Lunes, 19 de Marzo de 2012 16:59

Los trabajadores y el fideicomiso

En los últimos años el fideicomiso se ha vuelto un instrumento jurídico cada vez más común en nuestro país, siendo utilizado por las empresas en sus distintas modalidades, como fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración y fideicomisos financieros.

 

Se trata de un instrumento jurídico que sirve para vehiculizar los más diversos negocios. A modo de ejemplo, a través de un fideicomiso de administración, se puede explotar un campo o una industria, construir inmuebles para luego arrendarlos o comercializarlos, explotar un negocio comercial o cualquier otro tipo de actividad lícita.

 

En materia de fideicomisos de garantía, el fideicomiso se suma a los negocios de garantía tradicionales -prenda e hipoteca-, pudiendo recaer sobre los más diversos bienes muebles e inmuebles. Se trata de un negocio donde la propiedad fiduciaria se presenta como un derecho real de garantía, constituido para garantizar un crédito otorgado generalmente al fideicomitente. A su vez, los fideicomisos financieros se han transformado en herramientas jurídicas para que las empresas puedan obtener importantes recursos económicos, los que son captados mediante la colocación en el mercado de valores -certificados de participación o títulos de deuda- con el adicional que las AFAP pueden invertir en los referidos fideicomisos financieros. Basta pensar en los recientes fidecomisos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, como el CASMU o La Asociación Española. En este último caso, el patrimonio fiduciario está constituido por los créditos transferidos por el fideicomitente -la IAMC- al patrimonio del fideicomiso y corresponden a la prestación que el fideicomitente tiene derecho a recibir del FONASA en concepto de cuotas de salud por los servicios asistenciales prestados a beneficiarios del SNIS. Como puede apreciarse, el fideicomitente transfiere un importante activo -sus créditos futuros contra el FONASA- para obtener liquidez mediante la colocación de valores en el mercado.

 

En este contexto, el objeto de este artículo es analizar cómo inciden los negocios fiduciarios en relación a los derechos de los trabajadores, ya sean estos dependientes de una empresa que ha fideicomitido parte de sus bienes en garantía de una deuda, o que ha constituido un fideicomiso financiero como en el caso de las IAMC para obtener recursos captando ahorro público, y a su vez, cuáles son los derechos de los trabajadores contratados directamente por el fiduciario de un fideicomiso.

 

Publicado en Información
Lunes, 27 de Febrero de 2012 07:22

AL RESCATE DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA

 

El fideicomiso de garantía (Ley nº 17.703) es un negocio jurídico por el cual el deudor de una obligación (fideicomitente), transfiere la propiedad de bienes o derechos a otro sujeto (fiduciario), con el encargo de que, al vencimiento de la o las obligaciones asumidas en virtud de otro negocio, para el caso de que incurra en incumplimiento, el fiduciario realice el patrimonio transferido en garantía y con el producido abone al acreedor la cantidad debida, entregando al fideicomitente el remanente, si lo hubiera. Los bienes o derechos constituyen "propiedad fiduciaria", conformando un patrimonio de afectación protegido de otras deudas del fideicomitente, beneficiario y fiduciario, cuyos patrimonios son separados e independientes.

 

Si el beneficiario del fideicomiso de garantía es un banco u otra institución de intermediación financiera (IIF), estos pueden ser a la vez acreedores del fideicomitente, beneficiarios de los bienes transferidos y fiduciarios.

 

El fideicomiso presenta ventajas importantes como el aislamiento de los bienes transferidos, y la posibilidad de que ellos se ejecuten en forma extrajudicial, con mayor celeridad que en los procesos judiciales de ejecución de las garantías tradicionales (prenda e hipoteca). Gozan, además, de ciertas exoneraciones tributarias.

 

Esta figura se ha convertido en un instrumento muy valioso para las empresas que, para obtener el crédito comercial o financiero requerido para desarrollar su actividad no tienen otra garantía para ofrecer que no sea la derivada de los créditos por operaciones de su giro que irán concretando en determinado plazo (ventas, fundamentalmente), los que son cedidos al fiduciario. Estos denominados "flujos" por ingresos se calculan en base a determinados supuestos y proyecciones adecuadamente validados. El negocio ha tenido excelente recepción en los dadores de crédito, viabilizando muchos emprendimientos.

 

EL PROBLEMA. Posteriormente a la Ley 17,703 se sancionó la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial nº 18.387 (LC) que regula el concurso de los sujetos que, por encontrarse en estado de insolvencia, ingresan en un proceso concursal que habrá de terminar con un convenio concursal celebrado con la mayoría de los acreedores simples (no privilegiados) o con la liquidación de los activos del deudor para que, con su producido y aunque fuere a prorrata, se abonen los créditos de los acreedores simples. A su vez, para facilitar la mejor administración de los bienes y derechos del concursado por el síndico o el interventor, el art. 68 LC faculta a los mismos a rescindir en forma unilateral aquellos contratos de los cuales deriven obligaciones a cargo del deudor concursado contraídas por el mismo antes del concurso pero que, al declararse el mismo, aún estén pendientes de ejecución, esto es, que no se hayan cumplido. Para que opere la rescisión basta notificarla al otro contratante, dentro de cierto plazo, sin que se requiera intervención judicial y sin que aquél, aunque haya cumplido sus obligaciones, pueda resistirse. Se trata de una facultad excepcional, que quebranta reglas básicas del derecho contractual, pero que se concede en atención a la finalidad del concurso en tanto proceso que tiende a la satisfacción de todos los acreedores, para lo cual la realización de los bienes del concursado debe hacerse en la forma que resulte más conveniente a todos sus acreedores. Para ello, interesa que las obligaciones pendientes se cumplan siempre que implique un beneficio para la masa de acreedores. La rescisión unilateral permite que el concursado se desligue de las obligaciones cuyo cumplimiento perjudica a la masa de acreedores, o atenta contra la viabilidad de la continuación de la actividad del deudor con vistas a satisfacer a los acreedores simples y a disminuir la pérdida de valor que la crisis de la empresa implica.

 

Cuando esa facultad de rescisión es ejercida respecto de un contrato de fideicomiso de garantía con obligaciones pendientes a cargo del concursado, en el cual los bienes fideicomitidos son los créditos por ventas u otras operaciones futuras del concursado, la rescisión implica que esa transferencia de créditos quede sin efecto, ingresando los mismos a la masa activa del concursado para aplicarse a la continuidad de su actividad y pago a todos los acreedores simples, incluyendo el beneficiario del fideicomiso de garantía, que es uno más.

 

Por tanto, el acreedor garantizado (la IIF en su caso) se verá privado de la garantía constituida en su favor. La preocupación que se generó inmediatamente en el mercado se explica porque esta posibilidad de rescisión cuando el deudor concursa debilita (para algunos aniquila) al fideicomiso como garantía efectiva. Obviamente, cuando se concede el crédito, se debe valorar el riesgo de que el deudor ingrese en un estado de insolvencia y, en tal caso, el grado de permeabilidad de la garantía propuesta ante un concurso.

 

A nivel doctrinario se sustentan dos posiciones en torno a si este negocio puede o no rescindirse al amparo del art. 68 y con qué alcance, no existiendo consenso sobre si es un contrato con obligaciones pendientes de ejecución ni acerca de cuándo se verifica la transferencia de los créditos futuros. La escasa jurisprudencia que existe se ha inclinado por entender que el fideicomiso puede rescindirse.

 

RESCATANDO LA GARANTÍA. Visualizado el problema, para resguardar el acceso al crédito y brindar tranquilidad a los dadores del mismo, sin perder una herramienta muy útil para empresas que no disponen de otras garantías para reforzar el cumplimiento de sus obligaciones, en diciembre del pasado año, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley que intenta despejar las dudas que suscita el art. 68 LC.

 

EL PROYECTO DE LEY

 

Publicado en Empresarial
Domingo, 01 de Mayo de 2011 12:40

LOS FIDEICOMISOS

Diversos tipos, aspectos y características de este tipo de contratación

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