El Banco de Previsión Social prevé realizar 11.526 actuaciones inspectivas el año próximo. En su mayoría serán operativos masivos, pero se pretende elevar los casos seleccionados con sistemas informáticos. También hará foco en la construcción.

De acuerdo al Plan de Fiscalización 2013 al que accedió El País, el Banco de Previsión Social (BPS) resolvió efectuar un número similar de actuaciones a las 11.106 que se había fijado para 2012.

De las 11.526 que prevé hacer el año entrante, la amplia mayoría serán de tipo masivo (4.530), es decir operativos "rastrillo". Si bien son 39,3% del total, eso supone una reducción con respecto al peso que tuvieron en el Plan de 2012 (42,5% de las actuaciones).

 

En cambio, para el año que comienza el BPS aumentará el peso de las actuaciones que surgen en base a sistemas informáticos que permiten detectar mayor riesgo de evasión.

 

Esas actuaciones por análisis interno de selección de casos surgen a raíz de cruces de datos que revelan indicios de irregularidad que ameritan citar a las empresas para aclararlos. En 2013 se prevé efectuar 1.080, con lo que su peso en el total fue de 9,4% (mayor al 8,3% de este año).

 

El plan elaborado por la Asesoría Tributaria y Recaudación y aprobado por el directorio de BPS estableció que uno de los objetivos es "incrementar el porcentaje de irregularidades de selección ya sea en cantidad de acciones como en montos determinados y en personas regularizadas".

 

El representante de los trabajadores en el directorio de BPS, Ariel Ferrari, indicó que este cometido implica "afinar la puntería" en la selección de los casos a inspeccionar. El organismo trabaja con distintos modelos predictivos (confeccionados en base a 600 variables) que le permiten elaborar un ranking de riesgo del total de empresas del país.

"Si vemos que en el sector frigorífico hay un promedio de cantidad de jornales por mes y hay uno donde es menor, nos puede llamar la atención. Lo mismo si el salario promedio en una actividad es 10 y en una empresa es 6. Eso permite enfocar la fiscalización", explicó Ferrari.

 

Además, el organismo planificó 3.402 actuaciones en base a denuncias, mientras que para 2012 se habían proyectado 2.957. Así, su participación en el Plan subió de 26,6% a 29,5% entre un año y el otro. Por ejemplo, de las 420 inspecciones que está previsto hacer a grandes contribuyentes, 172 se harán en base a denuncias.

 

Otra parte de las actuaciones en 2013 serán las 2.481 de análisis de riesgo (21,5% del total). Son aquellas dirigidas a actividades con mayor probabilidad de evasión por no tener infraestructura, como los servicios, explicó Ferrari.

En cuanto a los controles a cargo de la gerencia inspectiva del interior, si bien se mantiene la cantidad de actuaciones de 2012, crecen las que se efectúan por selección (análisis interno).

 

El Plan estableció también un mayor número de operativos en las calles para fiscalizar al sector construcción que, si bien aumentó mucho sus trabajadores registrados los últimos años, aún es de los que tienen mayor porcentaje sin cobertura de la seguridad social.

 

Por eso, se definió que "no menos del 27%" de las acciones que harán las gerencias inspectivas de Montevideo se destinen al control de construcción. También se pretende dar desde allí apoyo a la cobertura de esa aportación en el interior, "considerando la evidencia empírica que indica un mayor porcentaje de irregularidades a la aportación en dicha jurisdicción".

 

Esas razones motivaron la decisión de ejecutar "alrededor del 70%" de los controles al sector mediante el procedimiento operativo, para lo que el personal de secciones especializadas de Montevideo se desplazará también al interior.

 

En tanto, en la categoría industria y comercio se estableció que solo un 36% del total de inspecciones previstas se ejecuten a través de operativos. No obstante, el porcentaje es significativo y busca "mantener la percepción de riesgo en el caso de la informalidad como consecuencia de la presencia masiva en las calles". Pero también se hará control por cruzamiento de datos (un 39% de las fiscalizaciones sector serán por selección) y un 25% será en base a denuncias.

"Cada vez estamos haciendo menos inspecciones por denuncias. No porque no le demos valor sino porque el aumento de la formalización y de la sindicalización hace que no haya tantas denuncias individuales como hace 15 años atrás", argumentó Ferrari.

 

Por otra parte, en el total de acciones a realizar en la categoría "grandes y especiales contribuyentes", el plan pretende "ampliar la cantidad a realizar en la aportación civil" (organismos públicos e instituciones educativas estatales).

El BPS se propuso además seguir con sus acciones de tipo "inductivo" (cartas y folletería) con el doble objetivo de "generar riesgo y a su vez informar sobre los derechos y obligaciones de las empresas, los trabajadores y los agentes de control", según consta en el Plan.

 

Agilitarán trámites por obras

El Banco de Previsión Social (BPS) se propuso en su plan inspectivo de 2013 "mejorar los tiempos en los cierres de obra", informó a El País el director Ariel Ferrari. Al terminar de construir, es necesario presentar un formulario para que el organismo fiscalice con un arquitecto que las horas declaradas de trabajo se corresponden con la obra realizada. "Buscamos hacer ese procedimiento más ejecutivo, más rápido", dijo Ferrari. Para ello, el BPS ya cuenta con un programa informático que permite realizar cierres en forma automática y su implementación se ampliará a todo el país en 2013.

El País Digital
Publicado en Empresarial
Miércoles, 15 de Agosto de 2012 12:11

DGI inspecciona al agro

DGI FISCALIZARÁ 100 FIRMAS DEL AGRO; ESTIMA EN 25%-30% EVASIÓN DEL SECTOR

 

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a fiscalizar establecimientos rurales que, según datos cruzados con Colonización, presentan riesgo de evadir tributos. En un mes se controlarán 100 firmas que en total facturan US$ 500 millones al año.

 

Alrededor de 60 inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) comenzaron una recorrida a lo largo de todo el país con el fin de establecer si unos 100 establecimientos rurales que facturan en promedio $ 100 millones al año cada uno (unos US$ 5 millones) evaden impuestos tales como el IRPF e IRAE y, de forma simultánea, si se viene cumpliendo con la partida correspondiente del ICIR.

 

Según informó el director general de Rentas, Pablo Ferreri, "vamos a estar concurriendo a los propios establecimientos rurales para la información y corroborar las inconsistencias que surgieron a través del cruce de diversas bases de datos".

 

Si bien no hay un estudio pormenorizado al respecto, Ferreri dijo a El País que se estima que la evasión impositiva en el agro uruguayo "se ubica entre 25% y 30%, mientras que la de la economía en general por concepto de evasión de IVA es del 15%.

 

El director general de Rentas contó que el operativo ya comenzó y un grupo de inspectores se encuentra en el departamento de Artigas. El relevamiento de las primeras 100 empresas llevará un tiempo de un mes. Según Ferreri, "seleccionamos las empresas que presentaban la mayor probabilidad de riesgo. En su conjunto suman una facturación de US$ 500 millones al año".

 

Publicado en Impuestos
Viernes, 13 de Julio de 2012 14:36

DGI dice ahora que Casal no defraudó

No defraudó

 

Ministerio de Economía descartó acusación de Impositiva contra Paco Casal

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, descartó que el empresario futbolístico Francisco “Paco” Casal hubiera incurrido en defraudación tributaria y entendió incluso necesario investigar a la Dirección General Impositiva (DGI) por “inocultable desviación en la aplicación del derecho”.

 

Paco Casal

 

La casi totalidad de las acusaciones que la DGI imputaba a Casal, desde el año 2008, cayeron por tierra, al tiempo que el ministro de Economía Fernando Lorenzo, redujo de 10 a 5 años la prescripción para determinar los presuntos adeudos tributarios del indagado, según publica el diario El Observador.

 

La prescripción implica que la deuda que Casal tendría –según la DGI- en impuestos cayó de US$ 100 millones, a US$ 10 millones. Los abogados de Casal no obstante, están apostando a que el Gobierno cierre definitivamente el caso y deje de lado cualquier pretensión de cobrarle impuestos atrasados a su cliente.

 

Fraude no hubo: Casal “convencido” de su buena fe

 

La DGI pretendía cobrar el impuesto del IRIC al empresario, así como Impuesto a Patrimonio, todo lo que ascendía con moras y recargos a US$ 100 millones. La DGI planteó un juicio penal contra Casal pero no tuvo andamiento.

 

Casal interpuso un recurso de revocación y jerarquía ante la DGI. El Ministerio de Economía dio pase del recurso al fiscal de gobierno Migel Toma. Éste ante lo específico del asunto, asesoró que una consulta técnica independiente era lo más adecuado “para garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable”.

 

El Ministerio pidió un informe al doctor Juan Manuel Albacete, y aunque el fiscal lo reclamó, el ministerio no pidió pronunciamiento sobre la procedencia o no de lo que la DGI pretendía cobrar.

 


Un extenso informe de especialistas, todos a favor de Casal, concluyó que “no se configura defraudación tributaria” en el caso. Entre otros argumentos se sostiene la inocencia de Casal, porque estaba “convencido” que no debía pagar impuestos, con lo cual “el dolo y el fraude quedan desvirtuados”.

 

Fuente: La Red 21, 13.07.12

Publicado en Impuestos
Viernes, 13 de Julio de 2012 14:03

Casal no defraudó

Fiscal de gobierno: Sugirió investigar a la DGI por su “inocultable desviación en la aplicación del derecho”

           

Informe técnico dijo que Casal siempre estuvo convencido de que no debía pagar impuestos.

           

Casal ya había ganado en lo penal

           

Cronología

           

Contra lo que viene sosteniendo la Dirección General Impositiva (DGI) desde el año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador viene planteando contra el empresario Francisco Casal.

 

La resolución, fechada el 1º de noviembre de 2011, y firmada por el ministro Fernando Lorenzo, desestima la acusación lanzada por la DGI acerca de que Casal había incurrido en defraudación y reduce de 10 a 5 años el plazo de prescripción para la determinación de los presuntos adeudos tributarios, lo cual estaría reduciendo esa deuda de US$ 100 millones a unos US$ 10 millones. No obstante, los abogados del empresario esperan que el gobierno termine por cerrar el caso, eliminando toda pretensión de cobrar algún impuesto. Asimismo, el fiscal de gobierno recomendó iniciar una investigación administrativa ante la sospecha de desvíos en la acción de la DGI.

 

En octubre de 2010 Casal presentó un recurso de revocación y jerárquico ante los intentos de la DGI por cobrarle IRIC e Impuesto al Patrimonio, que con moras y recargos ascendía a unos US$ 100 millones. El organismo planteó incluso sin éxito un juicio penal contra el empresario (ver nota aparte).

 

El MEF le dio pase del recurso al fiscal de gobierno de segundo turno, Miguel Toma, quien en junio, ante la especificidad del asunto a tratar recomendó realizar una consulta técnica independiente “a fin de garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable que ilustre acerca de si la actividad descripta se encuentra o no gravada por IRIC y por ende si dicha actividad alcanza o no al IVA y al Impuesto al Patrimonio”. También pidió que en ese informe técnico se indicara si la actuación de la DGI fue correcta, si existen elementos como para determinar la existencia de infracción de defraudación y si eventualmente habría prescripto la pretensión de la DGI “por no haberse verificado una causal de ampliación del plazo de prescripción de la deuda”.

 

Informe independiente

 

Fue entonces que el MEF pidió un informe al doctor Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules. Sin embargo, el MEF solo le pidió a Albacete que se pronunciara sobre si hubo defraudación tributaria y si, en caso de tener que pagar algún impuesto, el plazo aplicable era de 5 o 10 años. Aunque el fiscal lo reclamó, el MEF no pidió a Albacete que se pronunciara acerca de si los impuestos que la DGI pretendía cobrar al empresario procedían.

 

Publicado en Impuestos
Miércoles, 25 de Abril de 2012 12:52

Ocde: el frente argentino

OCDE: ACUERDO FIRMADO CON ARGENTINA SUJETO A RATIFICACIÓN PARLAMENTARIA

 

ACUERDO EVITÓ RETROACTIVIDAD Y NO SERÍA DE APLICACIÓN INMEDIATA

 

Tributaristas afirman que se benefició a los uruguayos. Acuerdo dejaría afuera a las cuentas de financieras en zonas francas Darán crédito fiscal para evitar doble imposición

 

Uruguay finalmente firmó el tratado de intercambio de datos y eliminación de la doble tributación con Argentina. El texto garantiza la no retroactividad y habilita a dar créditos fiscales por impuestos pagos. Ahora la discusión pasa al Parlamento.

 

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunció ayer la concreción del tratado rechazando que esto se haya producido a cambio de un levantamiento de las trabas argentinas al comercio y remarcando el riesgo que implica para el país no firmarlo pese a la advertencia de los privados sobre la potencial pérdida de inversiones.

 

"Cumplimos con esto por decisión propia y no como contrapartida de nada", dijo Lorenzo en conferencia de prensa ayer, y agregó: "Aspiramos a tener acuerdos amplios porque le dan credibilidad y prestigio al país (...) El riesgo más importante es no ser parte de la cooperación internacional".

 

En Argentina el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que firmó por ese país el lunes en Anchorena, se limitó a ratificar a través de un comunicado de prensa la información y dijo que el convenio suscrito por ambos países "cumple con los estándares del `Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria` de la OCDE". Así también lo vieron los tributaristas uruguayos, que resaltaron que en los casos en que "se desvía", el texto "beneficia a Uruguay".

 

Ahora el acuerdo pasará al debate parlamentario. Lorenzo espera que esté aprobado entre junio y julio junto con el proyecto de ley para conocer la titularidad de las acciones al portador, a fin de solicitar a la OCDE una nueva revisión entre pares con sus dos exigencias cumplidas. Esta semana el gobierno enviará un informe al organismo con los pasos dados. Entre éstos figura también un "avance" en las "negociaciones" para la firma de un acuerdo similar con Brasil, aclaró el ministro.

 

Lorenzo enfatizó que el país "ha definido como estratégico hacer todas las acciones necesarias para el cumplimiento, porque Uruguay quiere ser parte de esa cooperación", dado que "en el mundo hacia el que vamos estos tratados son importantes".

 

LETRA CHICA. Una vez aprobado el acuerdo en ambos parlamentos, cada gobierno deberá notificárselo a su par. Pasados 30 días de la fecha, el acuerdo entrará en vigor. No obstante, el tributarista de Ferrere, Gianni Gutiérrez, dijo a El País que en algunos casos puede ocurrir que recién se pueda pedir información en 2014. "Si entra en vigencia el acuerdo en enero 2013 se estaría fiscalizando recién en 2014 porque hasta ahí hay tiempo para pagar el impuesto a los bienes personales, como el patrimonio". Esto ocurre para los impuestos anuales.

 

Al margen de las fechas, el texto acordado al que accedió El País descarta las operaciones de pedidos de información al barrer, conocidos como de pesca o "especulativos", permitiendo solo "solicitudes individualizadas y fundadas" que sean "relevantes para la determinación, liquidación, implementación, el control y la recaudación de impuestos".

 

En la práctica esto implica que no se podrá solicitar a la contraparte que proporcione datos sobre una lista de personas o empresas o sobre determinado rubro. Es más, el acuerdo establece que la solicitud de información se deberá hacer una vez que se haya "utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio" para obtener los datos, "excepto aquellos casos donde los recursos que se utilicen para recurrir a dichos medios podrían dar lugar a dificultades desproporcionadas". Además se deberá establecer "por escrito" y contar con la identidad de la persona a investigar, el período de la información, la naturaleza de la misma, el fin tributario, los motivos que hacen relevante el requerimiento y por qué se cree que la información la posee la contraparte.

 

El acuerdo afirma que se deberá poder acceder a información de: bancos, otras instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, entre otros. No será obligación obtener datos sobre la propiedad de sociedades que cotizan en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos "a menos que dicha información pueda obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas". El país al que se le requiere la información tendrá 60 días para notificar si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos y 90 días para notificar que no tuvo éxito en la búsqueda "explicando las razones de la imposibilidad", o dar los datos que serán confidenciales.

 

Si bien el objetivo plasmado es "asegurar una respuesta rápida" en la práctica lo que implica es que el intercambio no será automático o inmediato como en otros países.

 

Publicado en Información

Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

  • Omisión de registro y de pago de una empresa unipersonal no constituye defraudación.

 

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