo una "reducción notable de la pobreza y de la indigencia, y el año 2011 es el mejor ejemplo" de esa evolución. También fue "notoria" la mejora en la distribución del ingreso, añadió.

 

Recaudación. Astori observó que en los últimos años se verificó un incremento sostenido de la recaudación de impuestos, lo que, dijo, ocurrió "sin aumentar los impuestos". Gracias a la mejora de la eficiencia de la administración tributaria, el pago del Impuesto al Valor Agregado creció "espectacularmente" y la evasión de ese tributo cayó de niveles cercanos a 40% de su potencial recaudatorio a aproximadamente 15%, subrayó.

 

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TRAS FALLOS JUDICIALES ADVERSOS, LA DGI BUSCA FORTALECERSE

           

Legal. A través de una ley, el organismo pretende enmendar un error por el que viene perdiendo juicios contra contribuyentes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

           

El director de la DGI, Pablo Ferrari, aseguró que el organismo está siendo cada vez más riguroso.

           

La Dirección General Impositiva (DGI) perdió 51 juicios de los 71 que resolvió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en 2010 por cuestiones de fondo y otros tantos en 2011.

 

A raíz de la sentencia, la Impositiva resolvió enmendar su error a través del artículo 266 del proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento.

 

La DGI insiste en que debe multarse cada concreción del error (una multa por factura) y no la infracción en sí de forma genérica. Por este motivo, el artículo 266 incluido en la Rendición de Cuentas, eleva la multa máxima a contribuyentes por errores de US$ 210 a US$ 200.000. El artículo se propone tipificar la contravención como "cada documento o compromiso, individualmente considerado que transgreda el régimen general de documentación".

 

"Con la interpretación de que solo se puede aplicar la multa una vez, estamos cayendo en el ridículo", dijo el director de Rentas, Pablo Ferrari. Agregó que "con la penalización máxima para contribuyentes que emiten miles de documentos con errores que obstaculizan el control de la administración es de $ 4.570".

 

Por su parte, el tributarista Alberto Vaerla, del estudio Ferrere, cuestionó la iniciativa. Para Varela, este artículo permite establecer "multas desproporcionadas" en relación con el error. Dijo que ya "sobran artículos en el Código Tributario que sancionan a los defraudadores".

 

Fuente: El observador el jueves, 26 de julio de 2012

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