El Banco de Previsión Social prevé realizar 11.526 actuaciones inspectivas el año próximo. En su mayoría serán operativos masivos, pero se pretende elevar los casos seleccionados con sistemas informáticos. También hará foco en la construcción.

De acuerdo al Plan de Fiscalización 2013 al que accedió El País, el Banco de Previsión Social (BPS) resolvió efectuar un número similar de actuaciones a las 11.106 que se había fijado para 2012.

De las 11.526 que prevé hacer el año entrante, la amplia mayoría serán de tipo masivo (4.530), es decir operativos "rastrillo". Si bien son 39,3% del total, eso supone una reducción con respecto al peso que tuvieron en el Plan de 2012 (42,5% de las actuaciones).

 

En cambio, para el año que comienza el BPS aumentará el peso de las actuaciones que surgen en base a sistemas informáticos que permiten detectar mayor riesgo de evasión.

 

Esas actuaciones por análisis interno de selección de casos surgen a raíz de cruces de datos que revelan indicios de irregularidad que ameritan citar a las empresas para aclararlos. En 2013 se prevé efectuar 1.080, con lo que su peso en el total fue de 9,4% (mayor al 8,3% de este año).

 

El plan elaborado por la Asesoría Tributaria y Recaudación y aprobado por el directorio de BPS estableció que uno de los objetivos es "incrementar el porcentaje de irregularidades de selección ya sea en cantidad de acciones como en montos determinados y en personas regularizadas".

 

El representante de los trabajadores en el directorio de BPS, Ariel Ferrari, indicó que este cometido implica "afinar la puntería" en la selección de los casos a inspeccionar. El organismo trabaja con distintos modelos predictivos (confeccionados en base a 600 variables) que le permiten elaborar un ranking de riesgo del total de empresas del país.

"Si vemos que en el sector frigorífico hay un promedio de cantidad de jornales por mes y hay uno donde es menor, nos puede llamar la atención. Lo mismo si el salario promedio en una actividad es 10 y en una empresa es 6. Eso permite enfocar la fiscalización", explicó Ferrari.

 

Además, el organismo planificó 3.402 actuaciones en base a denuncias, mientras que para 2012 se habían proyectado 2.957. Así, su participación en el Plan subió de 26,6% a 29,5% entre un año y el otro. Por ejemplo, de las 420 inspecciones que está previsto hacer a grandes contribuyentes, 172 se harán en base a denuncias.

 

Otra parte de las actuaciones en 2013 serán las 2.481 de análisis de riesgo (21,5% del total). Son aquellas dirigidas a actividades con mayor probabilidad de evasión por no tener infraestructura, como los servicios, explicó Ferrari.

En cuanto a los controles a cargo de la gerencia inspectiva del interior, si bien se mantiene la cantidad de actuaciones de 2012, crecen las que se efectúan por selección (análisis interno).

 

El Plan estableció también un mayor número de operativos en las calles para fiscalizar al sector construcción que, si bien aumentó mucho sus trabajadores registrados los últimos años, aún es de los que tienen mayor porcentaje sin cobertura de la seguridad social.

 

Por eso, se definió que "no menos del 27%" de las acciones que harán las gerencias inspectivas de Montevideo se destinen al control de construcción. También se pretende dar desde allí apoyo a la cobertura de esa aportación en el interior, "considerando la evidencia empírica que indica un mayor porcentaje de irregularidades a la aportación en dicha jurisdicción".

 

Esas razones motivaron la decisión de ejecutar "alrededor del 70%" de los controles al sector mediante el procedimiento operativo, para lo que el personal de secciones especializadas de Montevideo se desplazará también al interior.

 

En tanto, en la categoría industria y comercio se estableció que solo un 36% del total de inspecciones previstas se ejecuten a través de operativos. No obstante, el porcentaje es significativo y busca "mantener la percepción de riesgo en el caso de la informalidad como consecuencia de la presencia masiva en las calles". Pero también se hará control por cruzamiento de datos (un 39% de las fiscalizaciones sector serán por selección) y un 25% será en base a denuncias.

"Cada vez estamos haciendo menos inspecciones por denuncias. No porque no le demos valor sino porque el aumento de la formalización y de la sindicalización hace que no haya tantas denuncias individuales como hace 15 años atrás", argumentó Ferrari.

 

Por otra parte, en el total de acciones a realizar en la categoría "grandes y especiales contribuyentes", el plan pretende "ampliar la cantidad a realizar en la aportación civil" (organismos públicos e instituciones educativas estatales).

El BPS se propuso además seguir con sus acciones de tipo "inductivo" (cartas y folletería) con el doble objetivo de "generar riesgo y a su vez informar sobre los derechos y obligaciones de las empresas, los trabajadores y los agentes de control", según consta en el Plan.

 

Agilitarán trámites por obras

El Banco de Previsión Social (BPS) se propuso en su plan inspectivo de 2013 "mejorar los tiempos en los cierres de obra", informó a El País el director Ariel Ferrari. Al terminar de construir, es necesario presentar un formulario para que el organismo fiscalice con un arquitecto que las horas declaradas de trabajo se corresponden con la obra realizada. "Buscamos hacer ese procedimiento más ejecutivo, más rápido", dijo Ferrari. Para ello, el BPS ya cuenta con un programa informático que permite realizar cierres en forma automática y su implementación se ampliará a todo el país en 2013.

El País Digital
Publicado en Empresarial
Martes, 24 de Julio de 2012 11:53

El trabajador rural: se adecua la normativa

Se adecua la reglamentación para adaptarla a la nueva forma de trabajo en el sector rural

 

Los cambios en la jornada laboral para el trabajador rural, con la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, hicieron necesario adaptar la reglamentación existente hasta la fecha, para adecuarla a esta nueva forma de trabajo en el sector rural.

 

Recuérdese que, con anterioridad a la sanción de la Ley N° 18.441 de 23.01.2009, salvo excepciones, no existía para el trabajador rural, limitación de su jornada de trabajo. Por lo tanto, al no haber limitación, no se aplicaba al trabajador rural, la ley de horas extra.

 

La Ley N° 18.441 citada, introdujo, con carácter general para el sector rural, la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas. Si bien existían algunos sectores cuya jornada estaba limitada, esto no sucedía con carácter general para todo el sector rural.

 

Resumimos las principales características de este régimen:

 

            1) La jornada de trabajo se fija en 8 horas diarias

            2) El ciclo semanal se fija en . Las que excedan, generan horas extra.

            48 horas

            3) El descanso entre jornadas se fija, como mínimo, en por cada 6 días de            trabajo. 12 horas

            4) En descanso semanal, en principio debe ser en día , salvo que el descanso        intermedio sea igual o superior a 3 horas, en cuyo caso se admite que el     descanso se reduzca a 9 horas. domingo , aunque se permite convenir que dicho     descanso sea en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

 

El reciente Decreto N° 216/012 de 29.06.2012, que comentamos, recoge los cambios en la legislación y reglamentación aplicable al trabajo rural ocurridos en los últimos años.

 

Comentaremos a continuación las principales disposiciones del decreto citado:

 

• Definiciones

El decreto define al empleador rural como “toda persona física o jurídica que utilice los servicios de trabajadores subordinados, cualquiera sea el título en virtud del cual los ocupa” y al trabajador rural a aquel que “bajo la dirección de otra persona, empleadora, ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones”.

Publicado en Agropecuario
Lunes, 11 de Junio de 2012 09:07

Compatibilidad: Jubilación y actividad

1. Introducción

 

Recientemente, el Poder Ejecutivo (PE) remitió a la Asamblea General un Proyecto de Ley por el cual se habilita, bajo ciertas condiciones, la compatibilidad entre jubilación por Industria y Comercio y la actividad bajo dicha afiliación, para sectores donde exista escasez de oferta de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales.

 

Actualmente, en nuestro país rige el principio general de la incompatibilidad entre jubilación y actividad de la misma afiliación. En el ámbito de las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social (BPS) hay incompatibilidad cuando ambas categorías son de Industria y Comercio, o cuando ambas corresponden a afiliación Civil y Escolar, o cuando ambas son de afiliación Rural y/o Doméstica.

 

Sin embargo, existen diversas excepciones, como la compatibilidad entre jubilación y actividad por: el desarrollo docente en institutos de enseñanza oficiales o habilitados; la actividad de titulares de empresas unipersonales monotributistas; y la actividad docente contratada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional en el área de la construcción.

 

Nuestro Derecho Laboral, si bien tiene raíces muy sólidas, presenta algunos aspectos que podrían ser revisados a la luz de la dinámica social y sus necesidades en este ámbito. Analizar estas necesidades, es una forma de asegurar que las mismas queden contempladas en el sistema, desde el respeto de los principios y garantías del Derecho.

 

Entendemos que este Proyecto podría ser un ejemplo en este sentido.

 

En efecto, acorde a los motivos del Proyecto, se analizó este tema en el ámbito del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, con la participación de los actores sociales y de los partidos políticos.

 

El Proyecto dispone que el PE reglamentará las disposiciones de la ley, en un plazo de 90 días siguientes a la fecha de su promulgación.

 

2. Motivos

 

A través de la exposición de motivos del Proyecto y de algunas disposiciones del mismo, se puede apreciar el propósito de generar una sana articulación de las distintas generaciones en el ámbito laboral.

 

En efecto, se estaría generando un espacio de oportunidad para personas jubiladas que poseen un rico caudal de experiencia, a través del cual puedan continuar desarrollando su actividad y, especialmente, puedan transmitir esa experiencia para capacitar a los trabajadores activos y para la inserción y formación de las nuevas generaciones. Para ello, se prevé un régimen de incorporación de trabajadores jóvenes, así como también se disponen medidas que garanticen la continuidad laboral de los trabajadores activos.

 

Entre los motivos mencionados tenemos, por un lado, la prolongación de la expectativa de vida acompañada muchas veces por la voluntad y la capacidad de seguir desarrollando alguna tarea tras la jubilación y, por otro lado, los avances tecnológicos y la especialización que caracteriza al actual mundo del trabajo que han dejado de manifiesto la escasez e incluso la carencia de mano de obra calificada en diversas actividades.

 

Todos estos aspectos confluyen en el Proyecto en un marco de condiciones y garantías, que habrá que evaluar si es el adecuado. A continuación, haremos una síntesis informativa del mismo.

 

3. Proyecto de ley

 

El Proyecto, en su artículo primero, establece que será compatible la jubilación por Industria y Comercio con la actividad bajo la misma afiliación, en las condiciones que se establecen en esta ley y su reglamentación.

 

      3.1 Autorización y exclusiones

 

- La mencionada compatibilidad requerirá autorización previa del PE, que se otorgará para aquellos sectores de actividad en los que exista escasez de oferta de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales. Se exige la contratación de personal calificado, para garantizar el objetivo de contribuir a la formación de los trabajadores en tareas de similar naturaleza.

 

- La autorización se otorgará previa consulta y de conformidad con organizaciones de jubilados y pensionistas y de los empleadores y trabajadores del sector, expresadas formalmente mediante convenio colectivo o en el ámbito de los Consejos de Salario correspondientes.

 

- La exclusión para la compatibilidad se da si la jubilación se otorgó por incapacidad o se hubieran incluido servicios bonificados, salvo para cargos docentes en institutos de enseñanza oficiales o habilitados.

- Limitación general: 70 años de edad para que el jubilado haga uso del beneficio.

 

  

Publicado en Laboral

Plazo. Prorrogaron para el 11 de mayo presentación de declaración jurada

 

El reintegro a los trabajadores del exceso de aportes que hayan realizado el año pasado al Fondo Nacional de Salud se hará el segundo semestre y la DGI resolvió que el 20% de lo que corresponda devolver se retenga por concepto de IRPF.

 

Cada trabajador hoy aporta el 4,5% de su salario al Fonasa si no tiene menores ni cónyuge a cargo y 6% si los tiene. Ese monto tiene que alcanzar para pagar el costo promedio que las mutualistas le cobran al Estado por el servicio y un 25% adicional que es considerado aporte "solidario". En caso de que lo retenido para el Fonasa sea todavía superior, el BPS deberá devolver al cotizante la diferencia. Esta devolución la recibirán trabajadores dependientes e independientes, pero se agrega una nueva complejidad: el monto no será totalmente trasladado ya que deberá pagar Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

 

La resolución 575 de la Dirección General Impositiva (DGI) estableció que el Banco de Previsión Social (BPS) será "agente de retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas por el reintegro del excedente de aportes al Seguro Nacional de Salud".

 

También se define que esa retención "se determinará aplicando el 20% al importe bruto rientegrado y deberá efectuarse en ocasión del pago de dicha partida al beneficiario".

 

Esa retención se efectúa dado que, como ese dinero (o renta) fue destinado al Fonasa no fue gravado con IRPF. Para poder gravarlo, se simplificó la retención con un porcentaje ficto de 20%. Así, si el trabajador pagó $ 1.000 de más por Fonasa, el BPS le devolverá solo $ 800 porque el resto se destinará a las arcas del Estado, dado que se considera como parte de la renta que generó con su salario.

 

El plazo del que se dispone para pagar el reintegro a los trabajadores es el 31 de diciembre y por ahora no se prevé que se efectúe en la primera mitad del año. "La vamos a hacer el segundo semestre. Estamos diseñando los sistemas, es un tema complejo, pero esperamos tener a fines de junio todo el sistema de gestión e informático pronto para proceder a la devolución una vez que lo disponga el Ejecutivo", dijo a El País el presidente del BPS, Ernesto Murro.

 

Se prevé que el mecanismo de reintegro sea "muy similar" al que se realiza con los saldos a favor y a pagar del IRPF que determina la DGI, explicó a El País el representante del Ministerio de Economía en la Junta Nacional de Salud, Martín Vallcorba. En este caso solo habrá saldos a cobrar (y no a pagar) a través de redes de cobranzas.

 

Publicado en Información
Lunes, 16 de Abril de 2012 09:08

Fonasa - profesionales independientes -

 

1. Introducción

 

Dada la proximidad para la presentación de la primera declaración jurada anual correspondiente al Fondo Nacional de Salud (FONASA) para este tipo de beneficiarios del sistema, nos pareció interesante comentar algunos de los aspectos a tener en cuenta, así como las implicancias que de este aporte pueden resultar frente al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).

 

2. Antecedentes normativos

 

A partir del 1º de julio de 2011 los profesionales independientes -entre otros- que prestan servicios personales quedaron incluidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y dependiendo de la situación particular de cada uno de ellos aportando al FONASA. Paralelamente, estos contribuyentes también se encuentran alcanzados ya sea por el IRPF o por el Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE) por opción o en forma preceptiva.

 

En lo que respecta al FONASA, estos casos están regulados por el artículo 12 de la Ley 18.731 que sustituye el anterior artículo 70 de la Ley 18.211 que determinó la base imponible de este tributo, los anticipos y la liquidación del mismo, así como la determinación de excedentes si los hubiera. Posteriormente, el 27 de junio de 2011 se dictó el Decreto 221/011 que reglamenta las normas referidas y por último la Resolución 575/012 de la DGI de 21 de marzo de 2012 regula los excedentes que surjan a favor de estos beneficiarios como también el tratamiento que estas partidas tendrán en la liquidación anual de IRPF.

 

3. Aspectos reglamentarios a saber

 

Este fondo se conforma hasta el momento, entre otros, con aportes de los trabajadores y de los empleadores. Si bien existen particularidades para ciertos sectores (construcción, agro, etc.), bajo el régimen de aportación de industria y comercio, los aportes para los sujetos comprendidos se calculan como un porcentaje de la materia gravada.

 

Mediante la norma reglamentaria se estableció que "el aporte realizado al FONASA a cargo de los prestadores de servicios personales fuera de la relación de dependencia, es una contribución especial de seguridad social de carácter personal y directo, que grava los ingresos anuales obtenidos por las personas físicas".

 

En este sentido se dispuso que será el BPS el que administrará los aportes que se deben realizar en forma mensual, pero será la DGI quién colaborará en la fiscalización de los mismos debiendo comunicar al BPS las diferencias que sean detectadas tanto sea en materia de ingresos, renta fiscal y en general todos los aspectos que constituyan algún tipo de incumplimiento.

 

Es en este contexto que el próximo 30 de abril del corriente vence el plazo para la presentación de la declaración jurada anual correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Interesa precisar que de acuerdo con el artículo 26 del decreto reglamentario el ejercicio fiscal comprenderá el año civil, por lo que el aporte que cada persona realice al fondo se liquidará anualmente en forma individual al 31 de diciembre de cada año.

 

Los profesionales que perciban ingresos exclusivamente por la prestación de servicios fuera de la relación de dependencia y que en el ejercicio fiscal no superen las 30 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) dejarán de ser beneficiarios del sistema, y por lo tanto también cesarán las aportaciones que deben efectuar para el ejercicio siguiente a aquél en que se verifique tal extremo. Puntualmente en este primer ejercicio de vigencia, el tope ascenderá a 15 BPC ($ 33.390) dado que abarca el período: 1° de julio-31 de diciembre.

 

No obstante lo anterior, a partir del momento en que se supere el mencionado monto (30 BPC) se deberá comunicar esta situación al BPS en la forma y las condiciones que este determine, así como, reanudar la aportación correspondiente. A estos efectos, se van a tener que considerar los ingresos acumulados desde el inicio del ejercicio fiscal en que tal circunstancia se verifique. Interesa precisar que la BPC a utilizar será la vigente al inicio del año civil (enero de 2011 = $ 2.226).

 

4. Suspensión de anticipos

 

Publicado en Salud
Martes, 07 de Febrero de 2012 08:39

Verano 2012: inspecciones en el Este

BPS DETECTÓ IRREGULARIDADES EN EL 42% DE LAS INSPECCIONES DE VERANO

 

Son 592 empresas entre construcción, comercio y domésticas:1.422 inspecciones del BPS en el Este determinaron irregularidades en cuatro de cada 10 casos, con mayor incumplimiento en construcción (60%) y domésticas (94%). Los motivos principales fueron no registrar la empresa y ocultar empleados.

 

Incumplieron desde pequeñas empresas hasta otras de gran porte, dijo Murro, ya que el operativo fue de amplio espectro.

 

Por el momento no se manejan cifras de reliquidación de pagos ni tampoco información sobre casos de reincidencia, ya que los datos son primarios.

 

"No se pasa de esto (los informes) a la solicitud de clausura o a la multa. Eso solamente pasa en caso de que las empresas no se avengan a resolver el problema. Ahí sí se toman medidas administrativas o judiciales correspondientes, pero siempre con ulterioridad", explicó Murro. No obstante, señaló que la mayoría resuelven regularizar su situación.

 

DGI pide clausuras:

El director de Rentas, Pablo Ferreri, dijo que en los próximos días solicitará a la Justicia la clausura de 40 locales comerciales ubicados en la costa Este del país. Las mismas se derivan de los operativos de fiscalización de verano en los cuales encontraron graves inconsistencias de fiscalización que configuran causales para pedir su clausura. Estas se harían en 2013.

 

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BASE DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES - (BPC)

 

El Poder Ejecutivo anunció el incremento de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) en 8,6% fijando su nuevo valor a partir del 1º de enero de 2012 en $2.417.- (pesos uruguayos dos mil cuatrocientos diecisiete).

 

SALARIO MÍNIMO NACIONAL A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2012

 

Con vigencia 1º de Enero de 2012 rige un nuevo Salario Mínimo Nacional de $ 7.200.- (pesos uruguayos siete mil doscientos)

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Domingo, 22 de Enero de 2012 09:40

BPC

 

VALOR 2012

 

La fórmula escogida en la negociación entre los mi­nisterios de Economía y Trabajo con la Presidencia para ajustar los topes de las prestacio­nes del Banco de Previsión Social, así como las franjas del Impuesto a la Renta (IRPF) y a las pasivida­des (IASS) permite que la suba del monto mínimo no imponible de los tributos sea la menor posible, a la vez que mantiene el universo de beneficiarios de planes sociales sin modificaciones.

 

Según la normativa, el Poder Ejecutivo puede ajustar la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) -unidad que se utiliza para el cálculo de beneficios sociales y la tributación de los salarios y pasivi­dades-, en función del desempeño de los precios al consumo o con el crecimiento medio de los salarios, con un rango de tolerancia de entre 20% por encima o por debajo.

 

Pero este año, la brecha abier­ta entre los dos indicadores llevó a que volcar el ajuste hacia una de las dos puntas tendría efectos significativos, tanto en la recau­dación como en los beneficiarios de subsidios sociales.

 

Es por eso que ...los topes de algunas prestaciones sociales se corrijan por la variación del Índice Medio de Salarios (IMS) que rondará 14% este año, mientras que la BPC que continuará ajustando las franjas de IRPF y IASS subirá 8,6% igual que la inflación,

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Sábado, 21 de Enero de 2012 08:42

BPC

IASS EL MÍNIMO SUBE A $ 19.336 POR MES | EL DILEMA DE LA BPC.

MÍNIMOS DEL IRPF Y EL IASS SUBEN 8,6% | W APORTES AL FONDO DE SOLIDARIDAD TAMBIÉN SUBEN

 

Tras intensas negociaciones entre los ministerios de Economía y Trabajo, finalmente se acordó que los topes de algunas prestaciones sociales (seguro de paro, asignaciones, entre otras) se ajusten por la variación del Índice Medio de Salarios.

 

Hasta ahora, el ajuste de la BPC podía realizarse tanto por la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS) como por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En cualquiera de los dos indicadores que era empleado, el Poder Ejecutivo tenía discrecionalidad para ajustar más/menos un 20%.

 

La BPC se ajustará este año por la evolución exacta de la inflación en 2011 (8,6%) y regirá para los topes de IRPF e IASS, entre otros

 

Pero, en el caso de algunas prestaciones sociales como los topes que pueden cobrarse por seguro de paro, enfermedad, el porcentaje que se define por núcleo familiar para las asignaciones, el ajuste de las asignaciones familiares no contributivas que paga el Banco de Previsión Social (BPS), así como los máximos para las jubilaciones por invalidez y la prima por edad se incrementarán por la suba anual que tendrá la Unidad Reajustable (UR) que se define por la evolución del IMS.

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Estos dos organismos omisos son los que más pierden ante la Justicia administrativa que les anula decenas de decisiones.

 

Tanto el Banco de Previsión Social (BPS) como la Direc­ción General Impositiva (DGI) dejan de recaudar millonarias sumas de dinero por defectos en los procedimientos adminis­trativos. Esa situación queda de­mostrada por jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Admi­nistrativo (TCA)

..

"errores de formalidades" terminan por viciar el procedimiento y hacer caer los actos administrativos de los organismos recaudadores (ver ejemplos).

 

El Tribunal es el único órga­no competente para anular reso­luciones de la Administración y las puede hacer caer por razones de forma o de fondo. Las prime­ras refieren a la regularidad del procedimiento, las segundas respecto a si el derecho se aplicó correctamente o, incluso si siguió un procedimiento adecuado pero se llegó a una conclusión errónea.

..

"Lo llamativo o lo extraño es el poco cumplimiento de las sentencias del TCA y dos de las instituciones que menos acatan son la DGI y el BPS. Se les está diciendo 'ustedes se equivocaron, esto no lo pueden hacer', pero siguen actuando de la misma manera"

..

existe una "pésima respuesta de la administración" la que lisa y llanamente incum­ple las resoluciones del TCA. Ello obliga en muchos casos a las em­presas o personas demandadas a iniciar demandas de reparación ante la Justicia civil. A su vez, ello implica seguir litigando unos cuantos años más.

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