LA CONSTRUCCIÓN RECIBE LA MAYOR CANTIDAD DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN URUGUAY Y ES LA QUE GENERA MÁS PUESTOS DE TRABAJO

El sector de la economía nacional que recibe mayor cantidad de inversiones extranjeras directas desde el año ha 2007 es la construcción, con el 35% del total y con la generación de más 70.000 empleos formales.

Construcción en Uruguay

Según un reciente informe de Uruguay XXI, desde el año 2007 a  la fecha el sector de la economía uruguaya que recibió mayor cantidad de inversiones extranjeras ha sido el de la construcción, que recogió el 35 % del total de las inversiones directas.

En el estudio también se expresa que dicho sector fue el que generó más puestos de trabajo. En el año 2012 superó los 70.000 empleos formales.

En materia de formación de capital bruto, es decir, inversiones directas, entre 2005 y 2012 la inversión en la construcción pasó de “algo más de 1.500 millones de dólares (9 % del PIB) a 6.000 millones de dólares (12 % del PIB)”.

En el informe de Uruguay XXI también se prevé que los proyectos energéticos, portuarios y comerciales continuarán con el dinamismo del sector.

“De un tiempo a esta parte el sector de la construcción cuenta con interesantes ventanas de oportunidad derivadas de nuevas figuras en el marco normativo nacional. Por un lado, la Ley de Participación Público – Privada brinda incentivos y establece un marco para la inversión en obras de infraestructura a través de emprendimientos mixtos”, se indica.

Con esta Ley podrán realizarse “obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, de infraestructura energética, de disposición y tratamiento de residuos y obras de infraestructura social”, se expresa en el trabajo.
4.000 viviendas

Por otro lado, Uruguay XXI destaca en el informe el rol que desempeña la Ley de Vivienda de Interés Social.

La Ley 18.795 promueve la inversión en construcción de viviendas dirigidas a sectores de ingresos medio bajo y bajo, a través de “fuertes exoneraciones tributarias”.

En el marco de esta norma se han presentado “numerosos proyectos, que permitirán la construcción de más de 4.000 viviendas”.

También se prevé un “aumento de la construcción en el segmento de viviendas dirigidas a sectores de ingresos bajos y medio bajos y un fuerte incremento de la inversión pública, de más de 30 %, que totalizaría más de 2.500 millones de dólares en 2013”.

Fuente La Red21 el 31 de marzo de 2013

 


El Banco de Previsión Social prevé realizar 11.526 actuaciones inspectivas el año próximo. En su mayoría serán operativos masivos, pero se pretende elevar los casos seleccionados con sistemas informáticos. También hará foco en la construcción.

De acuerdo al Plan de Fiscalización 2013 al que accedió El País, el Banco de Previsión Social (BPS) resolvió efectuar un número similar de actuaciones a las 11.106 que se había fijado para 2012.

De las 11.526 que prevé hacer el año entrante, la amplia mayoría serán de tipo masivo (4.530), es decir operativos "rastrillo". Si bien son 39,3% del total, eso supone una reducción con respecto al peso que tuvieron en el Plan de 2012 (42,5% de las actuaciones).

 

En cambio, para el año que comienza el BPS aumentará el peso de las actuaciones que surgen en base a sistemas informáticos que permiten detectar mayor riesgo de evasión.

 

Esas actuaciones por análisis interno de selección de casos surgen a raíz de cruces de datos que revelan indicios de irregularidad que ameritan citar a las empresas para aclararlos. En 2013 se prevé efectuar 1.080, con lo que su peso en el total fue de 9,4% (mayor al 8,3% de este año).

 

El plan elaborado por la Asesoría Tributaria y Recaudación y aprobado por el directorio de BPS estableció que uno de los objetivos es "incrementar el porcentaje de irregularidades de selección ya sea en cantidad de acciones como en montos determinados y en personas regularizadas".

 

El representante de los trabajadores en el directorio de BPS, Ariel Ferrari, indicó que este cometido implica "afinar la puntería" en la selección de los casos a inspeccionar. El organismo trabaja con distintos modelos predictivos (confeccionados en base a 600 variables) que le permiten elaborar un ranking de riesgo del total de empresas del país.

"Si vemos que en el sector frigorífico hay un promedio de cantidad de jornales por mes y hay uno donde es menor, nos puede llamar la atención. Lo mismo si el salario promedio en una actividad es 10 y en una empresa es 6. Eso permite enfocar la fiscalización", explicó Ferrari.

 

Además, el organismo planificó 3.402 actuaciones en base a denuncias, mientras que para 2012 se habían proyectado 2.957. Así, su participación en el Plan subió de 26,6% a 29,5% entre un año y el otro. Por ejemplo, de las 420 inspecciones que está previsto hacer a grandes contribuyentes, 172 se harán en base a denuncias.

 

Otra parte de las actuaciones en 2013 serán las 2.481 de análisis de riesgo (21,5% del total). Son aquellas dirigidas a actividades con mayor probabilidad de evasión por no tener infraestructura, como los servicios, explicó Ferrari.

En cuanto a los controles a cargo de la gerencia inspectiva del interior, si bien se mantiene la cantidad de actuaciones de 2012, crecen las que se efectúan por selección (análisis interno).

 

El Plan estableció también un mayor número de operativos en las calles para fiscalizar al sector construcción que, si bien aumentó mucho sus trabajadores registrados los últimos años, aún es de los que tienen mayor porcentaje sin cobertura de la seguridad social.

 

Por eso, se definió que "no menos del 27%" de las acciones que harán las gerencias inspectivas de Montevideo se destinen al control de construcción. También se pretende dar desde allí apoyo a la cobertura de esa aportación en el interior, "considerando la evidencia empírica que indica un mayor porcentaje de irregularidades a la aportación en dicha jurisdicción".

 

Esas razones motivaron la decisión de ejecutar "alrededor del 70%" de los controles al sector mediante el procedimiento operativo, para lo que el personal de secciones especializadas de Montevideo se desplazará también al interior.

 

En tanto, en la categoría industria y comercio se estableció que solo un 36% del total de inspecciones previstas se ejecuten a través de operativos. No obstante, el porcentaje es significativo y busca "mantener la percepción de riesgo en el caso de la informalidad como consecuencia de la presencia masiva en las calles". Pero también se hará control por cruzamiento de datos (un 39% de las fiscalizaciones sector serán por selección) y un 25% será en base a denuncias.

"Cada vez estamos haciendo menos inspecciones por denuncias. No porque no le demos valor sino porque el aumento de la formalización y de la sindicalización hace que no haya tantas denuncias individuales como hace 15 años atrás", argumentó Ferrari.

 

Por otra parte, en el total de acciones a realizar en la categoría "grandes y especiales contribuyentes", el plan pretende "ampliar la cantidad a realizar en la aportación civil" (organismos públicos e instituciones educativas estatales).

El BPS se propuso además seguir con sus acciones de tipo "inductivo" (cartas y folletería) con el doble objetivo de "generar riesgo y a su vez informar sobre los derechos y obligaciones de las empresas, los trabajadores y los agentes de control", según consta en el Plan.

 

Agilitarán trámites por obras

El Banco de Previsión Social (BPS) se propuso en su plan inspectivo de 2013 "mejorar los tiempos en los cierres de obra", informó a El País el director Ariel Ferrari. Al terminar de construir, es necesario presentar un formulario para que el organismo fiscalice con un arquitecto que las horas declaradas de trabajo se corresponden con la obra realizada. "Buscamos hacer ese procedimiento más ejecutivo, más rápido", dijo Ferrari. Para ello, el BPS ya cuenta con un programa informático que permite realizar cierres en forma automática y su implementación se ampliará a todo el país en 2013.

El País Digital
Lunes, 27 de Febrero de 2012 07:22

AL RESCATE DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA

 

El fideicomiso de garantía (Ley nº 17.703) es un negocio jurídico por el cual el deudor de una obligación (fideicomitente), transfiere la propiedad de bienes o derechos a otro sujeto (fiduciario), con el encargo de que, al vencimiento de la o las obligaciones asumidas en virtud de otro negocio, para el caso de que incurra en incumplimiento, el fiduciario realice el patrimonio transferido en garantía y con el producido abone al acreedor la cantidad debida, entregando al fideicomitente el remanente, si lo hubiera. Los bienes o derechos constituyen "propiedad fiduciaria", conformando un patrimonio de afectación protegido de otras deudas del fideicomitente, beneficiario y fiduciario, cuyos patrimonios son separados e independientes.

 

Si el beneficiario del fideicomiso de garantía es un banco u otra institución de intermediación financiera (IIF), estos pueden ser a la vez acreedores del fideicomitente, beneficiarios de los bienes transferidos y fiduciarios.

 

El fideicomiso presenta ventajas importantes como el aislamiento de los bienes transferidos, y la posibilidad de que ellos se ejecuten en forma extrajudicial, con mayor celeridad que en los procesos judiciales de ejecución de las garantías tradicionales (prenda e hipoteca). Gozan, además, de ciertas exoneraciones tributarias.

 

Esta figura se ha convertido en un instrumento muy valioso para las empresas que, para obtener el crédito comercial o financiero requerido para desarrollar su actividad no tienen otra garantía para ofrecer que no sea la derivada de los créditos por operaciones de su giro que irán concretando en determinado plazo (ventas, fundamentalmente), los que son cedidos al fiduciario. Estos denominados "flujos" por ingresos se calculan en base a determinados supuestos y proyecciones adecuadamente validados. El negocio ha tenido excelente recepción en los dadores de crédito, viabilizando muchos emprendimientos.

 

EL PROBLEMA. Posteriormente a la Ley 17,703 se sancionó la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial nº 18.387 (LC) que regula el concurso de los sujetos que, por encontrarse en estado de insolvencia, ingresan en un proceso concursal que habrá de terminar con un convenio concursal celebrado con la mayoría de los acreedores simples (no privilegiados) o con la liquidación de los activos del deudor para que, con su producido y aunque fuere a prorrata, se abonen los créditos de los acreedores simples. A su vez, para facilitar la mejor administración de los bienes y derechos del concursado por el síndico o el interventor, el art. 68 LC faculta a los mismos a rescindir en forma unilateral aquellos contratos de los cuales deriven obligaciones a cargo del deudor concursado contraídas por el mismo antes del concurso pero que, al declararse el mismo, aún estén pendientes de ejecución, esto es, que no se hayan cumplido. Para que opere la rescisión basta notificarla al otro contratante, dentro de cierto plazo, sin que se requiera intervención judicial y sin que aquél, aunque haya cumplido sus obligaciones, pueda resistirse. Se trata de una facultad excepcional, que quebranta reglas básicas del derecho contractual, pero que se concede en atención a la finalidad del concurso en tanto proceso que tiende a la satisfacción de todos los acreedores, para lo cual la realización de los bienes del concursado debe hacerse en la forma que resulte más conveniente a todos sus acreedores. Para ello, interesa que las obligaciones pendientes se cumplan siempre que implique un beneficio para la masa de acreedores. La rescisión unilateral permite que el concursado se desligue de las obligaciones cuyo cumplimiento perjudica a la masa de acreedores, o atenta contra la viabilidad de la continuación de la actividad del deudor con vistas a satisfacer a los acreedores simples y a disminuir la pérdida de valor que la crisis de la empresa implica.

 

Cuando esa facultad de rescisión es ejercida respecto de un contrato de fideicomiso de garantía con obligaciones pendientes a cargo del concursado, en el cual los bienes fideicomitidos son los créditos por ventas u otras operaciones futuras del concursado, la rescisión implica que esa transferencia de créditos quede sin efecto, ingresando los mismos a la masa activa del concursado para aplicarse a la continuidad de su actividad y pago a todos los acreedores simples, incluyendo el beneficiario del fideicomiso de garantía, que es uno más.

 

Por tanto, el acreedor garantizado (la IIF en su caso) se verá privado de la garantía constituida en su favor. La preocupación que se generó inmediatamente en el mercado se explica porque esta posibilidad de rescisión cuando el deudor concursa debilita (para algunos aniquila) al fideicomiso como garantía efectiva. Obviamente, cuando se concede el crédito, se debe valorar el riesgo de que el deudor ingrese en un estado de insolvencia y, en tal caso, el grado de permeabilidad de la garantía propuesta ante un concurso.

 

A nivel doctrinario se sustentan dos posiciones en torno a si este negocio puede o no rescindirse al amparo del art. 68 y con qué alcance, no existiendo consenso sobre si es un contrato con obligaciones pendientes de ejecución ni acerca de cuándo se verifica la transferencia de los créditos futuros. La escasa jurisprudencia que existe se ha inclinado por entender que el fideicomiso puede rescindirse.

 

RESCATANDO LA GARANTÍA. Visualizado el problema, para resguardar el acceso al crédito y brindar tranquilidad a los dadores del mismo, sin perder una herramienta muy útil para empresas que no disponen de otras garantías para reforzar el cumplimiento de sus obligaciones, en diciembre del pasado año, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley que intenta despejar las dudas que suscita el art. 68 LC.

 

EL PROYECTO DE LEY

 

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