Domingo, 04 de Noviembre de 2012 11:22

DGI regularizó a deudores de Irpf

DGI REGULARIZÓ A 850 DEUDORES DE IRPF

 

Dato. Pese a tener más de un ingreso, no presentaron declaración jurada en 2008-2010

La DGI intimó a 1.100 personas que, pese a tener más de un ingreso, omitieron presentar declaración jurada por IRPF o IASS en 2008-2010. Unas 850 se regularizaron y pagaron $ 78 millones al fisco. A las restantes se les aplicará cobro coactivo.

 

Mediante el uso de tecnología para cruzar datos y así detectar de forma masiva el riesgo de evasión, la Dirección General Impositiva (DGI) logró regularizar la presentación de 1.449 declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rentas del trabajo y de Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

 

Esas declaraciones totalizaron $ 58,7 millones, pero si se consideran además las sanciones aplicadas (que representaron $ 18,8 millones), el fisco obtuvo ingresos por $ 77,5 millones, según datos proporcionados a El País por el director general de Rentas, Pablo Ferreri.

 

Este año Impositiva recibió 129.961 declaraciones juradas de IRPF y 14.189 de IASS, un nivel récord. No conforme con ese resultado, la DGI continuó trabajando y detectó que 1.100 personas habían omitido presentarla en 2008, 2009 y 2010 pese a tener más de un ingreso (dos trabajos, un trabajo y una pasividad o dos pasividades por ejemplo) que superaba el monto fijado que los obligaba a hacerlo, de cerca de $ 300.000 anuales.

 

La DGI los detectó al cruzar datos provenientes del Banco de Previsión Social u otras cajas y otros que surgen de declaraciones de empresas. Se usó la misma técnica que se aplica para elaborar las declaraciones juradas borrador que el fisco proporciona a algunos contribuyentes.

 

En promedio, cada uno adeudaba unos $ 53.000 en impuestos. En varios casos debieron presentar declaraciones por más de un año omitido, ya que hasta el momento 850 personas presentaron 1.449 documentos.

 

Los contribuyentes deudores tuvieron que ponerse al día, lo que implicó pagar los impuestos que correspondían y también multas y recargos. "Obviamente pudieron suscribir convenios de pago hasta en 36 cuotas", dijo Ferreri.

 

Las sanciones incluyen una multa del 20% de lo que no habían pago y un recargo que se calcula desde el día del incumplimiento hasta el día del pago.

 

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Miércoles, 05 de Septiembre de 2012 16:46

PPP próxima entrada en vigencia del registro

A UN MES DE OBLIGAR A REGISTRAR ACCIONES, SOLO LLUEVEN CONSULTAS

 

A un mes de vigencia de la ley que obliga a registrar las acciones al portador en el BCU, los estudios jurídicos han recibido una lluvia de consultas. El formulario para registrarse se divulgó recién el lunes y los abogados demandan una prórroga.

 

Las empresas están asesorándose si les conviene registrarse o directamente pasar sus acciones a nominativas. En algunos casos -fundamentalmente los que no están operando y por ejemplo tienen solo un inmueble en su patrimonio-, hasta optan por disolverlas, informaron a El País en importantes estudios de abogados.

 

La ley 18.930 previó un procedimiento más ágil para los casos en que se cambien a nominativas. Los titulares de esas acciones están exonerados de registrarse en el BCU, pero sí deben figurar en un libro de la sociedad. La contracara es que esas acciones pagan impuesto a la renta al ser vendidas.

 

El mecanismo permite hacer el cambio solo publicando la transformación en el diario oficial y comunicándolo a la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

 

Eugenio Xavier de Mello, socio del estudio Herbert, Ramírez, Xavier de Mello & Abal, señaló que "la mitad" de los clientes de su estudio están pensando en pasarse a nominativas. "Son decisiones que las van madurando. Hay gente que ha tomado la decisión pero no hemos instrumentado", afirmó. El abogado señaló que en estos caso no hay derecho de receso, es decir, que cuando la asamblea de accionistas resuelve por más del 75% cambiar los estatutos, la minoría no puede retirarse de la sociedad con su dinero.

 

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Viernes, 24 de Agosto de 2012 09:09

Comprobante fiscal electrónico

DGI INICIÓ CONTROL EN TIEMPO REAL DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS

 

Apostados en la caja 11 de la sucursal de Tienda Inglesa del Montevideo Shopping, Susana, la cajera, y Eduardo, un joven embolsador, esperaban nerviosos el inicio del acto, sobre las 14 horas del lunes 20. Durante algunos minutos, inquietos, ejecutivos de la cadena supermercadista hicieron algunas pruebas, como si fueran clientes, simulando la compra de productos (una lata de ananá y otra de durazno en almíbar de la marca propia, una jarra refrigerada para cerveza con el escudo de Peñarol y una taza alusiva también a ese club de fútbol) y registrándola mediante una factura electrónica.

 

Estaba previsto que fuera el presidente José Mujica quien hiciera una compra para que se emitiera la primera factura digital real en Uruguay —que sustituye al duplicado en papel que las empresas deben conservar para presentar a la Dirección General Impositiva (DGI)—, pero el mandatario no asistió a la ceremonia por estar enfermo. Por eso fue el director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien hizo la transacción, que se limitó a los recipientes alusivos a Peñarol, club del que es fanático.

 

En ese momento, un ejecutivo de Henderson & Cía. (Tienda Inglesa) que estaba a pocos metros de la caja le dijo a otro: "oremos". Susana registró sin problemas la compra y la primera factura electrónica, que incluye un código de barras bidimensional, vio la luz a las 14:47 horas y fue por $ 159 (de los cuales $ 28,67 correspondieron al IVA). Todos aplaudieron y, orgulloso, Ferreri mostró el histórico tique a fotógrafos y camarógrafos.

 

Cambio "dramático". Antes el propietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson, había hecho un brevísimo discurso en el que dijo, sonriéndose: "Volvemos a encontrarnos con nuestros amigos de la Impositiva… La verdad es que va a ser un placer". Años atrás Tienda Inglesa fue acusada por la DGI de defraudación fiscal, pero la resolución con la que la oficina recaudadora pretendía aplicar una sanción fue desestimada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el caso terminó clausurado.

 

Ferreri destacó a su turno la importancia de la factura electrónica, por la cual las empresas le reportarán a la DGI electrónicamente en tiempo real la información de cada venta que hagan a clientes y los pagos a proveedores.

 

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Miércoles, 15 de Agosto de 2012 12:11

DGI inspecciona al agro

DGI FISCALIZARÁ 100 FIRMAS DEL AGRO; ESTIMA EN 25%-30% EVASIÓN DEL SECTOR

 

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a fiscalizar establecimientos rurales que, según datos cruzados con Colonización, presentan riesgo de evadir tributos. En un mes se controlarán 100 firmas que en total facturan US$ 500 millones al año.

 

Alrededor de 60 inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) comenzaron una recorrida a lo largo de todo el país con el fin de establecer si unos 100 establecimientos rurales que facturan en promedio $ 100 millones al año cada uno (unos US$ 5 millones) evaden impuestos tales como el IRPF e IRAE y, de forma simultánea, si se viene cumpliendo con la partida correspondiente del ICIR.

 

Según informó el director general de Rentas, Pablo Ferreri, "vamos a estar concurriendo a los propios establecimientos rurales para la información y corroborar las inconsistencias que surgieron a través del cruce de diversas bases de datos".

 

Si bien no hay un estudio pormenorizado al respecto, Ferreri dijo a El País que se estima que la evasión impositiva en el agro uruguayo "se ubica entre 25% y 30%, mientras que la de la economía en general por concepto de evasión de IVA es del 15%.

 

El director general de Rentas contó que el operativo ya comenzó y un grupo de inspectores se encuentra en el departamento de Artigas. El relevamiento de las primeras 100 empresas llevará un tiempo de un mes. Según Ferreri, "seleccionamos las empresas que presentaban la mayor probabilidad de riesgo. En su conjunto suman una facturación de US$ 500 millones al año".

 

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Lunes, 13 de Agosto de 2012 10:05

Paticipaciones Patrimoniales al Portador (PPP)

LEY Nº 18.930

CÓMO Y CUÁNDO INFORMAR

 

El 2 de agosto del corriente el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 247/2012 que reglamentó la Ley Nº 18.930 por la cual se creó un registro para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador (PPP), estableciendo normas que complementan la disciplina del nuevo régimen de información y registro de esos titulares.

 

Cabe recordar que, de acuerdo al art. 1 de la Ley, los titulares de PPP emitidas por toda entidad residente en el país (incluyendo fideicomisos y fondos de inversión regulados por el BCU cuyas participaciones o cuotapartes estén representadas en PPP), por las entidades no residentes (1) que estén comprendidas en los lit. A) y B) del inc. 1 del art. 2 de la Ley (cualquiera cual sea su naturaleza jurídica), y los fideicomisos y fondos de inversión en el exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes en el país, deben suministrar a la entidad emisora la información que permita identificar al titular, la que estará contenida en una declaración jurada (DJ). Analizaremos el contenido y forma de esa DJ y de la comunicación que debe cursar la entidad emisora al BCU, así como los plazos para efectuarlas.

 

I. CONTENIDO DE LA DJ

 

a) Personas físicas: nombre del titular declarante, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la DGI, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE), o documento identificatorio expedido por otro Estado.

 

b) Sucesiones indivisas cuando no hubiese aún declaratoria judicial de herederos: la declaración podrá ser formulada a nombre de la sucesión indivisa por cualquiera de los herederos presuntos acreditando tal calidad mediante certificado notarial. Cuando sean declarados judicialmente los herederos, cada uno de ellos deberá efectuar su declaración por el porcentaje que le corresponda en el acervo sucesorio.

 

c) Personas jurídicas u otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad declarante, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE) expedidos por la DGI, en su caso, y nombre, domicilio y documento identificatorio del representante que firme la declaración. Quedan comprendidas las entidades en liquidación hasta que se cancele su personería jurídica.

 

d) Personas distintas del titular (mandatarios, tenedores, custodios, depositarios): se incluirán, además de los datos del titular ya mencionados, los mismos datos respecto a estas otras personas físicas o jurídicas.

 

e) Usufructuarios o titulares de otros derechos reales menores que pudiesen haberse constituido sobre los valores: ídem d).

 

En todos los casos deberá especificarse el valor nominal total de las PPP emitidas por la entidad, así como el lugar físico donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia. Si se tratara de cupones, bonos, partes beneficiarias u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal, se indicará el derecho que confiere el respectivo instrumento a su tenedor.

 

Se prevé que el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), podrá establecer formatos de DJ así como exigir que se incorporen en esa DJ datos adicionales, y que la Auditoría Interna de la Nación determinará los criterios técnicos según los cuales deberán formularse las declaraciones juradas para su correcta registración.

 

II. COMUNICACIONES

 

Las personas que hemos mencionado deben asimismo informar a la entidad emisora, mediante DJ, toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto cuando se produzca una variación del valor nominal de las PPP que no altere el porcentaje de participación del declarante en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio, según corresponda (2), y los cambios en la titularidad de las participaciones. En este último caso, el nuevo titular deberá incluir la identificación del enajenante y la fecha de la transferencia.

 

III. LA DJ DE LA ENTIDAD EMISORA ANTE EL BCU

 

La entidad (SA, fideicomiso, fondo de inversión, etc.), debe comunicar al BCU, también mediante una DJ, la información recibida del titular y el monto total del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, según el caso, a valores nominales, y la participación que en la entidad corresponda a cada uno de los titulares.

 

Si la información recibida fuera parcial porque algunos titulares de PPP no cumplen con su obligación, la entidad igualmente presentará la DJ con la información de los titulares que sí hayan remitido su DJ.

 

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Lunes, 30 de Julio de 2012 10:21

Créditos fiscales por proyectos de inversión

CERTIFICADOS DE CRÉDITO POR PROYECTOS

 

 

1. INTRODUCCIÓN

 

Uno de los beneficios fiscales que se otorga habitualmente a las empresas cuyos proyectos de inversión han sido declarados promovidos, es la devolución del IVA incluido en las adquisiciones de materiales y servicios vinculados a la inversión en obra civil.

 

Dicha devolución es de suma importancia para empresas que no pueden recuperar parte del IVA incluido en sus compras, por contar con ingresos no gravados por este impuesto. Recordemos que en la liquidación general de este impuesto, se puede descontar del IVA facturado, el IVA incluido en las compras de bienes y servicios asociados directa o indirectamente a las operaciones gravadas y de exportación, pero no así el asociado a los ingresos no gravados.

 

Asimismo, es un beneficio financiero relevante para empresas que demorarían un tiempo considerable en recuperar este crédito, ya sea porque están iniciando sus actividades o porque la envergadura de la inversión hace que tengan un crédito por IVA mayor al IVA ventas generado.

 

El crédito otorgado por la Resolución que declara promovido el proyecto se hace efectivo mediante el mismo procedimiento que rige para los exportadores. La normativa establece que estos pueden solicitar la devolución del IVA mediante certificados de crédito, los que pueden ser endosables o no.

 

2. APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

 

En forma resumida, los certificados de crédito no endosables -es decir aquellos que solo pueden ser aplicados al pago de obligaciones tributarias propias del titular- pueden ser, tipo A: para cancelar obligaciones ante DGI, o tipo D: para el pago de obligaciones ante BPS.

 

Por su parte, aquellos que sean endosables a favor de proveedores pueden ser solicitados como tipo B: para el pago de obligaciones del proveedor ante DGI, o tipo E: para el pago de obligaciones del proveedor ante BPS.

 

Finalmente, existe la posibilidad de solicitar certificados endosables sin destinatario para el pago de obligaciones ante DGI: tipo C, pero solamente en caso de verificarse situaciones muy puntuales, y quedando a discreción de la DGI la facultad de otorgar los mismos, dependiendo de la situación tributaria de la empresa solicitante.

 

En los casos de los certificados endosables a proveedores, el monto solicitado estará limitado al IVA facturado por el proveedor en el ejercicio fiscal en el cual se genera el crédito.

 

Por otra parte, cuando el proveedor no pueda utilizar los certificados de crédito por encontrarse al día con sus obligaciones, puede solicitar un nuevo certificado a favor de sus propios proveedores y hasta el monto equivalente al IVA facturado en sus suministros del ejercicio en curso (trámite que se conoce como "cambio de endosatario").

 

3. FECHA DE EXIGIBILIDAD

 

En caso de certificados endosables los mismos serán exigibles desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se generó el crédito. Es decir, cuando los mismos se presenten ante el Organismo recaudador (DGI o BPS) para cancelar obligaciones, las mismas se considerarán canceladas en la fecha de exigibilidad del certificado.

 

Esto es así siempre y cuando dichos certificados se presenten ante los citados Organismos, en un plazo no mayor a un año contado desde la fecha de su emisión. Esta fecha también es válida en el caso de cambio de endosatario, donde debe tenerse en cuenta que el plazo del año se computa desde la fecha de emisión del certificado original y no del nuevo certificado emitido.

 

Si el certificado de crédito se presenta luego de un año desde la fecha de emisión original, la fecha de cancelación será la de su presentación ante el Organismo recaudador correspondiente.

 

Cuando los certificados de crédito se utilicen para cancelar obligaciones por aportes personales y aportes patronales por servicios bonificados, se tomará como fecha de cancelación la de entrega del correspondiente certificado de crédito al BPS, no rigiendo la exigibilidad antes comentada.

 

A modo de ejemplo, supongamos que un proveedor facturó en enero de 2012 materiales para una obra (incluyendo el IVA). En julio de 2012 recibió los certificados de crédito entregados por su cliente, cuyo proyecto fue declarado promovido. En agosto se presentará a la DGI a cancelar el IVA facturado en el mes de enero. Su pago será considerado hecho en fecha, dado que los tributos de enero vencen en febrero y la fecha valor del certificado que recibió es del 1º de febrero de 2012 y los presentó antes del año de emitido el certificado.

 

4. ¿CUÁNDO SE PUEDEN SOLICITAR?

 

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TRAS FALLOS JUDICIALES ADVERSOS, LA DGI BUSCA FORTALECERSE

           

Legal. A través de una ley, el organismo pretende enmendar un error por el que viene perdiendo juicios contra contribuyentes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

           

El director de la DGI, Pablo Ferrari, aseguró que el organismo está siendo cada vez más riguroso.

           

La Dirección General Impositiva (DGI) perdió 51 juicios de los 71 que resolvió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en 2010 por cuestiones de fondo y otros tantos en 2011.

 

A raíz de la sentencia, la Impositiva resolvió enmendar su error a través del artículo 266 del proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento.

 

La DGI insiste en que debe multarse cada concreción del error (una multa por factura) y no la infracción en sí de forma genérica. Por este motivo, el artículo 266 incluido en la Rendición de Cuentas, eleva la multa máxima a contribuyentes por errores de US$ 210 a US$ 200.000. El artículo se propone tipificar la contravención como "cada documento o compromiso, individualmente considerado que transgreda el régimen general de documentación".

 

"Con la interpretación de que solo se puede aplicar la multa una vez, estamos cayendo en el ridículo", dijo el director de Rentas, Pablo Ferrari. Agregó que "con la penalización máxima para contribuyentes que emiten miles de documentos con errores que obstaculizan el control de la administración es de $ 4.570".

 

Por su parte, el tributarista Alberto Vaerla, del estudio Ferrere, cuestionó la iniciativa. Para Varela, este artículo permite establecer "multas desproporcionadas" en relación con el error. Dijo que ya "sobran artículos en el Código Tributario que sancionan a los defraudadores".

 

Fuente: El observador el jueves, 26 de julio de 2012

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Proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal: Precios de Transferencia

 

Algunos cambios tributarios propuestos en el Proyecto de Ley referente a la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2011.

 

En la presente entrega expondremos algunos de los artículos del mencionado proyecto vinculados con diversas normas tributarias que resultan de interés.

 

Precios de transferencia

Mediante el artículo 271 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas se otorga al Poder Ejecutivo la facultad para disponer la aplicación de un régimen de acuerdos anticipados de precios, con los contribuyentes, en el marco del régimen de precios de transferencia. Dichos acuerdos deberán suscribirse con anterioridad a la realización de las transacciones que comprendan, y no podrán exceder de cinco ejercicios fiscales.

 

Recordamos que los Acuerdos Anticipados sobre Precios de Transferencia (en inglés "Advanced Pricing Agreements" o "APAs") son acuerdos entre el contribuyente y una o más autoridades fiscales que determinan, anticipadamente, los precios o niveles de utilidad en operaciones comprendidas, así como criterios apropiados para la determinación de los precios de transferencia para esas transacciones por un período determinado de tiempo. Tiene, como propósito, ser un complemento a los mecanismos tradicionales para evitar o resolver disputas relacionadas con precios de transferencia.

 

Cabe señalar que dicha facultad fue ejercida previamente a través del artículo 15 bis del Decreto N° 56/009, en donde se establece que la DGI pueda celebrar acuerdos de precios con los contribuyentes, y que la duración de los mismos no pueda exceder de tres ejercicios.

 

De esta forma, se armonizan las disposiciones que regulan estos acuerdos, al otorgarle al mismo rango legal. Por otra parte, podríamos decir que, en la práctica quedará en manos de la Administración extender el período previsto en el Decreto N° 56/09, de tres a cinco ejercicio, si así lo entendiera oportuno.

 

En otro orden, y también dentro del mismo ámbito de aplicación del régimen de Precios de Transferencia, a través del artículo 272 del proyecto de ley, se establecen sanciones para aquellos contribuyentes amparados en el régimen, cuando los mismos incumplan cualquiera de los deberes formales establecidos en el mismo.

 

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Sábado, 21 de Julio de 2012 23:40

IRPF: se modifican franjas

MODIFICACIONES AL SISTEMA TRIBUTARIO: IRPF

 

Desde el pasado 25 de Junio, se encuentra vigente la Ley 18.910 que introdujo modificaciones en el IRPF, entre otros cambios al sistema tributario. En esta oportunidad queremos darles a conocer las principales novedades respecto a los cambios introducidos en el IRPF.

 

MÁXIMO

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 18.910 la nueva tasa máxima será del 30% y afectará a los ingresos anuales que superen las 1380 BPC (más de $278.000 mensuales aproximadamente).

 

Asimismo se redujo la escala del 22% pasando a estar comprendidos los ingresos anuales de más de 600 BPC hasta 900 BPC (hasta $181.275 mensuales), por lo que la alícuota del 25% gravará de ahora en adelante las rentas anuales de más de 900 BPC y hasta 1380 BPC (entre $181.275 y $277.955 mensuales).

 

Según la redacción por el artículo 37 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, hasta la entrada en vigencia de la Ley 18.910, las rentas anuales computables derivadas del trabajo de más de 600 BPC y hasta 1200 BPC anuales (entre $120.850 y $241700 mensuales) estaban gravadas a una tasa del 22% y las que superaran las 1200 BPC al año quedaban alcanzadas con la alícuota máxima del 25%.

 

 

Por lo tanto, en la práctica solo se verán afectados con esta modificación aquellos contribuyentes que obtengan rentas comprendidas superiores a $ 2.175.000 anuales ($181.275 mensual).

Los cambios rigen con vigencia desde el 1° de enero de 2012, aunque se espera para los próximos días el decreto que reglamente la fecha a partir de la cual se aplicarán las nuevas escalas y tasas para los anticipos de los empleados dependientes.

 


MÍNIMO

 

A su vez la Ley 18.910 faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los Mínimo No Imponibles (MNI), tanto para Persona Física como Núcleo Familiar hasta en 12 BPC anuales, también con vigencia desde el 1° de enero 2012.

 

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Sábado, 21 de Julio de 2012 17:52

Residencia fiscal

 

Consulta DGI N° 5457

abrir el vínculo para leer la consulta completa

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