Lunes, 28 de Mayo de 2012 10:16

Ocde: se puede preservar el anonimato?

ES POSIBLE PRESERVAR EL ANONIMATO (de los titulares de acciones al portador)

Dra. Adriana Bacchi

 

Los cambios que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados introduce al régimen de acciones de S.A. al portador plantea si el camino a seguir por los actuales tenedores de acciones al portador que no deseen enfrentar las desventajas del nuevo régimen, y fundamentalmente, no quieran exponerse al severo régimen sancionatorio que se proyecta, es el de convertir sus acciones al portador en nominativas. Ello implica la reforma del estatuto de la S.A., y la emisión de nuevos títulos con el nombre del titular de la acción y su registro en el libro que la sociedad deberá llevar. Cuando se desee transferir la acción a otro se requerirá endoso y registro en dicho libro. A partir de la modificación cualquiera que acceda a las acciones mismas o al libro social en el que ellas se registran, podrá conocer la identidad de los accionistas.

Aprobado el proyecto, los tenedores de acciones al portador quedarán sometidos al nuevo régimen, o deberán adoptar otra solución respecto a sus acciones al portador, que podría ser la referida nominatividad.

 

IDENTIFICACIÓN  DEL "PORTADOR"

 

El objetivo del proyecto es instrumentar un registro para la identificación de los titulares de las "participaciones patrimoniales al portador" (con el alcance limitado que veremos), el que será llevado por el BCU, sin modificar la Ley de sociedades comerciales N° 16.060. El registro se conformará con las declaraciones juradas que los propios accionistas formularán ante la S.A. indicando los datos que permitan su identificación como titulares de las acciones, los del tenedor o custodio, mandatario o quien ejerza la representación, y el valor nominal de sus acciones. Dichas declaraciones juradas se remitirán por la sociedad al BCU para que éste las registre, administre y custodie, expida al accionista un certificado de estar inscripto y se encargue de suministrar la información a los organismos habilitados.

 

DESVENTAJAS DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA

 

Las principales son:

 

El accionista que no cumpla con la obligación de presentar en plazo a la sociedad la mencionada declaración jurada: a) quedará imposibilitado de ejercer cualquier derecho que le correspondiere en su condición de accionista, tanto respecto a la sociedad como a terceros; b) consecuentemente, las sociedades residentes en Uruguay estarán impedidas de pagar dividendos o utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la sociedad, así como cualquier partida de similar naturaleza. Por su parte, las sociedades residentes en el extranjero estarán impedidas de remitir utilidades; c) deberá pagar una multa cuyo monto será de hasta cien veces el valor máximo de la multa por contravención del art. 95 del Cód. Tributario ($ 475.000).

 

Las S.A.: a) serán solidariamente responsables respecto a las sanciones aplicables a los accionistas que no cumplan la ley; b) si son ellas las que no cumplen la obligación de presentar y conservar la declaración jurada, serán sancionadas con una multa de hasta $ 475.000; c) si pagaran dividendos o utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la sociedad, u otra partida de similar naturaleza a los accionistas pese a estar impedidas de hacerlo, serán sancionadas con una multa cuyo máximo será equivalente al monto distribuido indebidamente. Igual sanción se aplicará en los casos de remisión de utilidades por las sociedades residentes en el exterior; y d) el incumplimiento por la sociedad hará presumir la falta de actividad de la misma, suspendiéndose el certificado único, lo que impedirá a la sociedad el ejercicio normal de su actividad, con los perjuicios que ello implica.

 

Los representantes legales y voluntarios de la sociedad. Estos estarán sometidos al mismo régimen sancionatorio por su actuación personal en el incumplimiento. Se trata de una nueva sanción para estos sujetos que, de aprobarse el proyecto, deberán estar atentos asimismo al cumplimiento por el accionista y la sociedad de las nuevas exigencias legales.

 

Los adquirentes de acciones. Quien se proponga adquirir acciones al portador, deberá controlar que el vendedor pruebe fehacientemente que ha cumplido con la obligación de registro de sus datos identificatorios en el BCU. El incumplimiento determinará la responsabilidad solidaria del adquirente respecto a las sanciones que le correspondieran al vendedor. La transferencia habrá de verificarse igualmente, con plena validez y eficacia, pero el adquirente podrá ser llamado a responder por el incumplimiento del vendedor.

 

LA GRAVEDAD DE LAS SANCIONES

 

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Lunes, 07 de Mayo de 2012 10:20

Acuerdo tributario con Argentina

1. antecedentes

 

En los últimos años, nuestro país ha comenzado a adoptar medidas tendientes a facilitar la cooperación tributaria internacional, más concretamente para ajustarse a los estándares del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 

En una primera instancia, Uruguay apuntó a realizar convenios que incluyeran cláusulas de intercambio de información con, al menos, 12 países (situación que se alcanzó durante el 2011) pero posteriormente se planteó la necesidad de firmar acuerdos con los socios comerciales relevantes, incluyendo a Argentina y Brasil.

 

Es en este contexto que el pasado 23 de abril, los gobiernos de Uruguay y Argentina firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria que entrará en vigencia a los 30 días de ser ratificado por ambos parlamentos.

 

Resulta importante señalar que la información a intercambiarse en el marco del acuerdo será la relativa a períodos fiscales posteriores a su entrada en vigencia.

 

2. Contenido del Acuerdo

 

2.1. En materia de intercambio de información tributaria

 

El artículo 2 del acuerdo establece que ambos países se prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, implementación, control y recaudación de los impuestos comprendidos en el acuerdo (todos los impuestos nacionales vigentes en cada país y los que se puedan introducir en el futuro), así como para el cobro y la ejecución de créditos tributarios y la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios.

 

Se establece asimismo que la información que se intercambie será confidencial y que resultarán aplicables los derechos y garantías que, ya sea por ley o por resolución administrativa, estén reconocidos en el país de la Parte Requerida (país al que se le solicita que proporcione información).

 

También se aclara que a través de este acuerdo no podrá recolectarse evidencia con carácter meramente especulativo.

 

En cuanto a la jurisdicción, el artículo 3 establece que ninguno de los países estará obligado a facilitar información que no esté en poder de sus autoridades o que no esté en poder o bajo el control de alguna persona, empresa o entidad que se halle en su jurisdicción territorial.

 

La información -entendiéndose por tal cualquier dato, declaración, documento o registro- a intercambiar bajo este acuerdo será:

 

- Información en poder de bancos, otras instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios (en relación a este punto corresponde tener presente que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes el levantamiento del secreto bancario deberá ser decretado por un Juez).

 

- Información vinculada a la propiedad de sociedades de cualquier tipo (excepto las que cotizan en bolsa). En el caso de fideicomisos, se incluye la información sobre fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios; y en el caso de fundaciones, la relativa a fundadores, miembros del consejo de administración y beneficiarios.

 

El mecanismo que se dispuso para que un país solicite información al otro Estado consiste en una solicitud por escrito con el mayor detalle posible, especificando los siguientes puntos:

 

- la identidad del sujeto pasivo sometido a inspección o investigación;

 

- el período respecto del cual se solicita la información;

 

- la naturaleza de la información solicitada y la forma en la que se desearía recibirla;

 

- el fin tributario por el cual se solicita la información;

 

- los motivos para creer que la información solicitada es previsiblemente relevante para la administración y aplicación de los impuestos de la Parte Requirente;

 

- los motivos para creer que la información solicitada es conservada por la Parte Requerida u obra en poder o bajo el control de un individuo o entidad que se encuentre bajo su jurisdicción;

 

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CUNDE INQUIETUD ENTRE INVERSORES ARGENTINOS POR “DESTAPE” TRIBUTARIO FIRMADO CON URUGUAY

 

Texto completo del acuerdo entre Uruguay y Argentina de intercambio de información fiscal:en la página de Presidencia: http://www.mef.gub.uy/documentos/20120424_argentina_uruguay_acuerdo.pdf

 

Claves del acuerdo

 

Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria y de eliminación de la doble tributación, un reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

“El acuerdo (…) incluye tanto normativa que prevé los problemas relativos a evitar, la doble tributación, como los aspectos que tienen que ver con el intercambio efectivo de información para la cooperación tributaria internacional”, aseguró el ministro  de Economía Fernando Lorenzo.

 

El tratado fue suscrito en la estancia presidencial de Anchorena, 208 km al oeste de Montevideo con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, Ricardo Etchegaray, indicó.

 

Ahora debe ser ratificado por los parlamentos de los dos países, tras lo cual entrará en vigencia.

 

Según explicó Lorenzo, el tratado establece claramente de qué manera debe solicitarse la información, que debe ser mediante un pedido “fundado y explícito”, presentado en forma individualizada.

 

Además, destacó que no se aplicará la retroactividad cuando el tratado sea ratificado y descartó que haya actuaciones conjuntas de las entidades fiscalizadoras en los territorios.

 

Lorenzo añadió que el acuerdo “incluye explícitamente normativa referida a métodos específicos para evitar la doble tributación y eso es una garantía muy importante para quienes realizan negocios en Uruguay”.

 

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DGI dice que está en condiciones de atender las solicitudes argentinas de información tributaria

 

Las autoridades tributarias lo­cales estiman que Argentina hará un uso "prudente" del acuerdo de intercambio de infor­mación tributaria que firmó con Uruguay el lunes, al tiempo que serán "selectivos" a la hora de pe­dir datos de empresas o ciudadanos argentinos con activos en el país.

 

Esa percepción surge de los contactos técnicos previos mante­nidos durante la negociación entre el organismo fiscal del país vecino y la Dirección General Impositiva (DGI). Esa misma intención fue ratificada en los últimos días por técnicos de la Administración Fe­deral de Ingresos Públicos (AFIP), que coincidieron con el director de Rentas, Pablo Ferreri, en Santiago de Chile, donde participaron de la reunión anual del CentroInte­ramericanode Administraciones Tributarias (CIAT).

 

A los funcionarios argentinos les preocupa que el convenio firmado luego de varios meses de negocia­ción "funcione" en la práctica, por lo que se hará un uso "extremada­mente justificado" de la herramien­ta, informaron fuentes oficiales a El Observador. Además, el acuerdo firmado el lunes prevé que los costos "extraordinarios" en los que incu­rra DGI por atender los pedidos de Argentina y asesorarla en materia tributaria correrán por cuenta del vecino país, una cláusula que no for­ma parte del estándar de la OCDE y que introduce un desincentivo a solicitar información no relevante.

 

A nivel técnico se estima que no se estará en condiciones de inter­cambiar información "antes de me­diados del próximo año" debido al proceso parlamentario y los plazos de aplicación que deberán correr, agregó el informante. Hasta elmo­mento,la DGI recibió tressolicitu­desde información de autoridades fiscales del exterior, amparadas en la veintena de acuerdos deinter­cambiode datos que firmó Uruguay.

 

Lo que sí está claro es que la DGI estará en condiciones de afrontar los pedidos que realiceArgenti­na,siempre que se mantenga la "prudencia" en el número desoli­citudes.Eso tampoco es garantía para las autoridades fiscales, que prevén un "refuerzo" del personal en caso de que la exigencia de in­formación lo amerite.

 

Mientras tanto, el gobierno mantiene la expectativa sobre el esperado "gesto" de Argentina en el plano comercial, algo que según otras fuentes debería pro­ducirse esta semana. •

 

La información que puede solicitar Argentina

 

» Mediante el Tratado de Intercambio de Informa­ción, Argentina no tiene restricciones a la hora de so­licitar datos. El artículo 2 del acuerdo abre el camino para pedir a Uruguay "aquella información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la recau­dación" de impuestos, "para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o el enjuiciamiento de asuntos tributarios". Esto es, toda información a la cual tenga acceso DGI o pueda obtener a través del levantamiento del secreto tributario. Esa información va desde el flujo de ingresos gene­rados por la persona o empresa, hasta la informa­ción contenida en declaraciones juradas de activos y propiedades en poder del contribuyente. Además, el acuerdo establece que cada una de las partes debe garantizar el acceso a la información del sistema financiero y a la titularidad de las sociedades anónimas, fundaciones y otras organizaciones, a fin de determinar quiénes son sus dueños.

 

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Viernes, 27 de Enero de 2012 06:58

VIVIENDA

 

MEJORA ECONÓMICA DIVERSIFICÓ LAS OPCIONES PARA COMPRAR INMUEBLES

 

El menú de ofertas se amplió a partir de los tradicionales créditos hipotecarios

 

Después de la crisis de 2002 la compra de inmuebles se desplomó. El Banco Hipotecario (BHU) se fundió, los bancos privados no otorgaban créditos hipotecarios y los ingre­sos de las familias se recortaron drásticamente. La adquisición de inmuebles se convirtió en una in­versión de unos pocos, que apro­vechaban precios de remate.

Diez años después, la oferta de instrumentos para acceder a una vivienda se amplió notablemente y la clase media pudo incorporar­se al mercado inmobiliario.

 

La mayor parte de los urugua­yos que alcanzaron la vivienda propia lo hacen a través de présta­mos concedidos por entidades pú­blicas, al tiempo que los segmen­tos más altos del mercado tienden a optar por créditos o alternativas financieras del sector privado.

 

La Agencia Nacional de Vivien­da (ANV), que es el brazo ejecutor de las políticas gubernamentales en la materia, realiza llamados de interés para la compra deaparta­mentosrefaccionados. La inicia­tiva apunta básicamente a la po­blación con capacidad de ahorro, pero que no aplica para solicitar un préstamo en los bancos.

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